Mañana, a partir de las 9:30 horas, comenzará el juicio oral contra una banda acusada de administrar dos prostíbulos ubicados en la provincia de Tucumán denominados “Bar California”, un histórico local nocturno que funcionaba al menos desde hacía 15 años, y “Night Club”, frente a la ex terminal de ómnibus de la capital provincial.

Se trata de siete personas que llegan a esta instancia con prisión preventiva, acusadas de haber captado a mujeres en situación de vulnerabilidad para trasladarlas y explotarlas sexualmente en esos dos locales.

En el debate intervendrá el fiscal Pablo Camuña con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y de la delegación Tucumán de la Procuraduría especializada. Por su parte, la organización no gubernamental Fundación María de los Ángeles, que encabeza Susana Trimarco, será querellante en el proceso.

El caso

La investigación se inició tras una denuncia de la Fundación María de los Ángeles realizada a la justicia federal de Tucumán en abril de 2013. El 13 de septiembre se realizaron los allanamientos en ambos prostíbulos, donde se hallaron importantes sumas de dinero, preservativos, cartuchos calibre .16, .28 y .125 y dos municiones calibre 1125 mm. El 8 de octubre de 2013, los siete imputados fueron procesados con prisión preventiva y en diciembre de 2014, el fiscal federal Carlos Alfredo Brito solicitó la elevación a juicio.

Cómo funcionaba la banda

Los dos principales imputados serían una pareja que deberá responder en calidad de coautores. La mujer habría sido la encargada de la explotación “comercial” y de la captación, traslado y acogida de mujeres en situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual.

Por su parte, el hombre era quien le habría dado las instrucciones a su pareja sobre cómo proceder en la administración de ambos locales. En la resolución, el juez dio por probado que era el encargado de “resolver” de manera violenta algunos conflictos y habría promovido y facilitado las tareas de captación, traslado, acogimiento y explotación sexual de personas empleando violencia e intimidación sobre las víctimas.

Las mujeres debían realizar jornadas de 11 horas por día en condiciones insalubres y, tanto ellas como sus familias, habrían sufrido violencia física, amenazas e intimidaciones, incluso a través de armas de fuego.

La banda habría contado con la colaboración de otros cinco cómplices que cumplían tareas como la administración del dinero, participación en los mecanismos de captación de mujeres y del control sobre ellas. Uno de los acusados sería, además, un hombre con salidas transitorias del Penal de Villa Urquiza, quien habría cumplido el rol de seguridad interna y externa, y de amedrentar a las mujeres, ya sea por no cumplir los pagos o por resistirse a las órdenes de la proxeneta. Asimismo, una de las víctimas lo identificó como el encargado de facilitarle drogas.

La organización criminal habría implementado un sistema de multas y de rotación entre los prostíbulos y otros ubicados en las provincias de Catamarca y La Rioja. Los imputados habrían obligado a otras mujeres a hacer las veces de “encargadas” para asegurarse que no declaren en su contra.

En su declaración, una de las víctimas aseguró que tuvo que realizar “pases” hasta los ocho meses de embarazo así como también en ocasiones donde se encontraba enferma. Asimismo, relató que tenían una suerte de “discurso” armado para que declarasen luego de los procedimientos judiciales, el cual consistía en decir que “trabajaban por su cuenta” y que, como castigo extremo, las mantenían encerradas en una de las habitaciones del prostíbulo.