Ayer, en la sede la Procuración General de la Nación, se realizó una mesa de trabajo interinstitucional con miembros de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), encabezada en Buenos Aires por Pedro Furtado de Oliveira. El encuentro se llevó a cabo con motivo de la visita de Thais Faria, de la Oficina Internacional del Trabajo, que expuso sobre la experiencia brasilera en la detección y sanción de trabajo forzoso y trabajo infantil en el marco de talleres textiles clandestinos.

Además, estuvieron presentes los fiscales del Plan de Fortalecimiento del MPF en el Fuero Nacional del Trabajo y el Programa Especializado en Derechos del Trabajo Eduardo Álvarez, Juan Manuel Domínguez y Cristina Prieto; la coordinadora general de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas, Malena Derdoy; miembros de la Agencia Gubernamental de Control y de la Administración Federal Ingresos Públicos (AFIP); representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Seguridad Social y Desarrollo Social de la Nación; de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación; del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, y de la Subsecretaría de Niñez y de la cartera laboral bonaerenses.

En primer lugar, Colombo hizo énfasis en la experiencia brasilera en materia de trata de personas: “Es importante conocerla y socializarla. En un Estado de dimensiones muy grandes donde se lograron acciones con alcance territorial. Es una buena plataforma para estudiarla”.

Luego, Faria comenzó su exposición remarcando la cantidad de inmigración interna que hay dentro del territorio brasilero. “Casi todos los trabajadores rescatados no son oriundos de esos lugares. Este dato es fundamental para trabajar en todo lo que es la prevención”, aseguró.

Asimismo, mencionó que el contexto político y económico de crisis modificó la realidad social y detalló que los afrodescendientes “son los que tienen peores salarios, sobre todo las mujeres”.

Además, describió los lineamientos del Pacto Nacional por la Erradicación del Trabajo Esclavo que se viene llevando a cabo en su país, desde mayo de 2005, y que busca la adhesión de empresas relevantes para el Producto Bruto Interno, para que se comprometen a no adquirir productos provenientes del trabajo esclavo.

Añadió que en mayo de 2014, se lanzó el InPACTO, con el objetivo de fortalecer, ampliar y dar sustentabilidad a las acciones realizadas en el ámbito del Pacto Nacional por la Erradicación del Trabajo Esclavo. El programa brasileño busca monitorear el cumplimento de los compromisos asumidos por los asociados; sensibilizar y movilizar las empresas para la prevención y erradicación del trabajo esclavo en sus negocios y sus cadenas productivas; subsidiar empresas, sociedad civil y poder público con instrumentos para erradicar la producción y comercialización de productos y servicios que, directa o indirectamente, utilicen trabajo esclavo; apoyar la (re)integración social y productiva de trabajadores egresos del trabajo esclavo; articular distintos grupos y actores sociales para desarrollar acciones colectivas, e influir en políticas públicas.

Faria también resaltó el trabajo de los Grupos Móviles de fiscalización, que son estructuras gubernamentales para el combate del trabajo forzoso y que se encuentra formado por auditores fiscales de trabajo con el apoyo de la Policía Federal. "Son los responsables de realizar las fiscalizaciones, multar en caso de ser necesario, y de hacer cumplir la obligatoriedad de pago de todos los derechos laborales y seguro de desempleo para trabajadores rescatados", indicó la especialista y detalló cómo es el paso a paso de ese proceso.

Finalmente, destacó el trabajo que se viene llevando a cabo en nuestro país en materia de trata de personas y afirmó que, a diferencia de Argentina, en Brasil “no hay nadie preso por ese delito”.