24 de septiembre de 2017
24 de septiembre de 2017 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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En el debate intervendrá el fiscal García Berro
Un clan familiar irá a juicio por trata de personas con fines de explotación sexual
Son tres hombres y una mujer que, a través de diferentes roles, habrían captado -a través de falsas ofertas laborales- al menos a 12 mujeres en situación de vulnerabilidad para explotarlas en una serie de prostíbulos ubicados en la localidad de La Matanza.

El próximo 12 de octubre comenzará el juicio oral y público contra un clan familiar acusado de explotar al menos a 12 mujeres en situación de vulnerabilidad en una serie de prostíbulos ubicados en la localidad de La Matanza, provincia de Buenos Aires. En el debate oral intervendrá el fiscal Marcelo García Berro.

Dos de los imputados deberán responder en calidad de autores del delito de trata de personas, en tanto los restantes acusados como coautores del mismo delito. Todos llegan a esta instancia detenidos.

La banda se encontraba liderada por una mujer que falleció durante la investigación y sus dos hijos: una mujer que se encuentra actualmente prófuga y un hombre señalado como dueño de los prostíbulos. De acuerdo a la pesquisa, integraban la organización un hombre que también sería propietario de los prostíbulos; una mujer que habría actuado como encargada de los locales, y la pareja de ésta, quien tendría a su cargo la apertura y cierre del prostíbulo y, a su vez, era el encargado de trasladar a las víctimas.

A lo largo de la investigación llevada adelante por el fiscal federal de Morón Sebastián Basso se pudo desarticular esta organización que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres en la región metropolitana oeste (especialmente en los Partidos de La Matanza y Morón y los barrios de Liniers y Villa Lugano), mediante la instalación de prostíbulos en locales alquilados, los cuales iban abriendo y cerrando "conforme la presión que se ejercía desde el Estado para lograr desalentar este tipo de negocio delictivo".

Por otro lado, también se pudo establecer que los locales nocturnos y los imputados de la causa fueron investigados por diversas sedes judiciales durante los últimos años a partir de las innumerables denuncias que se fueron realizando, sumado a la dinámica propia del negocio sexual que implicaba que luego que los prostíbulos fueran identificados y allanados, rápidamente se abrían nuevos locales. Para el fiscal Basso, esta característica  “dificultó una imputación integral sobre los principales integrantes de la asociación criminal”.

Las víctimas  indicaron que fueron engañadas a través de falsas ofertas laborales a partir de carteles en la vía pública que enunciaban la búsqueda de “camarera para boliches”. Las mujeres que allí se encontraban realizaban “copas” o “pases” con los denominados “clientes” quienes las elegían y las llevaban a las habitaciones que estaban contiguas al salón principal, donde eran explotadas sexualmente. Luego, recibían un porcentaje de la suma de dinero recaudado y la otra parte era retenida por una de las encargadas, que a su vez organizaba la actividad de las chicas al momento de tomar contacto con los clientes.

Las jornadas eran de 10 a 22 horas  pero una de las víctimas admitió que luego llegó a trabajar las 24 horas del día. Además, detalló que el dueño de los prostíbulos la hacía rotar periódicamente por los tres locales nocturnos.

Una de las víctimas agregó que no contaba con el derecho de decidir si dormir o no, porque cada vez que venía un “cliente” ella se debía levantar a cumplir con su “trabajo”. Cuando la joven quería llamar a su casa, los proxenetas le daban un celular para comunicarse, con la condición de que le dijera a su familia que cuidaba chicos todo el día, trabajando en una casa de familiar. Finalmente, relató que luego de un mes y medio dejó de recibir la paga ya que los proxenetas le  retenían el dinero y no la dejaban salir de ninguno de los tres prostíbulos antes indicados.