A tres meses de la masiva movilización contra la violencia hacia la mujer, la Red Bajo Flores convocó a una mesa de debate en la que participaron diversos actores estatales, sociales, barriales y de organismos no gubernamentales.

La jornada, que se realizó en el salón más amplio de la Cooperativa de Producción y Aprendizaje (COOPA), arrancó cerca de las diez de la mañana, con cerca de medio centenar de vecinos. La charla se desarrolló bajo el lema “Después del Ni una menos: Encuentro y debate sobre la violencia hacia las mujeres”, y participaron Romina Pzellinsky, directora general de políticas de género del MPF; Carmen Villalba, coordinadora de la Casa del Encuentro; Claudia Neira, presidenta de la comisión de la Mujer en la Legislatura porteña; Cintia García, Referente del centro comunitario “Niños Felices”, y un grupo de mujeres del Centro de Salud CESAC Nº 20.

Una de sus conclusiones fue insistir en la solicitud dirigida a la Dirección de la Mujer del Gobierno porteño, para la creación y apertura de un centro de abordaje integral para la mujer en el Bajo flores, que actualmente no existe. Esta ausencia estatal deja aún más desprotegidas a las mujeres del barrio que atraviesan por situaciones de violencia.

La charla giró alrededor de los siguiente ejes de debate: denuncias ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), dependiente de la Corte Suprema de Justicia la Nación; los obstáculos y dificultades en el sistema de administración de justicia; los problemas que hay luego de la restricción de acercamiento; la construcción desde otro lugar del de la denuncia; y la construcción de la mujer como sujeto.

En tal sentido, los participantes fueron coincidentes en la necesidad de no polarizar entre la denuncia y la propuesta de dispositivo territorial e integral, en la perspectiva de que todas las acciones constituyen intervenciones, ya sea en los ámbitos cotidianos, en espacios grupales o en charlas

Sobre la condición subjetiva de la mujer, la mesa debatió sobre el lugar donde se construye la perspectiva de género. “¿Cómo las entendemos? ¿Sujeto de derecho, rol pasivo, víctima?”, se preguntó una. Además, las participantes evaluaron los límites que tienen sus intervenciones toda vez que en determinados casos las víctimas no hacen las denuncias, o no sostienen sus implicancias posteriores, y a veces ni siquiera concurren a las instituciones específicas a pedir ayuda.

La legisladora porteña Claudia Neira explicó los alcances de la ley presentada desde la Comisión de la Mujer en la Legislatura porteña. El proyecto plantea una modificación de la ley N°1688 en su artículo 15, a fin de que se garantice la creación al menos un centro de atención para las mujeres víctimas de violencia.

A su turno, Carmen Villalba explicó las funciones y tareas de la Asociación Civil Casa del Encuentro, una ONG situada en el barrio de Almagro, al tiempo que compartió un cuadro estadístico en el cual podía observarse que durante los últimos 12 meses la mayor cantidad de situaciones atendidas correspondientes a la CABA provenían del Bajo Flores.

Sobre el particular, la referente barrial Cintia García contó la experiencia de las mujeres del barrio ante estas situaciones. Explico cómo, ante la falta de intervención de la Justicia y de otros organismos estatales, debieron ellas mismas organizarse para acudir en ayuda de la compañera que estaba siendo víctima de violencia. En su relato era posible escuchar con claridad la forma comunitaria de sostén y ayuda.

“Los violentos tienen vergüenza si se los señala en la calle”, dijo García, y añadió que “de la puerta de casa para afuera son señores bien. Muchos no le creen a las mujeres cuando cuentan esos maltratos”. Según explicó, las mujeres suelen ir en grupos a la casa de la víctima y le exigen al violento que se vaya, y de ser necesario lo siguen por la calle. Además, expuso las dificultares que implica la denuncia ante la OVD, y que “muchas veces es la propia denunciante quien debe acercarle la prohibición de acercamiento al violento, o incluso le plantean que se vaya de la casa, sin considerar las dificultades económicas y familiares que esto implica”.

“La burocracia es violenta”, completó García. Fue en ese punto cuando intervino Romina Pzellinsky, quien presentó un diagnóstico de la intervención del sistema de Justicia ante esta problemática. Abordó las trabas y obstáculos en el acceso a la justicia, algunos estructurales o normativos y otros como consecuencia de la presencia de estereotipos o prejuicios en operadores/as que aparecen en cada instancia y cómo trabajar para sortearlos y brindar respuestas adecuadas.

Asimismo, la directora general de políticas de género del MPF resaltó la importancia de contar con áreas especializadas dentro del Ministerio Público,  hizo especial hincapié en la reciente creación de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) y en el trabajo que se viene desarrollando durante la gestión de la Procuradora con la Dirección de Políticas de Género. Por último, Pzellinsky situó la complejidad de la temática, y que la actuación de la Justicia es sólo una parte  de la solución, que de fondo requiere un cambio cultural, político y social acompañado de un fuerte trabajo de prevención y de profundización en la una articulación interinstitucional.

Finalizando, la psicóloga y trabajadora social del CESAC Nº 20, que coordina el grupo de mujeres, contó la experiencia de ese espacio y señaló que “para nosotras el tejido no es una excusa. Es nuestra tarea. Lo que nos une”.

Relación con la Red Bajo Flores

Desde que comenzó la atención funcional de la agencia ATAJO en la villa 1-11-14, su equipo de operadores trabó relación con la histórica Red Bajo Flores, que integra distintas instituciones estatales y sociales. La propuesta de ATAJO fue que la red se organizara en comisiones que se encarguen de la atención específica de las problemáticas más complejas, que demanden un abordaje conjunto entre distintos organismos e instituciones. La red aceptó la propuesta y se devino en organizar cinco comisiones: Género; Urbanización; Educación; Migrantes, y Comunicación.

Desde entonces, ATAJO participó activamente y en forma permanente en tres de ellas: educación, urbanización y género. En el marco de esta última, surgieron múltiples inquietudes ante la repetición de situaciones de violencia hacia la mujer que se registraban en el barrio, agravadas por la falta de recursos estatales existentes en el barrio.

Tanto la participación de ATAJO en la Red como en la forma de llevar adelante el trabajo diario y las intervenciones comunitarias, son parte de uno de los objetivos funcionales de la Dirección general de Acceso a la Justicia del MPF: promoción de derechos, y rol de articulador entre las distintas agencias estatales para defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad, velando por el cumplimiento de los derechos constitucionales.

La villa 1-11-14 del Bajo Flores constituye uno de los barrios más vulnerados y desprotegidos de la ciudad de Buenos Aires. Debido a ello, la función de ATAJO, además de la que surge de su especificidad judicial, es aportar a la reconstrucción del tejido social que brinde una red de contención para aquellas personas y familias que más lo necesitan.

Confluyen en este punto un conjunto de vulnerabilidades y falta de recursos. En relación a la violencia contra la mujer, las situaciones de femicidios están en aumento. La visibilización que el problema alcanzó tras la masiva movilización llamada “Ni una menos”, lo jerarquizó.

Las mujeres tejen y hablan. Hablan de aquello que les sucede, van solas o con sus hijos, confían, se conocen y trabajan en conjunto. Han encontrado a través del tejido, en el tejido, la posibilidad de una nueva forma de encontrarse entre ellas. También de protegerse. De formar, tal y como contó la referente barrial  Cintia García, un nuevo lazo social tan necesario como imprescindible. Mujeres enlazadas en defensa de ellas mismas y de la vida.