El juicio por el encubrimiento y la desviación de la investigación del atentado a la AMIA continuó ayer, con una audiencia en la que declaró el periodista Roman Lejtman y el entonces funcionario del Servicio Penitenciario Federal Anselmo Galeano. En representación del Ministerio Público Fiscal, intervinieron los cotitulares de la Unidad Fiscal AMIA Roberto Salum y Sabrina Namer, junto al fiscal ad-hoc Miguel Yivoff. El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°2.

A preguntas de la querella representada por Juan José Ribelli, Lejtman contó que “un miembro del gobierno nacional" le ofreció "400.000 pesos/dólares para que haga la edición del libro”. Según contó el periodista, el ofrecimiento se produjo en un almuerzo en Puerto Madero.

Luego de un breve cuarto intermedio para que los jueces determinen si el testigo debía o no decir de qué funcionario nacional se trataba, Lejtman relató que la idea de editar el libro con la Editorial Sudamericana se había caído luego de una reunión que tuvieron con Victor Stinfale y la editora en la que no se llegó a un acuerdo económico. Según el testigo, la idea era hacer un texto con algunos capítulos destinados al estado de la investigación del atentado, y otra parte estaría destinada a un reportaje a Carlos Telleldin. En este sentido, manifestó que varias veces lo vio al reducidor de autos y que la relación con él fue gracias a Víctor Stinfale.

Todas las partes hicieron uso de su palabra, y en respuesta, el periodista contó “estabas en una constante tensión. El gobierno nacional desviaba la atención a la Provincia de Buenos Aires (…) lo que había que ver era si era una desviación del gobierno, para que no se concentre en ellos la responsabilidad (…) la intención de desviar la atención para involucrar al gobierno de Duhalde”. Y agregó: “Lo que el gobierno no quería era una investigación puntual sobre el gobierno Sirio”.

Roman Lejtman declaró durante varias horas y también hizo referencia al vínculo de Telleldin con la Policía Bonaerense: “Había una relación con alguna facción de la Policía donde hacía negocio”. Y refirió: “Para mí, la (traffic) se la entregó a alguien de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y no puedo decirles si a quien le dieron la traffic, sabía el destino final”.

Sobre la “fuente”

A partir de los dichos del testigo respecto a que un funcionario del entonces gobierno nacional (“la fuente”) le había ofrecido los 400.000 pesos/dólares para la edición del libro de Telleldin, las partes debatieron respecto si debía o no revelar el nombre de aquella persona.

Por su parte la UFI AMIA argumentó que el funcionario no era una fuente porque lo convocó a Lejtman para hacerle un ofrecimiento. El derecho a resguardar la identidad no es absoluto y debe caer ante casos excepcionalísimos como éste. “El atentado a la AMIA es un delito de lesa humanidad. La Argentina se comprometió a esclarecer los hechos  y ya pasaron 21 años”, afirmaron.

El Tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves, pero no dio fecha aún de cuando se resolverá si debe o no el periodista Roman Lejtman revelar el nombre de aquel funcionario.