El titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia, Julián Axat, efectuó una presentación ante el subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria del Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MinEM), Ingeniero Andrés Chambouleyrón, a fin de requerirle la ampliación del listado de beneficiarios de la tarifa social de servicios públicos. El escrito surgió de los testimonios de usuarios de servicios públicos que se presentaron en las distintas Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJOs), que dieron cuenta de las dificultades que padecen para afrontar los aumentos, así como también para cumplir los requerimientos exigidos para acceder a la tarifa social.

Así, Axat sugirió “la necesidad de ampliar el listado de benefeciarios, contemplando especialmente la situación de los inquilinos de pequeñas propiedades o hasta un monto de canon locativo a determinar; los monotributistas comprendidos en las categorías B, C y D, cuyos ingresos son similares a los monotributistas sociales; los casos de las familias numerosas, y los usuarios de inquilinatos/conventillos con medidor único de electricidad, etc.".

Además, indicó que "resulta necesario dar tratamiento igualitario a la totalidad de los vecinos de cada barrio vulnerable sin discriminación alguna, ya que todos en su conjunto habitan en similares condiciones de pobreza y precariedad. Se trata de una situación fáctica homogénea y común que atraviesa a los usuarios que habitan en los mismos, por lo que correspondería extender su inclusión automática a la tarifa social".

En el documento, Axat concluyó que “Es un derecho esencial de los ciudadanos acceder a aquellos bienes que le permitan gozar de un estándar de vida digno, de modo de cubrir sus necesidades indispensables (vivienda digna, adecuada alimentación, atención de la salud, servicios públicos de calidad, entre otros)".

Garrafa social

En el día de ayer, el ATAJO que funciona en Mar del Plata recibió un reclamo del Centro Integral Nuestra Señora del Luján, respecto a la dificultad que reviste acceder a la garrafa social, ya que allí existe un solo punto en el que se puede acceder a las garrafas de 10 kgs. a $53.70, a pesar de que el Ministerio de Energía y Minería de la Nación tiene previsto dos lugares más. Asimismo, deberían existir otros cuatro puntos de venta, para adquirir las garrafas a $97 pesos, pero estos se encuentran en las afueras de la ciudad, por lo que el traslado resulta dificultoso o inaccesible.

Además, sostuvieron que no se reparten las garrafas en los barrios más vulnerables de la ciudad, lo cual general pronunciadas subas en los costos del bien, dado que el precio es fijado libremente por los comerciantes, por lo que se ven perjudicados personas beneficiarias de programas sociales, ancianos o jefas y jefes de familia que no poseen empleo formal ni ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades elementales.

Si bien los beneficiarios de programas sociales cuenta con el subsidio del programa Hogares con Garrafa (HoGar), el monto del mismo es de $154 mensuales, los cuales resultan insuficientes para afrontar la compra de garrafas.

Por otra parte, los representantes del Centro Integral Nuestra Señora del Luján se refierieron a los problemas que padecen quienes asisten al único punto de venta: el horario de atención es reducido, las personas hacen largas filas durante horas para conseguir una sola garrafa y no se les brinda el trato mínimo, conforme a la Ley de Defensa del Consumidor.

En base a la presentación, la Dirección General de Acceso a la Justicia realizaró una presentación ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que se regularice la situación.