El Tribunal Oral Federal N°2 de San Martín condenó a diez años de prisión a cuatro hombres -tres de ellos de nacionalidad peruana- y declaró la responsabilidad penal de un joven peruano, que a la época de los hechos tenía 17 años de edad, por el intento de homicidio el 22 octubre de 2023 de dos hombres durante una emboscada vehicular en La Horqueta, partido bonaerense de San Isidro, a la que siguió una balacera, originada en una disputa territorial de bandas dedicadas al narcotráfico.

El episodio reunió diferentes elementos que lo perfilaron como un caso de sicariato. Los atacantes iban a bordo de un vehículo robado, equipados con guantes, cuellos camuflados que ocultaban sus rostros y gorras visera, y -al menos- portaban una pistola Colt calibre 10 mm y una Glock calibre 9 mm, con numeración suprimida. Tras cruzar el vehículo en la esquina de Reclus y Patagonia para concretar la emboscada, efectuaron en total nueve disparos contra las víctimas -que también viajaban en auto-, uno de los cuales dio en la rodilla de una de ellas, ocasionándole heridas leves.

La sentencia fue dictada el 2 de julio y ayer el tribunal dio a conocer los fundamentos. La decisión, firmada por María Claudia Morgese Martín, Walter Venditti y José Antonio Michilini, fue dictada en línea con el petitorio del fiscal general Alberto Gentili.

Jesús Emilio Molina (argentino, de 38 años), Percy Roberto Carazas Vilchez (20), César Gerardo Quispe Herrera (21) y Erick Steven Vilchez Guillen (30) fueron condenados como coautores de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas mediante el uso de armas de fuego en grado de tentativa y portación ilegitima de armas de guerra en el caso de la emboscada, y por encubrimiento por receptación de un vehículo, agravado por el ánimo de lucro y falsificación de numeración individualizadora, dado que para el ataque utilizaron un auto que había sido robado el 3 de octubre en Haedo, partido de Morón.

"Entre las escuchas se especifica el traslado de ‘sicarios’ a otras provincias del territorio, algo que indica que la actividad criminal dejó de ser local, sumado que estamos frente a un evento planificado -adquisición previa de vehículo robado y suministro de armamento- y donde se desplegó una extrema violencia durante su desarrollo", remarcó el fiscal al momento de fundar la competencia federal para juzgar el caso.

El joven adolescente al momento de los hechos fue declarado responsable penalmente de esos delitos, de conformidad con la ley 22.278, de régimen penal de la minoridad, y se difirió el juicio de punibilidad para determinar la pena que le corresponde.

Si bien ninguno de los delitos juzgados es materia federal, el caso se ventiló en ese fuero dado que "el contexto en que se produjeron" fue definido como una "guerra entre bandas para ganar territorio para la narcocriminalidad", según marcó el fiscal Gentili al momento de sostener la competencia del TOF N°2 para intervenir en el proceso, en línea con la persecución penal estratégica definida en la Ley Orgánica del MPF, sostenida por la Procuración General y validada por la Corte Suprema.

"Entre las escuchas se especifica el traslado de ‘sicarios’ a otras provincias del territorio, algo que indica que la actividad criminal dejó de ser local, sumado que estamos frente a un evento planificado -adquisición previa de vehículo robado y suministro de armamento- y donde se desplegó una extrema violencia durante su desarrollo, lo que puso en peligro de manera significativa a los residentes de una comunidad", enumeró el fiscal, y además puso de relieve que la organización se valió de una persona menor de edad, recién llegada al país, proveniente de Perú.

Durante su alegato en el juicio, el fiscal Gentili remarcó que el repaso de las pruebas "permite advertir que la pluralidad de intervinientes y el modo de llevar adelante la agresión respondió a una planificación previa y detallada que incluyó la realización de seguimientos de las víctimas y del domicilio de al menos una de ella, como así también que ello se enmarcaba en un contexto elocuentemente citado en las comunicaciones detectadas en los dispositivos incautados y examinados", lo cual le permitió fundar las agravantes del número de intervinientes y de la premeditación, "pues resultan la evidente manifestación de un fin común perseguido de modo mancomunado por los aquí enjuiciados".

Emboscada y persecución

Según se relata en la sentencia, la emboscada se produjo alrededor de las 20.30 y minutos más tarde sus autores fueron detenidos en un operativo cerrojo en el partido de San Fernando. Ese fue el corolario de una persecución realizada por diferentes móviles de la Policía bonaerense, que habían iniciado el raid tras los llamados de los vecinos al sistema de emergencias 911 que alertaron sobre la balacera en la esquina de Reclus y Patagonia. El procedimiento culminó con las detenciones de los cuatro hombres y del adolescente, que viajaban a bordo del Toyota Etios robado, que llevaba colocada una patente falsa.

Tanto la fiscalía como el tribunal pusieron de relieve que al menos cuatro de los cinco autores, incluido el adolescente, dieron positivo a la prueba de dermotest, con presencia conjunta de residuos de plomo, bario y antimonio, que evidencian que habían disparado previamente armas de fuego.

En la escena del crimen se hallaron los orificios de ocho disparos en el vehículo atacado, un Toyota Corolla, y en otros dos estacionados. El restante impactó en la rodilla de uno de los hombres atacados, hermanos, que fue asistido en el Hospital Central de San Isidro. La prueba de dermotest en el sujeto que salió ileso también arrojó resultado positivo.