En línea con lo solicitado por los titulares de la Unidad Fiscal AMIA, Roberto Salum y Leonardo Filippini, junto al fiscal federal Ramiro González, el juez Sebastián Ramos clausuró la etapa de instrucción y envió a juicio oral la causa en la que el ex comisario inspector de la policía bonaerense, Luis Ernesto Vicat, y la abogada Marta Nélida Parascándolo, están acusados del delito de coacción sobre policías bonaerenses para que declaren en contra de Juan José Ribelli, como parte de la maniobra para desviar la investigación del atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 dejó 85 muertos.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal habían señalado en el requerimiento de elevación a juicio que los hechos imputados habrían consistido en ejercer, de modo reiterado, presiones sobre los agentes Alberto y Diego Barreda, Bautista Huici, Claudio Araya y familiares y Juan Roberto Maisú, con la finalidad de obtener declaraciones falaces en la investigación de la voladura, por entonces a cargo del juez Juan José Galeano. En ese sentido, hicieron hincapié en que, en todos los casos, las intimidaciones aprovecharon la posición de relativa vulnerabilidad de las personas afectadas -que se encontraban detenidas por orden de Galeano- y fueron ejercidas con conocimiento y determinación, bajo la amenaza concreta de hacer pesar sobre ellas consecuencias sobre su libertad, trabajo, salud o dignidad.

En este expediente estuvo imputado, hasta su fallecimiento en enero, el juez de casación de la provincia de Buenos Aires Federico Domínguez, a raíz de su actividad para la fecha de los hechos como funcionario de la Secretaría de Seguridad de esa provincia. Vicat, por su parte, habría intervenido en su carácter de Comisario Inspector de la Policía al frente del Área Especial que dependía de la Secretaría de Seguridad. En tanto que Parascándalo lo habría hecho en su rol de defensora particular.

Asimismo, los fiscales destacaron que los hechos fueron cometidos en el marco de una maniobra global de desvío de la pesquisa, para lo que se buscaba generar pruebas falsas. De hecho, Barreda, Huici y Araya estuvieron imputados hasta su absolución en 2004, dictada por el Tribunal Oral Federal N°3 al término del primer juicio.

“Sin perjuicio de que las víctimas del actuar endilgado no declararon de la manera pretendida, es decir, inculpando a Juan J. Ribelli en el atentado de la sede de la AMIA, es que el delito igualmente se consumó, toda vez que las víctimas o sus familias , fueron los destinatarios de las coacciones ejercidas y esta situación generó en ellos una situación atemorizante a la que nunca debieron ser sometidos”, señaló el magistrado Ramos en su resolución.

Un juicio ya en curso

Actualmente se está llevando adelante -desde 2015- el debate por las irregularidades en la investigación del atentado, en el que están acusados el ex presidente Carlos Menem, el ex director de la SIDE Hugo Anzorreguy, Galeano, los ex fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen y el ex presidente de la DAIA Rubén Beraja, entre otros. Allí, el propio Maisú apuntó contra Vicat; Huici contra Domínguez, en tanto otro ex policía aseguró que “la cadena de responsabilidades fue el gobierno de turno, Galeano y Vicat”.