El Tribunal Oral Federal Nº1, integrado por los jueces Ricardo Basílico, Adrián Grünberg y José Antonio Michilini, por mayoría, condenó hoy al ex secretario de Obras Públicas, José López, a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito, multa del 60% del enriquecimiento e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El veredicto fue en línea con lo solicitado por el titular de la Fiscalía General Nº7 ante los Tribunales Orales Federales, Miguel Osorio.

Por otro lado, los jueces dictaron penas de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional para Andrés Enrique Galera y Eduardo Ramón Gutiérrez y 2 años, también en suspenso, para María Amalia Díaz. Fueron absueltos Celia Inés Aparicio, Carlos Hugo José Gianni y Marcos Artemio Marconi. Además, el TOF ordenó el decomiso de la totalidad del dinero y efectos secuestrados en el marco de la causa, que deberán ponerse a disposición del Hospital de Pediatrías Garrahan y del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez en partes iguales para que puedan satisfacer sus necesidades prioritarias y, de esta manera, darle a lo incautado un fin concreto de utilidad pública, de acuerdo al artículo 23 del Código Penal.

Previo a la sentencia, el Tribunal ofreció a los imputados la posibilidad de decir sus últimas palabras. López decidió no hacer uso de ese beneficio. El juicio comenzó en junio de 2018 y contó con más de 100 testigos a lo largo de su sustanciación. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 28 de agosto.

El alegato del MPF

El fiscal del juicio había requerido seis años de prisión para José López por enriquecimiento ilícito. El MPF tuvo por probada la incompatibilidad entre el dinero percibido por aquél mientras ejercía su cargo como funcionario público con el encontrado al momento de su detención, es decir los bolsos con 9 millones de dólares. La Fiscalía también pidió entonces condenas para otros cinco imputados y el decomiso de varios bienes e inmuebles.

El MPF tuvo por probada la incompatibilidad entre el dinero percibido por López mientras ejercía su cargo como funcionario público con el encontrado al momento de su detención

En su alegato, el fiscal sostuvo que López contó con la colaboración de Andrés Enrique Galera, Eduardo Ramón Gutiérrez y Carlos Hugo Gianni, quienes actuaron como interpósitas personas -comúnmente denominados “testaferros”- para disimular la incorporación de bienes a su haber, y de su esposa María Amalia Díaz, quien actuó de intermediaria para la compra del departamento y en la dirección de la obra de la casa de dique Luján. Y también de Marcos Artemio Marconi para modificar el estatuto de la empresa Marketing y Eventos y posibilitar la adquisición de tal departamento. En relación a Celia Inés Aparicio, Osorio consideró que había elementos que permitan sostener el “ánimo doloso” de la imputada de encubrir la comisión del hecho ilícito.

El fiscal general también recordó en su alegato que el artículo 36 de la Constitución Nacional, en su quinto párrafo, dispone que "atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos".

Mientras se llevaba adelante el debate, la Fiscalía a cargo de Osorio instruyó actuaciones complementarias para determinar el origen de una cantidad de dólares que tenía el número de faja y código de barras perteneciente a la Reserva Federal de Estados Unidos. La investigación arrojó que el dinero ingresó entre el 11 y 12 de octubre de 2011 directo desde el Commerce Bank al Finansur, pero no se logró determinar la trazabilidad del mismo más allá de la entidad bancaria local.