Por: Rocío Brandariz
El texto que sigue a continuación es el primero de una serie de trabajos, que constituye el resultado de vivencias y reflexiones que surgen de la tarea cotidiana desarrollada en las Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia, y de la búsqueda de algunas definiciones y marcos de acción para un proyecto que sin dudas es innovador. Las reflexiones, a modo de aproximaciones teóricas que surgen de la propia experiencia en el territorio, son producidas por los miembros de los equipos interdisciplinarios que trabajan diariamente en los ATAJOS. La escritura permite, como equipo, pensar criterios en conjunto; al compartirlos, quizás se pueda generar otra forma de registrar y dar cuenta del aporte que surge de la cruza entre Derecho y territorio, Justicia y vulnerabilidad social.
Trabajadores sociales y acceso a la Justicia
Existen distintos modos de caracterizar la pobreza; según la modalidad que se adopte, es que se determina el enfoque de las políticas destinadas a la atención de ese problema. Los modos de pobreza son tres: la pobreza como externalidad del modelo, en donde la pobreza es una falla no deseable del modelo económico; el segundo modo tiene que ver con la pobreza como amenaza, en donde se cree que la pobreza es una posición que se ocupa porque otorga algún tipo de beneficio, por tanto el sistema parte de que el “otro” debe valorar aquello que se recibe; y el último, la define en tanto pobreza como vulneración de derechos, en donde el Estado es el garante del bienestar colectivo y su solución parte de un debate político de cómo disminuir la pobreza.
En ATAJO se trabaja con el concepto de pobreza persistente, coincidiendo con la idea de la pobreza como fenómeno situado. Según afirma Adriana Clemente en su libro Territorios Urbanos y pobreza persistente, “una condición de privación generalizada y donde se combina críticamente un conjunto de otras dimensiones del hogar y su entorno cuyos indicadores deficitarios comprometen al ciclo de la reproducción del grupo familiar y conviviente”.
Sin dudas, existen problemáticas sociales asociadas a la condición de pobreza estructural en las que no se logra impactar a pesar de la recuperación económica y el aumento de la inversión social. La recuperación de los hogares pobres afectados a lo largo del tiempo por múltiples déficit es lenta, compleja y desigual.
La pobreza persistente es la que define a los conjuntos poblacionales que, a pesar de las mejoras en el plano económico, cultural, social y político, persisten en una situación de pobreza, imposibilitando que puedan mejorar su situación. Son estas poblaciones con las cuales se trabaja los distintos barrios y villas de la Ciudad (villas 1.11.14; 21.24; 20; 31 y 31 bis y Barrio Mitre), y demás territorios empobrecidos de Mar del Plata y Rosario, en los que se encuentran en funcionamiento agencias ATAJO.
Es importante mencionar que la complejidad de la cuestión social, en tanto manifestación social de la relación capital-trabajo y cómo se expresa en lo social la contradictoria relación sujeto-necesidad, abarca no sólo los problemas sociales existentes, sino también las respuestas que se buscan para ellos, es decir los dispositivos de intervención. Como sostiene Clemente, “no sólo se construye a partir de problemas derivados de la injusticia, de la desigualdad y de las nuevas formas de padecimiento, sino también a partir de las dificultades que suscitan las modalidades clásicas de intervención, lo que provoca que la resolución misma de los problemas sociales se transforme, de algún modo, en un nuevo problema y genere mayores complicaciones”.
Esto permite pensar que las problemáticas sociales complejas exceden las respuestas típicas de las instituciones y programas, las que fueron creadas para poblaciones homogéneas. Pensar nuevas maneras de conceptualizar la realidad, permite pensar nuevas maneras de intervenir sobre la base de poblaciones reales, singulares y con todos sus atravesamientos.
El sujeto que se acerca al ATAJO tiene como referencia instituciones (ya sea barriales, estatales o comunitarias) o vecinos estimados por la comunidad, con los cuales los operadores del Programa del MPF toma contacto, para poder articular luego la intervención. Si bien el campo de intervención del Programa es el ámbito judicial, se encuentran en el barrio distintas organizaciones, instituciones, programas y políticas públicas con las cuales es dable reconocer su tarea y fortalecer la relación. Esto permite romper con las multi-intervenciones de las instituciones y programas hacia los sujetos; y ganar una mirada de la integralidad del problema. La integralidad implica el reconocimiento de la multidimensionalidad del fenómeno de la pobreza y de las particularidades de cada barrio. Tener un diagnóstico barrial permite tener una vinculación permanente con esas instituciones/organizaciones y programas que intervienen en el barrio. Posicionarnos como profesionales desde esta perspectiva permitirá comprender que la pobreza es un término que excede las barreras sociales y tiene sus variantes culturales, económicas, geográficas y políticas.
En este sentido, los sujetos que concurren al ATAJO, la mayoría de las veces presenta angustia, desconfianza y desorientación ante la falta de conocimiento y comprensión acerca de los proceso judiciales. Sumado a ello, las consultas están atravesadas por cuestiones sociales, culturales y económicas que también son planteadas como demandas de intervención y esto es un desafío cotidiano; decodificarlas, poder abordarlas de forma rigurosa. El desarrollo del trabajo en el territorio va a estar determinado por la noción que el Programa tenga de justicia.
Si la “víctima” no es pensada sólo como un producto de la variante judicial, sumando variables de orden económico, cultural, social y político que también condicionan a la mayoría de las poblaciones con las que se trabajan en el territorio (y que, al mismo tiempo, determinan la situación judicial de la "víctima"), la solución no sólo se encuentra en su accionar judicial sino también en el fortalecer y potenciar aquellas variables que sean posibles de trabajar con aquellas personas que se acercan y demandan intervención.
Para ello, es necesario equipos interdisciplinares que estén en constante pensar y re-pensar las intervenciones en relación al Acceso a la Justicia. Pensar el para qué, cómo y porqué del Trabajo Social en la Justicia es una tarea permanente que no puede quedar en una disposición del profesional sino que debe ser un posicionamiento teórico, ético y político del Programa, con sus objetivos, metas y tareas en relación a las particularidades de cada barrio.
Como equipo social, en los ATAJOS se trabaja con un circuito que procura acompañar la demanda y articular / derivar aquellos indicadores de salud, económicos, laborales, culturales y demás que se desprende de la consulta. La integralidad de la intervención se encuentra principalmente vinculada a la noción de integralidad del sujeto y a un concepto de pobreza.
* Trabajadora social. Coordinadora del ATAJO de la villa 1.11.14, Bajo Flores