La acción de los representantes del Ministerio Público ha sido cuestionada por algunos sectores policiales, que hoy confluyeron en una marcha frente a la Fiscalía Federal para protestar contra la labor investigativa desarrollada. Frente a estos hechos, la Procuración General de la Nación reitera su apoyo a la comprometida investigación llevada adelante por el fiscal Salum y reconoce la intervención de la Procuvin, llevada a cabo en el marco de las atribuciones que le confirió la Procuradora Alejandra Gils Carbó mediante la resolución 455/13. Esta resolución prevé que la Procuraduría debe “asistir a las fiscalías y brindar la colaboración necesaria para la correcta investigación de los hechos que configuren delitos constitutivos de violencia institucional”.

Por su parte, la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina (AFFUN) denunció hoy a través de un comunicado que Salum “ha sido víctima de diversas presiones en el ejercicio de su función” y manifestó su “repudio” a “estas deleznables conductas, por cuanto, además de mortificar a uno de sus asociados, afectan la independencia y el ejercicio regular de las funciones del Ministerio Público Fiscal”. En ese sentido, la AFFUN “se solidariza con el Dr. Salúm y requiere a las autoridades nacionales y de la Provincia de Santa Fe, que garanticen el libre desempeño de sus funciones en Reconquista y le brinden toda la seguridad que sea necesaria a él y a su familia, y a los funcionarios y empleados del Ministerio Público Fiscal que allí trabajan”.

La causa se inició por la denuncia de Gustavo Fabián Cernadas y Ángel Luis Ramírez, quienes fueron detenidos por personal de la Brigada Operativa Departamental IX, de la Sección Inteligencia Zona Norte y de la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones de la Policía de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una causa en la que se investiga una presunta infracción a la ley de estupefacientes.

Los denunciantes indicaron que fueron salvajemente golpeados particularmente con armas durante la detención, sucedida la noche del 25 de marzo pasado en la calle Amenábar, entre General López e Iriondo de Reconquista, y que luego fueron trasladados a la Brigada –también sede de la comisaría 1°-, donde continuaron los malos tratos. En sus testimonios, Cernadas y Ramírez identificaron fehacientemente a los imputados.

La Fiscalía Federal de Reconquista recibió la denuncia el 3 de abril y de inmediato dio conocimiento al juez federal, quien decidió delegar la instrucción en el Ministerio Público.

La pesquisa a cargo de Salúm logró determinar que Ramírez presentaba un edema en el costado derecho de su cara, fractura del maxilar inferior en el lado derecho y hematoma en su zona costal izquierda. En tanto, Cernadas presentaba hematomas en diferentes partes del cuerpo y particularmente había sido afectado en su rostro, en zonas cercanas a los ojos. El fiscal Salum tomó testimonio a vecinos de la ciudad que presenciaron la detención y que corroboraron los testimonios de las víctimas.

Los acusados son el jefe de Inteligencia de Zona Norte, Daniel Musante; el jefe de la Brigada Operativa Departamental IX, Sergio Senn; y los oficiales principales Luciano Martínez y Germán Arce, quienes están imputados del delito de imposición de torturas. En tanto, el médico policial Alejandro Daveau está imputado por la omisión de denunciar las torturas.

Ante el primer pedido de indagatorias cursado por Salum el 19 de abril, el juez Alurralde notificó que lo decidiría “oportunamente”, aunque pocos días después ordenó la prohibición de salida del país de los cinco imputados.

El viernes 26 de abril el fiscal Córdoba acompañó a Salum en la reiteración de la solicitud de las detenciones. Las primeras cuatro se concretaron el jueves 2 de mayo, mientras que para hoy estaba previsto recibirle declaración indagatoria al médico policial.

A partir de la recepción de la declaración indagatoria, el juez dispone de diez días para resolver la situación procesal de los imputados. Las manifestaciones en contra de la labor de la fiscalía parecen encaminadas a intentar torcer la decisión del juez, que ya cuenta con elementos irrefutables para decidir.