El 14 de marzo de 1978, los agentes del Servicio Penitenciario Federal de la cárcel de Devoto encerraron a los detenidos del Pabellón Séptimo que intentaban defenderse de los bastones y las ametralladoras de los guardias. Las cadenas y los candados transformaron al lugar en un infierno y el humo lo invadió todo. Los diarios de entonces titularon que los presos habían prendido fuego los colchones en medio de un motín y la justicia aceptó dos veces esa teoría que prácticamente transformaba en suicida a los 64 detenidos que murieron. “Quémense de a poco”, decían los penitenciarios.
Durante aquellos años de dictadura, las autoridades el Servicio Penitenciario Federal dependían de los represores del Primer Cuerpo del Ejército y participaban de las sesiones de tortura.
A pesar de que lo intenta, la impunidad no es eterna. El año pasado, Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y el sobreviviente Hugo Cardozo presentaron un escrito en la justicia en el que solicitaban que se reabra la causa. El 17 de febrero, el fiscal Federico Delgado insistió con el pedido ante el juez federal Daniel Rafecas.
El representante del Ministerio Público Fiscal afirmó en su pedido que “el Estado no investigó qué pasó aquel trágico día. Simplemente se dedicó a administrar el régimen de verdad que instauró el tándem formado por el Servicio Penitenciario Federal y el juez Guillermo Rivarola”.
La abogada criminóloga Claudia Cesaroni publicó el año pasado el libro “Masacre en el Pabellón Séptimo” que incluye testimonios y archivos.