La Unidad Especial Estratégica para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio (UNISA) de la Procuración General de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Nación realizaron entre el lunes y el martes pasados el “Simulacro de Litigación y Gestión de Casos del Código Procesal Penal Federal”, que contó con una amplia participación de funcionarias/os de los fueros Criminal y Correccional Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en lo Penal Económico, donde la implementación está prevista para el próximo 11 de agosto.

El encuentro se desarrolló en el hotel NH Collection Buenos Aires Centro Histórico del centro porteño, en el marco del “Programa de Capacitación para la Implementación del Sistema Acusatorio Federal”, aprobado por Resolución PGN Nº14/24 y cuyos objetivos fueron plasmados en la Resolución PGN N°16/18.

La actividad consistió en simular la dinámica de trabajo en audiencias, estrategias procesales de acusación y defensa, dirección de la investigación, gestión de oralidad, habilidades de litigación y actuación en los distintos roles en el marco de las audiencias de las etapas de investigación, intermedia y de juicio del sistema acusatorio establecido por el Código Procesal Penal Federal (CPPF).

La presentación de las jornadas estuvo a cargo del secretario de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y cotitular de la UNISA, Juan Manuel Olima Espel; del subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Alberto Nanzer; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, el juez Daniel Petrone, la jueza y coordinadora de la comisión de implementación del CPPF en ese tribunal, Ángela Ledesma; y el titular de la secretaría general de Política Institucional de la Defensoría General de la Nación, Javier Lancestremere.

Todos coincidieron en que este es un “momento histórico” en el proceso de implementación, no solo por las características de esta jurisdicción en cuanto a la complejidad de casos, sino también por la cantidad y volumen de cada uno de ellos.

Además, destacaron la predisposición y el compromiso que han mostrado a largo de estas semanas magistrados, funcionarios, fiscales y defensores de la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires para asistir a todas las actividades -talleres, viajes de inmersión, reuniones- propias de la reforma.

Al abrir las jornadas, Nanzer reconoció que en ambos fueros donde próximamente se implementará el CPPF existe una inquietud genuina y permanente acerca de cómo el sistema se va a desenvolver en los llamados casos complejos, dado que es un distrito en el que se toman decisiones de alto impacto y de gran relevancia institucional. Sin embargo, remarcó que confían en “el impacto positivo que sabemos que va a tener en la calidad institucional y la legitimidad del sistema de justicia”.

Asimismo, indicó que la semana próxima se cumplen cuatro meses desde la publicación de la Resolución Nº143/25 del Ministerio de Justicia que anunció la implementación en este distrito y, en ese sentido, mencionó que se han visto “progresos permanentes”.

“Creo que el proceso ha avanzado en gran medida según lo previsto sin perjuicio por supuesto en todas las cosas que faltan y las cosas que van a tener que ejecutarse con el sistema ya en marcha”, detalló el funcionario.

Los reparos del MPF: “Un gran desafío afrontarlo de la manera en que lo estamos haciendo”

Durante su intervención, Olima Espel sostuvo que existen tres factores fundamentales para la implementación efectiva del nuevo modelo procesal penal: la decisión política, la voluntad de los operadores y los recursos materiales y humanos. En ese marco, destacó que en el presente contexto “la decisión política está presente”, y subrayó especialmente la voluntad de los operadores del sistema, a la que consideró como el factor más destacable. Pero en cuanto a los recursos, expresó: “Lo dejo en puntos suspensivos”, en alusión a las dificultades existentes.

El funcionario del MPF remarcó que “a veces plantear realidades no significa oponerse a nada”, y reconoció el esfuerzo realizado por parte del Ministerio de Justicia, aunque manifestó que “hubiese sido deseable una mejor coordinación, proyección y planeamiento” en el proceso de implementación.

“Hubiese sido deseable una mejor coordinación, proyección y planeamiento”, dijo el secretario de Coordinación Institucional, Juan Manuel Olima Espel. Foto: M. Pellón.

En relación con el compromiso institucional, Olima Espel señaló que el Ministerio Público Fiscal es el único de los actores del sistema que ha conformado una unidad especializada para el seguimiento y la implementación del nuevo modelo, como es la UNISA, y agradeció el esfuerzo de quienes la integran.

“Todos estamos de acuerdo en que el sistema acusatorio es superador al que tenemos, en tiempo y forma. Confío en que también lo será para las investigaciones complejas, que son una preocupación para los integrantes de esta jurisdicción, y con razón. Pero no puedo dejar de decir que es un gran desafío afrontarlo de la manera en que lo estamos haciendo”, afirmó.

Finalmente, Olima Espel sostuvo: “Esta es la realidad que nos toca y vamos a afrontarla. No tengo dudas de que todos van a dar lo mejor de sí, que están a la altura de las circunstancias. Lo agradezco y, como lo vengo diciendo en cada una de las jurisdicciones que visito, la institución no los va a dejar solos. Una vez que se implementa el sistema acusatorio es donde realmente empieza el trabajo, y ahí vamos a estar presentes”.

A su turno, Lancestremere destacó el “protagonismo” que, en este sistema y mediante el litigio por audiencias, adoptan la acusación y la defensa y también su “celeridad para alcanzar decisiones justas”.

Luego, Ledesma, manifestó el entusiasmo por poner en marcha el CPPF en todo el país, mientras que su colega Petrone explicó que en el sistema acusatorio se busca propiciar un “entorno razonable para que cada una de las partes exponga sus argumentos, en un tiempo razonable, para que los jueces puedan tomar decisiones justas”.

El detalle de las actividades

La actividad -a la que concurrieron 150 asistentes aproximadamente-, fue dirigida por integrantes de la UNISA. Como docentes y referentes en cada uno de los roles, participaron el titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta y presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUN), Ricardo Toranzos; el fiscal a cargo de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario, Federico Reynares Solari, y la fiscal titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR NOA), Mariana Gamba.

También participaron como capacitadores los jueces María Paula Marisi, Alejandro Castellanos, Eduardo Rodríguez Da Cruz y Santiago Inchausti y los defensores oficiales Celia Delgado, Clarisa Galán y Matías Gutiérrez Perea.

Durante el desarrollo de las jornadas, las y los participantes fueron divididas/os en tres salas para la simulación de las diferentes audiencias, una destinada al fuero Penal Económico y las tras dos a los fueros Criminal y Correccional Federal de CABA. Allí, cada uno en su rol de fiscales, defensores y jueces trabajaron sobre tres casos prácticos hipotéticos elaborados por la UNISA.

El lunes simularon audiencias de formalización de la investigación y control de detención. En tanto, el martes -jornada que contó con la visita del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona- la actividad estuvo dedicada a la simulación de audiencias de formalización, de acuerdos (convenciones probatorias), de control de acusación y de debate. Además, practicaron alegatos de apertura, examen y contraexamen de testigos y alegatos de clausura, de la etapa de juicio oral.

Participantes y asistentes

Por parte del MPF, participaron de la actividad la y los fiscales generales Eugenia Anzorreguy, Marcelo Agüero Vera y Gabriel Pérez Barberá, y los fiscales federales Gerardo Pollicita, Nicolás Czizik, Paloma Ochoa, María Alejandra Mángano y Franco Picardi, quienes estuvieron acompañados por auxiliares fiscales y funcionarios.

La sala destinada a Penal Económico durante la simulación de una audiencia de formalización. Foto: M. Pellón