El fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°7, Leonel Gómez Barbella, solicitó el juicio oral para un ciudadano colombiano que está acusado de haber participado del homicidio triplemente agravado de un hombre de 52 años que murió tras haber sido drogado y golpeado en su domicilio del barrio porteño de Flores, en el marco de un robo cometido en agosto de 2023 bajo la denominada modalidad “viuda negra”, en el que también participaron una mujer y otro cómplice, aún no identificados.

El representante del Ministerio Público Fiscal presentó ante el juez Martín Del Viso, a cargo del Juzgado N°28 del mismo fuero, el requerimiento de elevación a juicio de la investigación seguida contra el acusado David Eduardo Garzón Zambrano, de nacionalidad colombiana y de 35 años.

De acuerdo con la acusación, la madrugada del 27 de agosto de 2023, Garzón Zambrano y una mujer le robaron a la víctima, Pablo Adrián Bottino (52), en su departamento de la calle Portela al 100, en el barrio porteño de Flores, tras drogarlo, golpearlo y ahorcarlo. El hombre permaneció internado y falleció el 21 de septiembre siguiente como consecuencia de aquellas lesiones.

En virtud de ello, el fiscal solicitó que el imputado sea juzgado como coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda; suministro a título gratuito y ocasional de estupefacientes, agravado por haberse cometido subrepticiamente o con engaño y por haber intervenido dos o más personas organizadas para cometerlos y para facilitar o ejecutar otro delito; y homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento y alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causae -es decir, para ocultar otro delito y procurar su impunidad-, todos en concurso ideal. La pena en expectativa para esta calificación es de prisión perpetua.

El caso

El 26 de agosto de 2023 por la noche, Bottino fue con un amigo a un bar del barrio de Colegiales y, luego, al boliche de la zona "New York City", donde conoció a una mujer, presuntamente colombiana, de contextura media, tez morena y cabello oscuro, que dijo llamarse “Juliana Andrade”. Cerca de la medianoche, fueron al departamento del hombre en Flores, donde la chica le habría suministrado un somnífero en su bebida.

Ya en horas de la madrugada del día siguiente, tras dormir a la víctima, la mujer le facilitó el acceso al domicilio a Garzón Zambrano, quien había llegado al lugar en un automóvil Renault Megane -el cual estaba autorizado a conducir-. Un tercer cómplice -que aún no fue identificado- los esperó en el vehículo.

El fiscal Gómez Barbella concluyó que “en modo alguno puede sostenerse que el desenlace fatal haya sido imprevisible para sus autores, puesto que la multiplicidad y entidad de las lesiones constatadas en el cuerpo de Bottino dan cuenta de que los golpes desplegados tenían entidad suficiente para causar la muerte de aquél, si se repara en que se dirigieron hacia zonas vitales".

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, una vez dentro de la vivienda, la mujer y el imputado golpearon a Bottino en la cara y otras partes del cuerpo, al tiempo que también intentaron ahorcarlo. Pasado el mediodía, la pareja se retiró del lugar con 3.000 dólares, ropa y una guitarra eléctrica o un bajo, que habían sustraído. La secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de la zona.

Por la tarde, la hermana de la víctima fue hasta su domicilio, dado que no había podido comunicarse con él. Tras pedir ayuda a los vecinos, ingresó al edificio y advirtió que la puerta del departamento estaba semiabierta, las luces prendidas y que sonaba música. Al ingresar, encontró a Bottino en ropa interior, inconsciente y con heridas en la cabeza, por lo que dio aviso al Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y a la línea 911, que desplazó a personal de la Comisaría Vecinal 7C de la Policía de la Ciudad.

La víctima fue trasladada al Hospital General de Agudos Parmenio Piñero y luego, al Sanatorio Colegiales donde, tras varios días de agonía, falleció el 21 de septiembre último.

La autopsia, practicada por peritos del Cuerpo Médico Forense, determinó que la causa de muerte fue un “politraumatismo con neumopatía bilateral, destacándose múltiples lesiones contuso-cortantes en el rostro y torso, fracturas craneofaciales y signos compatibles con traumatismo encefalocraneano grave y traumatismo torácico, idóneos para provocar falla multiorgánica y posterior paro cardíaco”.

