El procurador Fiscal ante la Corte Suprema, Marcelo Adrián Sachetta, dictaminó que corresponde revocar un fallo por el que se había rechazado otorgar el beneficio de retiro por invalidez a un hombre que en 2003 sufrió un accidente de trabajo. En el repaso del expediente, el representante del Ministerio Público puso resaltó que el examen realizado por el Cuerpo Médico Forense en el que se basó la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social para confirmar el rechazo plasmado en un dictamen de la Comisión Médica Central, omitió evaluar las consecuencias psicológicas que padecería el hombre. Si bien el tribunal de alzada había ordenado un examen para analizar el grado de invalidez psico-física, sólo se hizo en relación a lo físico “en mérito a la brevedad”. El resulta arrojó una incapacidad laboral permanente del 42.86%, porcentaje que no alcanza para percibir el beneficio dispuesto en el artículo 48 de  la ley 24.241, que requiere un 66% o más.

“La Cámara pretirió también el escaso nivel de instrucción del actor, quien aduce ser una persona analfabeta, además del hecho de contar con una menguada capacidad física remanente y de ser el sostén económico de su grupo familiar, integrado por su pareja y tres hijos en edad escolar. Esas circunstancias, debieron ser tenidas en cuenta por la alzada al dictar su sentencia, como lo ha sentado esa Corte [en referencia a la Corte Suprema] en casos análogos, donde declaró que, en materia de retiro por invalidez, no hay que atenerse rigurosamente al aspecto psicofísico para establecer los elementos que conforman la minusvalía previsional, tanto más frente a la edad del actor [de 51 años] y a la existencia de severas  dificultades para realizar tareas con predominio de actividad física y limitantes para superar un examen preocupacional”, señaló el procurador.

Sin perjuicio de ello, Sachetta recordó que antes de enviar las actuaciones a la Procuración General, la Corte requirió que el Cuerpo Médico Forense evalué nuevamente la incapacidad del actor, en particular a sus afecciones visuales y psicológicas, valorando factores complementarios y la posibilidad de reinsertarse en el mercado laboral. De este nuevo examen, surgió que el hombre “presenta una incapacidad laboral parcial y permanente del 68.99% de la total obrera que le  impide el desarrollo de sus tareas". El procurador entendió que “reuniría el requisito de una incapacidad igual o superior al 66% de la total obrera, a los efectos de poder acceder al retiro por invalidez peticionado, máxime, frente al carácter alimentario de los derechos en juego y al deber de los jueces de actuar con extrema cautela cuando se trata de evaluar peticiones de esta Índole”.