La Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (UFIARM), a cargo del fiscal federal Gabriel González Da Silva, presentó su “Informe estadístico de colaboraciones e investigaciones preliminares” correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, que consigna que, en el período comprendido entre mayo y agosto pasados, se efectuaron 57 colaboraciones y se iniciaron 48 investigaciones preliminares.

El documento, elaborado por el área de estadística de la unidad bajo la coordinación de la auxiliar fiscal Paulina Gómez, destaca, en primer lugar, el incremento significativo en la cantidad de colaboraciones prestadas, particularmente aquellas requeridas por autoridades federales. Así, se desprende que si bien el porcentaje relativo de pedidos federales se mantuvo estable, el aumento absoluto -más del 120% respecto del cuatrimestre anterior- “evidencia una mayor demanda operativa y una consolidación del rol de la UFIARM como unidad técnica de referencia en investigaciones complejas vinculadas con armas de fuego”, precisa el informe.

Respecto a las colaboraciones, se indica que fueron principalmente con autoridades fiscales y judiciales con asiento en la provincia de Buenos Aires (21), seguidas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (16) y la provincia de Santa Fe (10). A su vez, el 50,9% de las colaboraciones solicitadas provino del fuero ordinario, seguidas por un 35,1%, del fuero federal, 12,3% de dependencias especializadas de la Procuración General de la Nación (PGN) y, finalmente, un 1,8% del exterior.

En ese sentido, desde la unidad fiscal especializada resaltan que un aspecto fundamental es determinar cómo las armas llegan a manos no autorizadas.

“Identificar el punto donde las armas pasan de la legalidad al mercado ilegal, para procurar el desarme de quienes están actuando por fuera de la ley y, por lo tanto, resulta también imprescindible analizar la situación registral de las personas y armas preliminarmente individualizadas en las investigaciones de la UFIARM como así también en las pesquisas en las cuales se solicitó la colaboración de esta Unidad Fiscal”, señala el documento.

En este punto, el relevamiento estadístico explica que la referencia a “preliminarmente” es porque, en el supuesto de las colaboraciones, la unidad no tiene acceso necesariamente al expediente o caso principal, por lo que no se puede establecer el rol que se le atribuye a la persona consultada; en las investigaciones preliminares, como su propia naturaleza jurídica establece, se está en una instancia prejudicial.

Así, el informe se refiere a los datos disponibles en un determinado momento procesal, que puede concluir o no en una condena.

En tanto, el promedio de respuesta de los pedidos resueltos en el segundo cuatrimestre del año fue de 2,94 días corridos (1,98 si se cuentan solo los días hábiles) y se destaca que el 77,2% de los pedidos se respondieron en las primeras 24 horas corridas (78,9% dentro de las 24 horas hábiles).

Situación registral en las colaboraciones

Desde la UFIARM indicaron que el análisis de la situación registral de personas y armas involucradas en las colaboraciones vuelve a mostrar un alto nivel de irregularidad. “Una proporción mayoritaria de las personas consultadas no se encontraba habilitada para la tenencia legal de armas de fuego, ya sea por no estar inscripta ante el organismo de control o por tener vencida su condición de legítimo usuario”, señala el reporte.

En el caso de personas respecto de las cuales se solicitó información en los pedidos de colaboraciones, se verificó que el 58,6% no se encontraba inscripto ante el RENAR. A ello se sumó que, entre las personas que sí estaban registradas, la amplia mayoría no tenía su condición vigente. Vale recordar que quien alguna vez estuvo inscripto como legítimo usuario, al vencimiento de su inscripción deja de estar habilitado para la tenencia legal de armas de fuego.

El informe destaca que “entre las personas no inscriptas y las inscriptas pero no vigentes -y por tanto no habilitadas para detentar legalmente armas de fuego- el total alcanzó más del 90%. De las 128 personas consultadas solo ocho presentaban una situación regular”.

A su vez, si bien la mayoría de las armas de fuego figuraban registradas ante el organismo de control (48,4%), más de un tercio (34,4%) no lo estaban. Asimismo, indicaron en las conclusiones que una parte sustancial de las armas consultadas, aun estando registradas, se encontraban vinculadas a titulares sin habilitación vigente, configurando supuestos de tenencia ilegal de material controlado.

Las colaboraciones se dan en el contexto de investigaciones ordinarias y federales, cualquiera sea el delito investigado, que tengan un punto de conexión con el trabajo y competencias de la UFIARM.

Como consecuencia, el documento revela que el catálogo de tipos penales en los que se prestó colaboración en este período fue variado: tenencia de arma de fuego, robo o hurto, delitos de la Ley de Estupefacientes, portación de arma de fuego, amenazas-coacción, asociación ilícita, contrabando de materiales peligrosos, desobediencia, atentado o resistencia a la autoridad, lesiones y secuestro extorsivo, entre otros.

Investigaciones preliminares

El documento elaborado por la UFIARM consigna también que, durante el segundo cuatrimestre del 2025, se iniciaron 48 investigaciones preliminares, a las que se suman otras 36 iniciadas con anterioridad que continuaban en curso al 1° de mayo pasado.

En cuanto a las jurisdicciones a donde fueron derivadas las investigaciones -ya sea remisión por conexidad o denuncia- se observa una notable incidencia de hechos investigados en la provincia de Buenos Aires (11), primariamente de carácter ordinario, seguida en este período por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3).

Dentro del universo de las investigaciones preliminares, el informe destaca los siguientes tipos penales: tenencia de arma de fuego, amenazas, coacción, falsificación y/ o uso de documento, acopio de armas y municiones, asociación ilícita, contrabando de materiales peligrosos, estafa, defraudación. Cabe tener presente que, como sucede en las colaboraciones, una investigación puede abarcar hechos que involucren más de un tipo penal.

En el ámbito de las investigaciones preliminares, los datos presentaron una configuración distinta pero igualmente relevante. Si bien una proporción significativa de las personas investigadas se encontraba inscripta ante el organismo de control (73%) una parte importante de ellas presentaba irregularidades en su condición registral, lo que determinó que una porción considerable de los investigados no estuviera legalmente habilitada para detentar armas de fuego.

Se verificaron, entonces, variaciones respecto de períodos anteriores que se explican, en parte, por el aumento de investigaciones iniciadas a partir de alertas y reportes del organismo de control, esto es, el Registro Nacional de Armas, en particular aquellas vinculadas a maniobras de desvío mediante testaferros, donde las armas permanecen formalmente registradas a nombre de usuarios habilitados, pero son transferidas de manera ilícita a terceros no autorizados, ingresando al circuito ilegal.

El informe termina reforzando una conclusión central: “una porción relevante del mercado ilícito de armas se nutre de desvíos desde el circuito legal, ya sea por vencimiento de credenciales, transferencias indebidas, utilización de testaferros o sustracciones del material. Ello pone de relieve la importancia del control administrativo, la detección temprana de indicadores de riesgo y el rastreo sistemático de la trazabilidad del armamento en cada investigación penal, con especial atención en aquellos supuestos donde hay indicios de que no se trata de un usuario aislado -como es el caso del usuario vencido que aún detenta material controlado- para intentar avanzar en la estructura criminal”.