La investigación: cámaras, infracciones y un celular

La fiscalía encomendó a personal de la División Investigación del Robo Organizado de la Policía Federal Argentina (PFA) una serie de medidas para ubicar a los sospechosos, que incluyeron el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y el análisis de las comunicaciones.

Así, se obtuvieron imágenes sobre la llegada del imputado al lugar en un vehículo, su descenso del mismo, la manipulación de un teléfono, el ingreso al edificio, la posterior salida con su cómplice femenina acarreando pertenencias de la víctima y la trayectoria de huida.

También, al contar con el dominio del Renault Megane en el que había llegado el imputado, se consultó a la Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ello reveló que el automóvil registraba multas de tránsito -labradas en mayo y octubre de 2023- las cuales permitieron identificar al imputado como sospechoso, quien finalmente fue detenido cuando conducía ese vehículo el 28 de octubre de 2023.

El fiscal solicitó que el imputado sea juzgado como coautor de los delitos de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda; suministro a título gratuito y ocasional de estupefacientes, agravado por haberse cometido subrepticiamente o con engaño y por haber intervenido dos o más personas organizadas para cometerlos y para facilitar o ejecutar otro delito; y homicidio agravado por haberse cometido con ensañamiento y alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y criminis causae.

Tras determinar el número de teléfono celular que utilizaba, también se analizaron las comunicaciones y se verificó que “la línea telefónica en cuestión registró activaciones en los mismos horarios y lugares donde fue captado un sujeto manipulando un celular”, quien fue identificado como Garzón Zambrano, quien también estaba “vinculado al rodado involucrado en los hechos”, según detalló el fiscal en su requerimiento.

En virtud de las pruebas recabadas, Gómez Barbella solicitó la elevación a juicio de la investigación por considerar que “la correlación entre las imágenes fílmicas, los registros telefónicos y los movimientos del rodado permite, entonces, reconstruir una secuencia unívoca que ubica a David Eduardo Garzón Zambrano en el escenario del hecho, participando en su ejecución y posteriormente en la fuga junto a la coautora femenina”, quien, por el momento, tampoco fue individualizada.

La calificación

Al fundamentar la calificación penal del hecho -robo, suministro de estupefacientes y homicidio agravado, como coautor- el fiscal entendió que “el imputado sustrajo ilegítimamente las pertenencias de la víctima, ejerciendo para ello violencia en las personas cuando con la cooperación de una mujer lo golpearon hasta dejarlo inconsciente”. Agregó que "se ha demostrado -con el grado de convencimiento requerido a estas alturas- que, con la intención de asegurar la consumación de la sustracción, Garzón Zambrano participó junto a la mujer mencionada y otro individuo cuya identidad se desconoce, provocaron somnolencia en Bottino aplicándole luego violencia física que le causó su fallecimiento”.

Por otra parte, el fiscal Gómez Barbella concluyó que “en modo alguno puede sostenerse que el desenlace fatal haya sido imprevisible para sus autores, puesto que la multiplicidad y entidad de las lesiones constatadas en el cuerpo de Bottino dan cuenta de que los golpes desplegados tenían entidad suficiente para causar la muerte de aquél, si se repara en que se dirigieron hacia zonas vitales -en su cráneo, rostro y los signos de ahorcamiento en su cuello-”. Agregó que “la forma en que se acometió contra la víctima permite afirmar que su deceso era claramente previsible, que el medio empleado tenía razonablemente la entidad para ocasionar su muerte y que actuaron con dolo homicida -conocimiento y voluntad-”.

Finalmente, el representante del MPF le endilgó la coautoría de los hechos que damnificaron a Bottino ya que, de las pruebas colectadas, se “desprende un claro designio común, con distribución de funciones, que comprendió el ingreso a su vivienda en horas de la noche en donde le aplicaron subrepticiamente un sedante y le propinaron gran cantidad de golpes hasta dejarlo inconsciente y que luego concluyera con su muerte, todo con el objeto de desapoderarlo de elementos del interior de su domicilio”.