En el marco de las acciones dirigidas a recabar información de interés para la investigación del atentado, los titulares de la UFI AMIA habían solicitado en abril de 2016 el auxilio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación para avanzar en pedidos de desclasificación de documentos reservados de otros estados. Luego de una reunión de trabajo, la Cancillería manifestó no tener objeciones a brindar la colaboración pedida y solicitó a la UFI una nómina de los estados a consultar. A partir de un relevamiento asociado a esta consulta, en agosto de este año la UFI transmitió al ministerio una primera nómina de países cuyo involucramiento en la investigación surgía del análisis documental llevado a cabo por el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (GERAD) de la unidad.

Más tarde, la Cancillería requirió a la UFI evaluar la posibilidad de acotar los pedidos de información, a fin de optimizar la tarea. A raíz de ello, la UFI AMIA identificó una serie de asuntos de interés que puso a disposición, aunque reiteró el carácter necesariamente abierto de la solicitud y de la petición de desclasificación, en virtud de la obligación estatal de desplegar una investigación seria y eficaz del atentado.

Entre los asuntos individualizados, la UFI destacó que el propio expresidente de la Nación Carlos Menem había reconocido la intervención de agencias de Estados Unidos de Norteamérica, España e Israel y señalado que el canciller Guido di Tella accedió a los informes de las embajadas de distintas potencias, lo que debería permitir, en principio, ordenar una búsqueda sobre la base de los registros de la cartera. Otros miembros del cuerpo diplomático argentino declararon ante la unidad respecto de informaciones y actividades investigativas concretas, por lo que la UFI pidió que se solicite la puesta en marcha de un proceso de desclasificación a favor del Estado argentino, al menos, con relación al material extranjero vinculado a estas indicaciones de los funcionarios nacionales. Estas declaraciones fueron revisadas o recibidas de acuerdo al plan de trabajo que la unidad hizo público en julio pasado.

La UFI también revisó y agregó como prueba documental a la causa más de un centenar de documentos liberados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica y pidió al ministerio avanzar en un pedido de desclasificación plena de alrededor de 20 de estos documentos que fueron publicados pero con testados parciales. Los fiscales hicieron notar asimismo que existiría material de interés referido en textos académicos que tampoco ha sido incorporado a la investigación y que consecuentemente podían pedirse.

En términos generales, observaron asimismo que el Sr. Presidente de la Nación en su primer discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas había mencionado la necesidad de una mayor colaboración internacional para el esclarecimiento y castigo a los culpables del atentado, por lo que también eran de interés los resultados de los esfuerzos que se encarasen bajo tales lineamientos. La reciente Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública, según explicaron, podría servir como marco de reciprocidad útil al avance de los pedidos, en tanto no opone excepciones al deber de informar en casos de graves violaciones a los derechos humanos.

El impulso al acceso a la información en poder de otros estados, a su vez, refleja expectativas concretas de algunos familiares y víctimas del atentado y se enmarca en el actual trabajo de registro y ordenamiento de varios fondos documentales antes reservados y que hoy, en parte gracias a este trabajo, son accesibles a todas las partes, tal como se describió en el reciente informe de los fiscales sobre el proceso de desclasificación de información reservada o secreta sobre el atentado de 1994 y su encubrimiento: https://www.mpf.gob.ar/blog/ufi-amia-informe-sobre-el-proceso-de-desclasificacion-de-informacion-reservada-o-secreta-sobre-el-atentado-de-1994-y-su-encubrimiento/