El fiscal federal de Rawson, Fernando Gelvez, pidió que se revoque la declaración de incompetencia resuelta por el Juzgado Federal de esa jurisdicción, en el marco de una causa en la que el Ministerio Público Fiscal investiga la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en un domicilio “privado”, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn. El representante del Ministerio Público explicó que el recurso de apelación presentado es contra la resolución dictada el 17 de octubre de 2016, por la que se rechazó la solicitud de indagatoria de cinco personas, una de las cuales es empleada policial y dos aspirantes a ingresar a la fuerza provincial. El Juzgado consideró que la causa debe continuar en la Oficina Judicial de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, por no encontrarse acreditados los elementos del tipo penal de la trata de personas, previsto en el artículo 145 bis del Código Penal.

Por el contrario, el representante del MPF indicó que “existen elementos de prueba reunidos” en los hechos investigados “por presunta  trata de personas, por explotación sexual”. En ese sentido, señaló que se probó la existencia de un domicilio “privado”, ubicado en la calle Belgrano de la ciudad portuaria, con el que los imputados “lucraban económicamente con el ejercicio de la prostitución de diversas personas de sexo femenino, algunas de ellas argentinas y otras extranjeras”. “En esta actividad delictual se encargaban del alquiler del inmueble, del abastecimiento de bebidas alcohólicas al sitio y en ocasiones del traslado de las mujeres, quedándose luego de ello con parte de las ganancias obtenidas por las mujeres a raíz de las copas y servicios sexuales prestados en el vip”, detalló, además de resaltar “la participación  de personal policial en los hechos delictuales”.

Origen del caso

La investigación se inició en virtud de lo informado por la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de la ciudad de Puerto Madryn, respecto a que en el domicilio mencionado “funcionaría un vip (no habilitado comercialmente) en el cual se explotaría sexualmente a mujeres” y en el que además “se comercializarían sustancias estupefacientes”.

Como consecuencia, el 17 de septiembre de este año se realizó el allanamiento en el cual ocho mujeres fueron rescatadas.  A partir de las entrevistas que les realizaron a las víctimas, que fueron realizadas entre 13 y 19 días después del procedimiento practicado en el lugar, señalaron que “por voluntad propia o ante el temor de posibles represalias por parte de los imputados”, “se pusieron de acuerdo para declarar que no había persona que regentaba o administraba el lugar  y de esta forma desvincular a los sospechados de criminalidad”.  En ese sentido, agregó  que no puede darse ningún valor  a esos testimonios brindados “por personas en situación de vulnerabilidad que no tuvieron ningún tipo de acompañamiento ni contención luego de los procedimientos policiales”.

Cómo debe continuar la investigación

El fiscal federal consideró que “la investigación debe encaminarse a determinar si alguno de los integrantes de esos locales comerciales y organización antes referenciada obtiene beneficios económicos del ejercicio de la prostitución de dichas mujeres”. Y precisó: “Si la investigación, luego de las medidas de prueba que se tomen determinara ello, podría confirmarse tal circunstancia y haría pasible de reprocharles los ilícitos de trata de personas a los propietarios o quienes alquilan y regentean el lugar como a los otros imputados mencionados”, ya sea por “el delito de trata de personas en su figura simple del 145 bis o en sus figuras agravadas del 145 ter del C.P. (Código Penal)”.

Por esos motivos, Gelvez requirió que se revoque “la declaración de incompetencia, toda vez que existen elementos de prueba suficientes para que los hechos sigan siendo investigados por la justicia federal”.