El Tribunal Oral Federal de Tucumán impuso ayer penas de hasta 8 años de prisión para los integrantes de una organización narco que comercializó cocaína en la capital provincial y la localidad de Yerba Buena.  La sentencia recayó sobre once acusados, para quienes el Ministerio Público Fiscal -representado por el fiscal ad-hoc Agustín Chit- había solicitado condenas similares.

El veredicto se conoció cerca de las 20 e incluyó el decomiso de seis autos y dos motos incautados como instrumento para la realización de las maniobras delictivas y/o por ser producto de esas actividades. Lo mismo se dispuso en torno a más de 700 mil pesos y dos mil dólares, además de otros elementos.

El juicio había comenzado el lunes 8 de febrero, mientras que el alegato a cargo de Chit se produjo en la tarde de ayer. Las audiencias se realizaron de manera presencial y virtual e implicaron las declaraciones de 58 testigos, entre personal policial y testigos civiles. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 26 de febrero.

La organización

Durante su exposición Chit había considerado que los ahora condenados ocuparon distintos roles en una organización criminal dedicada comercializar estupefacientes. En esa línea, indicó que Martín Alzogaray junto a Miguel Francisco Santos Borromeo y Juan Luis Quinteros fueron quienes ejercieron el mando de esa estructura, por lo que los acusó como organizadores de las actividades ilícitas de comercialización de estupefacientes -fueron condenados a 8 años de prisión para cada uno-; por debajo de ellos se ubicaron en una segunda línea de acción y organización Romina Paola Nieva -esposa de Alzogaray-, Ana Sofía Carrizo,  Agostina Antonella Albarracín -condenadas a 4 años-, Rolando Isaías Guardo y Claudio Arriazu -5 años y medio- por la intervención que se encuadró como comercio de drogas agravada.

Asimismo, ubicó en una tercera línea de responsabilidades diferenciadas a Noelia Santucho y Eliana Griselda Rodríguez por tenencia con fines de comercialización -4 años de prisión para ambas-. Por otra parte, trató el caso de Jesús Enrique Méndez por su rol vinculado a las necesidades logísticas de transporte de la banda -8 años-.

Tras evaluar los elementos de prueba incorporados a la pesquisa -conversaciones telefónicas, informes periciales sobre celulares y las sustancias secuestradas en allanamientos y testimonios, entre otros-, el representante del MPF señaló que se trató de una organización de escala baja a media y que operó por lo menos desde julio de 2016 a mayo de 2018. Estimó, en esa línea, que tenía una proyección interprovincial y contactos internacionales a partir de compras con proveedores de Bolivia en grandes cantidades.

En ese marco, el MPF destacó que con el avance de la investigación a cargo del fiscal federal Pablo Camuña se detectó, el 23 de mayo de 2018, una entrega inminente por parte de uno de los imputados. Esa información llevó a la realización de una “entrega vigilada” y doce allanamientos, que dejaron como saldo una serie de detenciones y el secuestro de 6,6 kilos  de cocaína, siete balanzas para pesar el material estupefaciente, dinero en moneda nacional y en dólares -$701.832 y U$D2.100, respectivamente-, 46 teléfonos celulares y los vehículos mencionados, entre otros elementos de interés para la causa.