El lunes 9 de marzo, por resolución PGN Nº 511/15, fue dispuesta la protocolización del Convenio Marco de Cooperación suscripto el pasado 26 de febrero, entre el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Ministerio de Educación de la Nación.
Según la letra del convenio, el objetivo es “aunar esfuerzos” que “permitan elevar la calidad de vida de la población, promoviendo la educación permanente de jóvenes y adultos, en concordancia con los postulados expresados en la Ley de Educación Nacional N° 26.206 y en la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058”, mediante el Plan FinEs”, de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos.
Asimismo, en el marco del citado acuerdo fue suscripta el Acta Complementaria N° 2, sobre Acceso a la Justicia y Educación, porque ambas partes consideran “prioritaria la coordinación de esfuerzos con miras a construir nuevas instancias de comunicación, intercambio de experiencias y desarrollo de programas de formación conjuntos para el ámbito educativo”.
Más específicamente, en su cláusula tercera, los Ministerios Público Fiscal y de Educación de la Nación, acordaron que ambas instituciones “ejercerán la coordinación de las actividades previstas en el marco de esta Acta Complementaria”, designando al Programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) “como enlace, coordinación y ejecución de la presente acta Complementaria”, en “espacios institucionales adecuados, de acuerdo con las propuestas pedagógicas que se diseñen”.
En tal sentido, el MPF se compromete a “desarrollar un programa de formación en derechos y acceso a la justicia, así como las estrategias para su comunicación y difusión; proponer y conformar los equipos de trabajo responsables de llevar adelante las actividades que se proyecten entre las partes; difundir las acciones que se realicen mediante canales institucionales adecuados; producir materiales y dispositivos de formación en derechos y acceso a la Justicia, con el acuerdo del Ministerio de Educación, adecuando los contenidos a las necesidades y problemáticas particulares sobre las que se trabaje; y evaluar continua y sistemáticamente los procesos de trabajo” junto a la contraparte.
En tanto los talleres formativos y de promoción de derechos, para que sean ejercidos por poblaciones históricamente vulneradas y estigmatizadas por los sistemas de administración de Justicia, son parte del objetivo de cada ATAJO, el presente convenio con el Ministerio de Educación permitirá profundizar ese desafío institucional del Programa del MPF.