La Fiscalía de Flagrancia de Salta, a cargo del fiscal Francisco Snopek, formalizó la acusación contra dos productores de la provincia por el delito de encubrimiento agravado, al considerar la existencia suficiente de elementos que acreditan que ambos transportaron y recibieron rollos de madera de bosque nativo pertenecientes a ejemplares protegidos en Reserva Nacional de General Pizarro.

En la audiencia de formalización de la investigación los dos acusados aportaron detalles de las irregularidades, se refirieron a rivalidades con una comerciante de la zona y reclamaron una solución socioeconómica para la comunidad aborigen instalada en un sector de la reserva.

Bajo la presidencia del juez Federal de Garantías 2, Miguel Medina, Snopek presentó la acusación contra Juan Carlos Mateo, propietario de un aserradero, y Francisco Barbero, quien posee hornos carboneros en esa localidad ubicada en el sur de la provincia, a unos 268 kilómetros de la capital salteña.

El fiscal indicó que las actuaciones se iniciaron por la denuncia de Nicolás Maioli, intendente de la Reserva Nacional Pizarro, organismo dependiente de la Administración Parques Nacionales, quien reveló la tala selectiva de ejemplares de bosque nativo en el Lote 1 de ese predio, el cual está protegido en su flora y fauna. De acuerdo a la acusación, el 5 de noviembre pasado tanto Barbero como Mateo transportaron y recibieron rollos de madera de bosque nativo pertenecientes a ejemplares protegidos en Reserva Nacional de General Pizarro. El MPF agregó que Parques Nacionales constató el traslado de los árboles desde la reserva a los domicilios de los dos acusados.

Snopek sostuvo que Mateo y Barbero recibieron los rollos sin las respectivas guías ni el martillado correspondiente, requisito que reflejaría su procedencia de una explotación forestal permitida. Señaló, en vista de ello, que se produjo un grave daño a la reserva nacional, pues se extrajeron ejemplares protegidos por ley. En este sentido, remarcó que los acusados conocían el origen ilegal de los árboles.

Conducta

En vista de esta conducta, el fiscal señaló que se incurrió en el delito de daños, el cual se agrava por tratarse de bienes perteneciente al Estado Nacional, aunque aclaró que “no se les achaca a los acusados haber provocado el daño, sino haber recibido estos ejemplares extraídos del lugar, por lo que estamos ante un encubrimiento calificado”.

“No se les achaca a los acusados haber provocado el daño, sino haber recibido estos ejemplares extraídos del lugar, por lo que estamos ante un encubrimiento calificado”, indicó el fiscal.

Snopek indicó que los ejemplares talados pertenecen al Lote 1 de la reserva, donde está asentada la comunidad Wichi “Eben Ezer”, que tiene un contrato comodato con Parques Nacionales para ocupar una determinada área y desarrollar tareas autosustentables. Al respecto, indicó que existía una zona demarcada para ello.

Por el contrario, la extracción los ejemplares se realizó en una zona prohibida, en donde no puede ingresar la comunidad Wichi y mucho menos los acusados. Para sustentar su acusación, el fiscal expresó contar con fotografías, testimoniales, informes de Parques Nacionales, mapas satelitales en los que se observa la degradación de los bosques, reportes de guardaparques y otras pruebas documentales.

Atento al delito en investigación, la fiscalía solicitó como medida de coerción, y por un plazo de seis meses, el compromiso de los acusados de estar prestos a cumplir con las diligencias del proceso, como así también la prohibición de concurrir, por sí o por terceros, al Lote 1.

Relevamiento

Por otra parte, Snopek solicitó el aval del magistrado a fin de que Parques Nacionales lleve adelante un censo de los árboles nativos protegidos en el Lote 1, y para ello requirió la colaboración de Gendarmería Nacional en vista del grado de conflictividad que puede llegar a originarse.

Con la asistencia de Gendarmería, en materia de traslado y cobertura de seguridad, el fiscal espera que los funcionarios de Parques Nacionales puedan llevar adelante esta medida probatoria, que será desarrollada en febrero próximo.

Respecto a las especies dañadas, la fiscalía señaló que se trata de 57 árboles de quebracho blanco y colorado, palo santo, molle y varillas de duraznillo. Cabe señalar, al respecto, que la reserva posee poco más de 2 mil hectáreas, sobre las cuales la comunidad tiene autorizado -mediante contrato de comodato- realizar tareas autosustentables en un sector de 1.071 ha, en las cuales ya no habría árboles nativos ni otros materiales para explotar.

Los acusados

Tras ser anunciado por la defensa oficial, Mateo, uno de los acusados, declaró que se proveía de madera procedente de Chaco, aunque posteriormente aparecieron aborígenes de la comunidad Wichi en su aserradero, quienes le ofrecieron madera para venderle, a la vez que dijeron que no tenían qué comer.

“Para no darle la plata así nomás, es que accedí a comprarle la madera”, adujo Mateo en referencia a dos viajes de 14 y 12 rollos.  Además enfatizó en la dura situación social que atraviesa la comunicad y refirió haber presentado un proyecto para revertir la situación, pero no tuvo respuestas. Barbero, en tanto, declaró en la misma sintonía que Mateo. Ambos reconocieron la compra de los elementos extraídos, pero aseguraron que desconocían que provenían de una zona prohibida, como así también apuntaron contra una comerciante de esa localidad quien estaría aprovechándose de los productos que elaboran los aborígenes. Así, con quejas al estado y reconocimiento parcial de los hechos, los acusados se mostraron dispuesto a colaborar con la fiscalía.

El juez Medina dio por formalizada la investigación por el delito de encubrimiento agravado, dispuso la libertad de Mateo y Barbero -sujeta al cumplimiento de las reglas de conducta esgrimidas por la fiscalía-, y avaló el censo requerido por Snopek.