Hoy, se cumple un nuevo aniversario del atentado terrorista a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 provocó la muerte de 85 personas. El ataque al edificio de Pasteur 633 se tradujo en una diversidad de expedientes judiciales que, 22 años después, siguen en trámite, e incluso llevó a la realización de un juicio oral que en 2004 terminó con la absolución de todos los acusados. En agosto del año pasado, comenzó un nuevo debate oral y público. Pero en esta oportunidad, no se evalúa la responsabilidad de los imputados en el ataque, sino su participación en el encubrimiento y desviación de la investigación del atentado: la máxima autoridad del Poder Ejecutivo a la fecha de la voladura, el entonces presidente Carlos Menem; el juez federal que encabezó la pesquisa hasta su apartamiento y posterior destitución, Juan José Galeano; el ex jefe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Hugo Anzorreguy, y funcionarios y ex agentes de esa dependencia; los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; el ex reducidor de autos Carlos Telleldín, su pareja Ana Boragni, y el abogado Víctor Stinfale; el presidente de la DAIA, Rubén Beraja, y el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, son algunos de los exponentes del amplio espectro de poderes del estado, fuerzas de seguridad e inteligencia y sociedad civil que están siendo juzgados ante el Tribunal Oral Federal N°2 por una variedad de delitos, entre ellos encubrimiento, violación de medios de prueba, falsedad ideológica, prevaricato, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público y peculado. En representación del Ministerio Público Fiscal intervienen los co-titulares de la UFI AMIA Roberto Salum, Sabrina Namer y Leonardo Filippini, junto a los fiscales ad-hoc Fernando Comparato y Miguel Yivoff.

A lo largo de las 44 audiencias realizadas hasta ahora, declararon más de 50 personas, entre acusados, familiares de víctimas y testigos. “No me arrepiento ni un solo día del pago, así demostramos la corrupción del juez y de los fiscales”, sostuvo Telleldín, acusado como partícipe necesario de peculado: es decir, de cobrar 400.000 dólares a cambio de brindar una falsa versión de los hechos imputando en el atentado a los policías bonaerenses Juan José Ribelli, Anastasio Irineo Leal, Raúl Edilio Ibarra y Mario Norberto Bareiro. Su por entonces esposa, Boragni, dijo en la indagatoria que “todos fuimos títeres de un gobierno corrupto” y relató cómo fue el cobro del dinero en dos etapas. Su abogado Víctor Stinfale se negó a declarar, al igual que el sindicado como autor de esa conducta Anzorreguy, que consiste en la sustracción ilegítima de caudales pertenecientes al Estado Nacional para darle un destino no previsto legalmente en sus atribuciones.

Menem y Galeano, por su parte, también se negaron a declarar. El ex subsecretario de la SIDE Juan Anchézar y el agente Patricio Finnen lo hicieron en audiencias sin público, en una modalidad que se repitió en las ocasionesen que otros testigos-miembros de esa agencia de inteligencia dieron su testimonio. Por su parte, los ex representantes del Ministerio Público Fiscal, Mullen y Barbaccia, coincidieron e insistieron en que en esa audiencia, celebrada el 10 de septiembre del año pasado, estaba presente “la conexión local del atentado”.

El ex titular de la DAIA Rubén Beraja consideró que la “pista siria” o “Kanoore Edul” que se habría dejado de lado al comienzo de la pesquisa del atentado por un mandato presidencial -tal es una de las hipótesis acusatorias- fue “una instalación” del ex director general de Operaciones de la SIDE Antonio Stiuso. A Beraja se lo acusa de prestar “un efectivo respaldo al irregular trámite de la investigación judicial” desde su posición de máxima autoridad de la mencionada institución, que actuaba como acusadora particular, y como partícipe necesario del pago de los 400 mil dólares a Telleldín.

Testimonios

La etapa de producción de prueba testimonial comenzó con la declaración de Juan José Ribelli; el ex comisario y ahora abogado interviene como querellante por haber estado detenido por más de ocho años hasta su absolución en 2004, y en representación de los también ex agentes Anastasio Irineo Leal, Raúl Edilio Ibarra y Mario Norberto Bareiro. “Desde el inicio sostuve que era una conspiración que venía desde lo más alto del Poder Ejecutivo”, señaló.

Sergio Burstein, quien participa en el debate como querellante a través de la Asociación 18J de Familiares, Sobrevivientes y Amigos de las Víctimas, fue tajante: “Durante diez años, nos taladraron la cabeza. No podíamos creer que quienes nos debían decir lo que pasó nos mintieran”, aseveró en noviembre del año pasado.

En la primera audiencia de este año, Jorge Lew -integrante de Memoria Activa, otra de las querellas- refirió que un día después del acto por el tercer aniversario del ataque, lo llamó el presidente de la AMIA y le dijo que con Beraja habían ido a pedir disculpas a la Casa de Gobierno “por el elevado tono del discurso”; por otro lado, dijo que los abogados de Memoria Activa les informaban que en el juzgado de Galeano “no les permitían acceder” al expediente, pero sí a los letrados de la AMIA. Días después, brindaron su testimonio las también miembro de Memoria Activa Diana Malamud y Adriana Reisfeld: la primera contó que en el primer contacto que tuvieron con el ex magistrado, les dijo que “la justicia no estaba preparada y los jueces no sabían sobre terrorismo”. “Todos los que están acá, todos estos grandes funcionarios de la comunidad argentina, son la conexión local. No pusieron la bomba, pero no quisieron que sepamos la verdad”, aseveró a su turno Reisfeld, lo que despertó aplausos entre el público de la sala ubicada en el subsuelo de los tribunales federales de Comodoro Py.

…y falso testimonio

Las reticentes y contradictorias respuestas del ex agente de la División Protección al Orden Constitucional (DPOC) y el Departamento Unidad Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal, Eduardo Aguilera, llevaron a la UFI AMIA a solicitar su detención por falso testimonio.

Los jueces dieron curso al pedido de la representación del MPF formulado al término de la declaración: Aguilera negó haber observado los videos en el que se ve a Juan José Galeano con Carlos Telleldín en el juzgado federal, y aseguró haber tomado conocimiento de ellos a raíz de su difusión en los medios de comunicación años después. Y a pesar de haber estado abocado por casi diez años a la investigación, manifestó que la revelación de las grabaciones no fueron motivo de comentario entre sus compañeros de trabajo. El ahora comisario retirado y abogado ya había sido interrogado al respecto en el primer juicio -el que terminó en 2004-, pero en ese debate oral y público sí había dicho que le fueron exhibidas las imágenes.

Cada audiencia celebrada en la Sala AMIA de los tribunales federales de Retiro -denominación que obtuvo por la realización del primer juicio a comienzos de la década pasada- es seguida atentamente por familiares y amigos de víctimas y sobrevivientes. Ellos y las partes intervinientes no pierden de vista los elementos que puedan aparecer durante el transcurso del debate y sean de utilidad, tanto para la investigación del atentado perpetrado hace 22 años, como para el esclarecimiento de la línea investigativa según la cual las maniobras juzgadas tuvieron por finalidad proteger y encubrir a Alberto Jacinto Kanoore Edul.