El fiscal Federal Carlos Brito, con la coadyudancia de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo, solicitaron el llamado a indagatoria de cuatro personas acusadas de captar, mediante engañosas ofertas laborales, trasladar y explotar laboralmente a 13 personas, algunas oriundas de Santiago del Estero, en un predio de la provincia de Tucumán. Se trata de los dueños de la finca “Las Marías", Abraham Aurelio Andrada y María Teresa Bollea, y de los contratistas Felipe Indalecio Racedo y Pedro Benigno Banegas.

Los fiscales solicitaron también la inhibición general de los bienes de los imputados, quienes habrían explotado laboralmente a las víctimas mediante malos tratos y engaños, aprovechándose de su situación de vulnerabilidad.

Si bien el pedido fue realizado el 29 de mayo, el juez Daniel Bejas, pidió una ampliación de la base fáctica que fue presentada ayer por los fiscales Brito y Colombo.

Acusaciones

Tanto Banegas como Racedo, están acusados de cumplir con la función de “contratistas y/o cuadrilleros”. Ambos habrían sido los encargados de enviar mensajes de texto o avisos en la radio local para realizar propuestas u ofertas laborales en la zona de La Ramada, provincia de Tucumán para trabajar en la cosecha de limón. La promesa decía que les pagarían $5 por cada cajón de fruta recogido. Sin embargo, llegado el momento, los acusados les pagaban la mitad.

Están imputados también de trasladar a las víctimas, tanto desde sus lugares de residencia hasta el establecimiento donde fueron alojadas y al predio de explotación y serían los encargados de percibir el dinero que las víctimas debían pagar en concepto de alquiler para alojarse en esas condiciones infrahumanas.

Banegas, además, es dueño de un almacén de donde se abastecían las víctimas a quienes se les descontaba de sus salarios lo que gastaban en comida.

Por su parte, Andrada estaba cargo del lugar utilizado para alojar a las víctimas en condiciones inhumanas, carentes de higiene y con características de claro hacinamiento, con humedad y con un solo baño para unas 13 personas (hombres y mujeres), sin agua caliente ni elementos de limpieza.

Finalmente, la acusada Bollea es socia y propietaria de Finca Las Marías SRL junto a su esposo fallecido. Se dedicaban a la explotación agrícola del predio desde mayo de 1994. Por su carácter de titular de la sociedad, para el fiscal Brito, “no podía desconocer la explotación que se llevaba a cabo en el predio, sometiendo a las víctimas a tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Origen de la causa

La causa se originó a partir de una llamada al Ministerio de Seguridad de la Nación, proveniente de un ciudadano de la localidad de La Ramada de Arriba, provincia de Tucumán, en la cual manifestaba que en una casa ubicada al lado de la sucursal del Banco de Tucumán había 30 personas alojados en condiciones infrahumanas y que varias de ellas habían sido traídos para trabajar en la cosecha del limón.

Luego de identificar el lugar, el 31 de mayo de 2013 el juez Federal Daniel Bejas ordenó allanar el predio. En esa oportunidad, se constató con la presencia de la persona a cargo del campo, a los “contratistas” y a 13 víctimas de explotación laboral. Además, se encontró cocaína, carpas, bolsos, ropa de cama y colchones en el salón.

Declaraciones de las víctimas

Luego del operativo, varias víctimas relataron que trabajaban cuatro horas por día en la cosecha de limón, que se hospedaban en el salón allanado, muchos dormían con un colchón en el piso, y todos tenían que pagar un alquiler por ello. Además, declararon que se alimentaban únicamente a base de fiambre que les vendían en el almacén, cuyo propietario es Benegas, y que les descontaban la comida del salario. Una de las personas rescatadas agregó que no tenían agua caliente ni cobertura social y algunos destacaron que no tenían consigo su DNI, ni su celular.

Imputaciones

Tanto Racedo como Banegas están imputados por la comisión del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral por ser responsables de ofrecer y captar, mediante engaños, a las víctimas a través de falsas promesas laborales.

Por su parte, para los fiscales, Andrada resulta penalmente responsable de la comisión del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en la etapa de acogimiento.

Finalmente, Bollea, se encuentra imputada como coautora de la comisión del delito de trata de personas con finalidad de explotación laboral en la etapa de explotación. Según Brito, “como titular de la empresa, no podía desconocer que ahí se empleaba a gente sin registración, que no brindaba herramientas de trabajo, seguridad o higiene y las ínfimas sumas de dinero que se le abonaba alas víctimas”.