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Las maniobras consistían en la habilitación de la tarifa social en Tarjetas SUBE respecto de personas que no habrían estado al tanto ni prestado conformidad para tal trámite. El objetivo era venderlas a terceros que no reunían los requisitos para acceder al beneficio.

Fue a través de una presentación al subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.

Mediante una resolución, la cartera que dispuso los incrementos tarifarios solicitó al Ente Regulador de la Electricidad que incluya a las parroquias y sus centros de asistencia social en el beneficio que dispone la ley 27.718.