Tras una presentación realizada por el titular de la Dirección general de Acceso a la Justicia del MPF, Julián Axat, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad –ENRE– remitió a ATAJO la información relacionada a la obra de construcción de una línea de alta tensión de 132 kw en el departamento de San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza.

En su solicitud, Axat citó los alcances de la ley 24.065, que dicta el marco normativo vigente en materia de generación, transporte y distribución de electricidad. El proyecto, que tiene un recorrido de 31 km. de extensión, afecta una zona semiurbana y de emprendimientos productivos rurales, habitada por 67 familias, en la localidad de Rama Caída. Según se desprende de la respuesta del Ente Nacional Regulador de la Energía, en el conflicto media una declaración del Consejo Deliberante de la ciudad de San Rafael, que solicitó “el análisis de trazas alternativas en la búsqueda de soluciones que provoquen el menor impacto posible en la zona bajo riego, en los distritos de Cuadro Benegas y Rama Caída”, y quien debe dar respuesta es el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la provincia de Mendoza, “que es el solicitante originario de la obra”.

Tras el reclamo formulado por dos damnificadas ante los operadores de la agencia ATAJO que funciona en Mendoza capital, Axat había solicitado que se remitiera “en función del acceso a la información pública 27.275, copias de las partes pertinentes de los expedientes N°29785/09, 30492/09, 44719/15, y todo otro expediente relacionado a la obra señalada”.

En concreto, Axat reclamó copias de las “actas de audiencias públicas de los días 8 y 20 de marzo de 2012, y de toda otra audiencia celebrada en el marco del procedimiento administrativo mediante el cual fue autorizada las obra”, y de sus convocatorias, además de las “constancias pertinentes en torno a la modificación de la traza original, y de los procedimientos y actos administrativos en virtud de los cuales se decidió la pertinencia de dicha modificación”.

La solicitud incluyó el pedido de “copia del certificado de conveniencia y necesidad pública otorgado mediante resolución ENRE N°105/2012, requerido por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de la Provincia de Mendoza; y de todo otro certificado otorgado con posterioridad” y del “informe de Impacto Ambiental expedido por las autoridades ambientales de la provincia, en virtud de los cuales se otorgó el certificado de conveniencia respecto de las ampliaciones o modificaciones introducidas a la traza original de la obra”.

En su requerimiento, el titular de ATAJO señaló que “para el caso de que se determine que los actos del transportista han resultado violatorios de la Ley y su reglamentación, se convoque a audiencia pública a fin de dictar resolución acerca de la conveniencia, necesidad y utilidad de la obra en cuestión” y se “ordene la inmediata suspensión de dicha construcción” si se constatara que los avances en la construcción del proyecto se realizaron sin el correspondiente aval legal respecto de las modificaciones introducidas a su traza original.

Notificación al fiscal

Una presentación de igual tenor fue cursada a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo sustentable de Mendoza. Asimismo, Axat remitió un detallado informe de todas las actuaciones realizadas por ATAJO y de la respuesta del ENRE al fiscal federal de San Rafael, Federico Baquioni, y puso a su disposición los recursos de la Dirección de Acceso a la Justicia, en virtud de su actuación en el expediente iniciado por la empresa constructora, y que se instruye por las servidumbres de paso para realizar las obras vinculadas al proyecto.

En su escrito, el titular de ATAJO solicitó al fiscal que debido a las oposiciones que los vecinos afectados realizaron a la obra, y que fueron formuladas ante los operadores de la Dirección de Acceso a la Justicia, “dicha información sea incorporada al expediente”.

El proyecto denominado Parque de Interconexión Libertador, se extiende entre la subestación Nihuil IV hasta una nueva Estación de Maniobras, a través de 31 kilómetros de recorrido, y es construido por la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.

El escrito enviado al ENRE recoge el testimonio de dos vecinas de la localidad de Rama Caída, afectadas por las obras, quienes manifestaron que nunca habían sido notificados en forma fehaciente de la construcción. En sus exposiciones, las damnificadas detallaron las diversas irregularidades en cuanto a la traza de la obra y sus modificaciones, y a la forma en que se notificó y llevó a cabo una de las audiencias públicas, justamente en la que debía analizarse el impacto ambiental, desarrollada el 30 de marzo de 2012 en la sede local de la UTN. Esa audiencia fue publicitada únicamente “en los diarios BAE y PAIS, de los cuales llegan solamente 7 ejemplares a San Rafael”.

En sus testimonios agregaron que el estudio de impacto ambiental llevado a cabo durante el año 2011 tiene una validez legal de sólo 2 años, por lo que cuando ellas tomaron conocimiento del proyecto, recién en 2016, el estudio se encontraba largamente vencido.

Testimonios

Las dos vecinas del Departamento de San Rafael, al sur de la provincia de Mendoza, se apersonaron en la sede de ATAJO que funciona en la capital provincial, distante a 238 kilómetros de su domicilio, para reclamar que por su intermedio se logre la inmediata suspensión de la obra de tendido eléctrico de alta tensión, debido a que su construcción sobre una zona poblada afecta a 67 familias.

Según precisaron los habitantes de la localidad sanrafaelina de Rama Caída, “esta obra sale desde la Estación Transformadora Nihuil IV, atraviesa un sector de Secano, ahí hay un campo muy grande planificado para todo un proyecto turístico, con una zona barrial”.

En su declaración brindada ante la sede de ATAJO, una de las denunciantes indicó que una de las propietarias afectadas por la traza “se ha visto muy perjudicada ya que ella salió de vacaciones y cuando regresó, encontró su campo atravesado por las columnas”.

La obra afecta proyectos turísticos, de ampliación de viviendas y construcción de cabañas, además de poner en riesgo a parrales de más de cien años y plantaciones de frutales, al tiempo que obligaría a las familias afectadas a modificar los sistemas de plantación. “Otra familia, Ottosen, tiene en funcionamiento una estación de piscicultura, donde le pasaría la línea de alta tensión por encima de las piletas”, lo que implicaría la pérdida del ingreso familiar.

La traza cruza en determinado momento de su recorrido la Ruta Nacional 143, el curso del río Diamante y se soterra finalmente en la estación transformadora de San Rafael, sobre la avenida El Libertador.

Los denunciantes ampliaron que “en ningún momento fuimos notificados correctamente de esta obra, ni consultados al respecto, jamás llamaron a ningún vecino, nadie nos informó”, lo que calificaron de “un atropello”.

Las irregularidades comprenderían la presentación de un supuesto escribano, enviado por la empresa “Distrito Cuyo U.T.E. Obras Andinas”, a realizar las correspondientes notificaciones, munido de un registro de catastro desactualizado, en el que figuraban personas fallecidas hace más de veinte años.

Además, en el acta que recoge los testimonios se aclara que “en el proyecto existen tres trazas” menos dañinas, no obstante lo cual se aplicó un cuarta traza “modificada unilateralmente”, que afecta a las 67 familias que viven en zonas semiurbanas, o rurales en explotación.