El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comenzó el lunes pasado a juzgar a un preso condenado por narcotráfico, su madre y un transportista, acusados de formar parte de una organización criminal de carácter transnacional dedicada al tráfico ilícito y al contrabando de estupefacientes, principalmente desde la República del Paraguay hacia la localidad correntina de Itatí.
Se trata de Jorge Eduardo Espinosa -alias “Chaquito”-, identificado como presunto líder de la organización y quien se encuentra cumpliendo una condena en la cárcel federal de Resistencia por dos causas de narcotráfico en las que se le unificaron las penas; Juana Torres -madre de “Chaquito”-; y un chófer de aplicaciones identificado como Rubén Ángel María Tabares.
Madre e hijo deberán responder como presuntos coautores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de comercio, agravado por la intervención de más de tres personas. En tanto, al transportista se le imputa el delito de transporte de estupefacientes, en concurso real con el de uso de documento público falso, ambos en calidad de autor.
En la causa, también fueron condenadas otras doce personas en el marco de juicios abreviados, a penas de entre 3 y 6 años de prisión.
En agosto de 2019, Espinosa había sido condenado por el TOF de Corrientes a 7 años de prisión por el delito de facilitador para el uso de estupefacientes. Luego, en agosto de 2021, el TOF N°3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo condenó a 8 años de prisión en el marco de la “causa Sapucay”, por lo que, por contar con una condena previa, se le dictó una pena única de 10 años y 6 meses de prisión.
El debate se inició el lunes pasado ante el tribunal integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Ariel Belforte y Simón Pedro Bracco, y continuó el martes con las declaraciones testimoniales de miembros de fuerzas seguridad que intervinieron en la investigación.
El MPF se encuentra representado por el Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, con intervención de los fiscales generales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel, la auxiliar fiscal Nancy Vargas, y el auxiliar fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) en el distrito de Corrientes, Nicolás Marquevich. La instrucción estuvo a cargo del fiscal federal Flavio Ferrini y el fiscal coadyuvante coordinador de la Región Noreste de la PROCUNAR, Martín Uriona. El juicio se reanudará el próximo 20 de febrero.
La organización
Las 15 personas implicadas en la causa están acusadas de haber participado en maniobras de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes —principalmente marihuana— en sus diferentes etapas: la introducción al país, guarda, transporte y su distribución comercial. También se les atribuyen otras conductas delictivas vinculadas al sostenimiento de la estructura criminal y al manejo de los fondos obtenidos de la actividad ilícita.
De acuerdo con la investigación, la organización operó, al menos, entre el 16 de mayo de 2021 y el 3 de marzo de 2023, oportunidad en la que se concretaron allanamientos y algunas detenciones. Durante esos procedimientos, se secuestraron 215,224 y 532,450 kilogramos de marihuana respectivamente.
Conforme la prueba colectada, la droga era obtenida en la República del Paraguay e ingresada al país a través de la localidad correntina de Itatí, desde donde era trasladada hacia otras provincias para continuar la cadena de comercialización.
Según consta en el requerimiento de elevación a juicio, los investigadores individualizaron a “Chaquito” como líder de esta organización. Según la acusación fiscal, el hombre dirigía y coordinaba las maniobras delictivas desde la Unidad Penitenciaria Federal Nº 7 “Prisión Regional del Norte”, de la capital chaqueña, donde se encuentra detenido.
En relación a ello, se constató que Espinosa utilizó con esos fines un teléfono móvil personal y una línea telefónica de la unidad penitenciaria para comunicarse con su hermano, alias “Viru”, —condenado en un juicio abreviado—, quien oficiaba como nexo con el exterior, organizaba viajes a la ciudad de Corrientes, retiraba dinero y articulaba con otros integrantes de la organización.
Para la realización de estas maniobras ilícitas, “Chaquito’’ habría contado con la colaboración de su madre, Juana Torres, y su pareja, Fabiana Hermosilla —también condenada en un juicio abreviado—. Según la investigación, el hombre se contactaba con ellas para que reciban en sus respectivas cuentas bancarias o billeteras virtuales los pagos provenientes de la actividad ilícita que llevaba a cabo. Además, de acuerdo a la pesquisa del MPF, Torres realizaba transferencias de dinero, por pedido de su hijo, a cuentas de efectivos del Servicio Penitenciario Federal.
La detención del transportista
El tercer acusado en el juicio, Tabares, se encontraba prófugo de la justicia cuando fue detenido el 8 de enero de 2025. La aprehensión se produjo durante un control vehicular de la Prefectura Naval sobre la ruta nacional N°12, a la altura del kilómetro 1184 y su intersección con la ruta provincial N°113, en el acceso al paraje Tilita.
Según el requerimiento de elevación a juicio, el imputado conducía un Volkswagen Polo Trend blanco en sentido Corrientes–Posadas y no acató la orden para detención su marcha. Tras una persecución controlada por la ruta nacional 118, realizó una maniobra en “U” y, según consta en el acta, intentó embestir al móvil policial. Finalmente, el vehículo fue interceptado a la altura del kilómetro 1150.
Al descender del auto, Tabares intentó darse a la fuga haciendo movimientos como si fuera a sacar algo de la cintura, lo que motivó que uno de los efectivos le efectúe un disparo. Finalmente, fue detenido y recibió atención médica.

Más de 600 kilos de marihuana se incautaron en el baúl del auto de uno de los imputados. Foto: Unidad Fiscal Corrientes
Durante la inspección del vehículo, en el baúl se hallaron 601,575 kilogramos de marihuana distribuidos en 729 envoltorios rectangulares tipo “ladrillo” envueltos en cinta de embalar naranja, y en 66 bolsas transparentes con “cogollos”.
Luego, conforme las consultas efectuadas ante la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y las diligencias concretadas durante la instrucción, se pudo establecer que el número de chasis y motor del auto que conducía Tabares correspondían a otro vehículo de igual marca y modelo, registrado bajo otro dominio y con pedido de secuestro por robo desde el 29 de noviembre de 2023, en una causa tramitada ante la Unidad Funcional de Instrucción N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires). Los estudios técnicos pertinentes confirmaron luego que la cédula de identificación vehicular y las chapas patente colocadas eran apócrifas.
Según la investigación, dentro de la organización, Tabares cumpliría el rol de facilitar los vehículos para el transporte de los estupefacientes y su traslado hacia otras provincias.