En la tarde del miércoles, fueron presentados los primeros datos que arrojó la encuesta sobre Acceso a la Justicia, realizada por el Ministerio Público Fiscal de la Nación, a través de su Dirección general de Acceso a la Justicia.

En las tareas de recolección de datos participaron activamente estudiantes avanzados de las carreras de Derecho y Trabajo Social del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos “Madres de Plaza de Mayo”, en virtud de un convenio de colaboración suscripto entre Julián Axat, titular del Programa ATAJO, quien representó a la Procuración General de la Nación, y las autoridades de esa casa de altos estudios.

La fiscal Cristina Caamaño, en su doble rol de docente en la carrera de Derecho y fiscal en lo criminal de instrucción, felicitó “a todos los que colaboraron en esto” porque “me parece fantástico que las prácticas preprofesionales de nuestros estudiantes puedan hacerse en los ATAJOS, como parte de aportar a un gran proyecto de inclusión social”.

Para Germán Ibáñez, titular del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, “en un año que fue complicado para nosotros, porque fue nuestro primer año como Instituto Nacional, este proyecto fue lo más importante que hicimos, y ojalá pueda extenderse el año que viene”.

Tras la proyección de un material gráfico con los datos del relevamiento, a cargo de la coordinadora de la encuesta, Cecilia Maloberti, fueron entregados certificados a los y las estudiantes, que acreditan su participación en las tareas de campo.

El trabajo de recolección de datos se llevó a cabo entre abril y octubre de este año. Durante ese proceso fueron encuestados vecinos de las villas 20, de Lugano; 1-11-14, del Bajo Flores, y 31 y 31 Bis, de Retiro, tres de los siete barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que el MPF tiene ubicadas sus agencias territoriales de atención fija.

El objetivo de la investigación fue relevar y analizar los mecanismos de acceso al Sistema de Administración de Justicia en poblaciones que habitan la CABA y se encuentran en situación de vulnerabilidad social. “Esta encuesta fue proyectada en función de lo que plantea la Procuradora, Alejandra Gils Carbó: pensar la Justicia en función de la seguridad democrática y con un ojo en lo que le pasa a la gente. Por eso ella es atacada muchas veces”, señaló Julián Axat en el acto de presentación.

La encuesta fue dividida en tres bloques que investigaron sobre aspectos socio demográficos; la percepción sobre el sistema de administración de Justicia; y los conflictos de género y con fuerzas de seguridad (violencia institucional, allanamientos irregulares, detenciones ilegales, maltrato en institucionales carcelarias).

La metodología empleada para la investigación fue de tipo cuantitativa, a partir de la construcción de un formulario tipo encuesta cerrada. Los consultados fueron personas mayores de 16 años, seleccionadas a partir de la construcción de un mapa muestral surgido de los datos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda realizado por el INDEC en 2010.  La muestra fue de tipo aleatorio estratificado, es decir, dividida en subgrupos proporcionales según género y franjas etarias.

Hábitat, salud y fuerzas de seguridad

Entre las principales demandas registradas se encuentran las vinculadas al deficiente hábitat. De acuerdo al orden de importancia, los vecinos detallaron: defectuoso servicio eléctrico en los domicilios (cortes de luz y riesgo en las conexiones); problemas en las redes cloacales y de agua potable; y las malas condiciones en el estado general de las viviendas.

En cuanto a los problemas verificados con las fuerzas de seguridad, la enorme mayoría señaló la poca presencia de efectivos en las calles de los barrios, la ausencia de cámaras de seguridad, y por debajo la violencia institucional, expresada mediante abusos físicos, amenazas o allanamientos irregulares.

En relación a la salud, los encuestados señalaron como el principal déficit el arribo a destiempo o a veces nulo de las ambulancias y los servicios de emergencia; la mala atención en hospitales y salas de atención primaria de la salud, por problemas con la documentación y la imposibilidad de acceder a historias clínicas; y la lejanía o directamente la falta de instituciones hospitalarias y salitas en los barrios.

Percepción de la Justicia y resolución de los conflictos

La encuesta indagó también sobre la percepción que tienen los sectores vulnerables respecto de los organismos de Administración Pública general y en particular de la Justicia.

El objetivo fue conocer si los sectores vulnerables acuden a la Justicia, o a qué otro actor institucional a la hora de resolver sus problemas cotidianos.

Mientras el 59 % manifestó no haberse ocupado de esas urgencias, un 24 % dijo haberlo abordados en forma individual, en tanto el 17 % restante lo hizo junto a otras personas en su misma situación.

Entre quienes acudieron a un tercero para resolver los conflictos, el 27 % recurrió a los delegados barriales; el 26 %, a alguna institución de la administración pública; el 20 % a oficinas judiciales, el 15 % a las comisarías, y el 6 %, a abogados particulares.

Si bien casi la mitad de los vecinos expresaron que el mejor modo de resolver un conflicto es buscar una solución en los tribunales de Justicia (un 46 %), no acuden a ellos porque “no me da confianza” (27 %), “no sabría a qué tribunal concurrir” (22 %), “me queda lejos” (8 %), o “me da temor o vergüenza ir” (5 %). Sobre el total de consultados, el 45 % dijo no saber dónde quedan los Tribunales.

Al mismo tiempo, más de la mitad de los consultados advirtió que la Justicia no trata por igual a los ciudadanos que se acercan a ella, según ellos sean argentinos o extranjeros, varones o mujeres, ricos o pobres, homosexuales o heterosexuales.

Los resultados de la investigación dan cuenta de la necesidad de que el sistema de administración de Justicia dé respuesta a través de sus prácticas institucionales a la demanda social de acceso a derechos, cambiando sensiblemente sus criterios de selectividad, de acuerdo a los lineamientos que establece la reforma en materia procesal penal y tal cual fija la nueva Ley orgánica del Ministerio Público Fiscal de la Nación.