El Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín hizo lugar a un planteo por el derecho a la verdad formulado por las querellas y que la fiscalía acompañó, tras la muerte del excabo de la Fuerza Aérea Juan Carlos Vázquez Sarmiento, a partir de lo cual quedó trunca la posibilidad de avanzar contra el único imputado en este proceso de los hechos que tuvieron como víctimas a Patricia Julia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo y Gustavo Gabriel Pontnau.

En tal sentido, el tribunal dispuso que, luego del juicio que se está desarrollando y que tiene a otros cuatro acusados por crímenes contra más de 100 víctimas en el circuito represivo que funcionó en la zona oeste del conurbano bonaerense, se lleven a cabo audiencias para tratar la prueba relativa a aquellos tres casos. Además, decidió el cese de la intervención en el debate de la querella de Mariana Eva Pérez, hija de Roisinblit y Pérez Rojo, y de Abuelas de Plaza de Mayo, cuya actuación en este juicio estaba circunscripta a la acusación contra Vázquez Sarmiento.

“En el expreso reconocimiento y ratificación del derecho de las víctimas a que se lleve a cabo un ‘juicio por la verdad’, habrá de celebrarse, oportunamente y con la integración de los jueces naturales de este Tribunal, una audiencia oral en la que se ventile la prueba conducente para establecer la materialidad de los hechos investigados en perjuicio de Patricia Julia Roisinblit, José Manuel Pérez Rojo y Gustavo Gabriel Pontnau, con plena intervención de los damnificados y sus representantes legales, como así también del Ministerio Público Fiscal, con el objeto de obtener por parte de un órgano judicial una resolución sobre el punto debidamente fundada; ello, no obstante, deberá realizarse, por su diferente naturaleza y objeto respecto del juicio oral en curso contra el resto de los incusos (…) de manera separada y posterior a éste, es decir luego de arribarse a una sentencia definitiva en relación a éstos”, resolvió el tribunal, integrado por María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti.

El pedido de “juicio por la verdad” había sido formulado por el abogado de Pérez, Pablo Llonto. “La finalidad de todo proceso penal, no solo está destinado al castigo de los autores de los crímenes como Vázquez Sarmiento, sino a la averiguación de la verdad, no como antecedente necesario de la pena, sino como un objeto en sí misma”, había marcado el abogado cuando se notificó a las partes la exclusión del proceso del acusado por incapacidad sobreviniente.

La petición contó la adhesión de las querellas de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, de Rosa Roisinblit -madre de Patricia- y de Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de la pareja.

“Asiste razón a los argumentos de las querellas en cuanto a que numerosa prueba puede ser producida para esclarecer la verdad, con la potencialidad de que surjan además nuevos elementos sobre los hechos”, marcó Crous, y sostuvo que “paralizar la producción de esta prueba equivaldría a contrariar los compromisos internacionales del Estado en materia de derecho a la verdad”.

Tras el fallecimiento de Vázquez Sarmiento y la declaración de la extinción de la acción penal a su respecto, el tribunal corrió traslado a las partes. El fiscal a cargo Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, Félix Crous, dictaminó que “el proceso debe continuar en función del derecho a la verdad con relación a los hechos oportunamente imputados a Vázquez Sarmiento, y en cuanto a la participación de las querellas y este MPF en todos los actos de ese proceso y en la discusión final en los alegatos, con el consecuente pronunciamiento en la sentencia”.

Añadió que el derecho a la verdad “adquirió relevancia y fuerza jurisprudencial, en un momento en que había serios obstáculos para la persecución de estos crímenes en el ámbito nacional e internacional”, y recordó con ello la apertura de este tipo de procesos en diferentes tribunales del país a fines de la década del ’90, cuando la pretensión punitiva estaba vedada por las denominadas leyes 23.492, de punto final, y 23.521, de obediencia debida, y por la falta de colaboración a los pedidos de extradición por procesos abiertos en otros países por el principio de jurisdicción universal en casos de crímenes de lesa humanidad.

“Asiste razón a los argumentos de las querellas en cuanto a que numerosa prueba puede ser producida para esclarecer la verdad, con la potencialidad de que surjan además nuevos elementos sobre los hechos”, marcó Crous, y sostuvo que “paralizar la producción de esta prueba equivaldría a contrariar los compromisos internacionales del Estado en materia de derecho a la verdad”. En efecto, recordó que uno de los hechos que se le imputaban a Vázquez Sarmiento es el del secuestro de Pontnau, que no fue juzgado en ningún proceso con sentencia judicial, y que su hijo fue aceptado como testigo e iba a brindar su testimonio por primera vez. También indicó que Guillermo Pérez Roisinblit, quien nació en cautiverio, “actualmente cuenta con mayor información para aportar a la que poseía al momento de su declaración” anterior, producida hace 10 años, en otro proceso por crímenes de lesa humanidad.

El tribunal marcó que el reconocimiento del derecho la verdad que le compete a las víctimas de violaciones a los derechos humanos “no puede operar en perjuicio de la garantía del debido proceso plenamente vigente respecto de los restantes imputados que continúan sometidos a juicio oral y público, a la espera de una sentencia definitiva”.

De esta manera, en el juicio actual continuarán siendo juzgados los otros cuatro acusados: el exteniente 1° de la I Brigada Aérea de El Palomar, Juan Carlos Herrera; el excabo 1° de la misma unidad militar, José Juan Zyska; el excapitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno, Ernesto Rafael Lynch; y el excabo 1° de la Regional de Inteligencia Buenos Aires (RIBA) de la Fuerza Aérea, Julio César Leston. Todos llegaron acusados de los delitos de privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos. A Leston también se le imputan dos hechos de coacciones.

El imputado Vázquez Sarmiento había estado prófugo durante muchos años y por eso no pudo ser juzgado en un juicio anterior llevado adelante contra otros integrantes de la Regional de Inteligencia de Buenos Aires. Luego de su detención hace pocos años, fue condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro, nacido durante el cautiverio de su madre en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), quien también había sido secuestrada en el circuito oeste a cargo de la Fuerza Aérea. El imputado falleció mientras enfrentaba este juicio en curso y una imputación por exhibiciones obscenas ante un Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a partir de una denuncia impulsada por el fiscal Crous, dado que mostró sus genitales durante una audiencia oral virtual en este proceso desde la cárcel de Ezeiza.