En octubre de 2016, la UFI AMIA había solicitado la colaboración de la Unidad Especial de Investigación AMIA (UEI) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a fin de que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) efectuara un relevamiento de sus archivos, documentación y bases de datos en busca de información de interés para la investigación del atentado contra la sede de la AMIA y sus procesos conexos. El pedido se presentó luego de que en el juicio por el desvío de la investigación actualmente en curso ante el Tribunal Oral Federal 2 los ex agentes Juan Alberto Cid y Mario Moreno explicaran que la custodia de Carlos Telleldín durante su encierro en la cárcel de Devoto había sido encomendada a personal de inteligencia penitenciaria.
La solicitud de la UFI AMIA, sin embargo, no fue contestada todavía, por lo que el pedido fue reiterado el 5 de junio de 2017. Los fiscales, además, requirieron ahora directamente a la Dirección Nacional del SPF la nómina del personal de inteligencia que prestó funciones en los establecimientos penitenciarios donde permaneció alojado Carlos Telleldín durante el término de su detención, el organigrama del cuerpo de inteligencia penitenciaria vigente entonces y el detalle de las autoridades a su cargo, disponiendo la desclasificación de todos aquellos documentos, archivos y/o bases de datos necesarios para contestar este requerimiento.
Por otra parte, la UFI AMIA solicitó a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) conocer si el plan de inteligencia e informes anuales sobre actividades que la Ley de Inteligencia Nacional obliga a rendir ante la Comisión Bicameral de Fiscalización desde el año 2001 habían sido efectivamente presentados. Para el caso afirmativo, se requirió que se remitan copias de todos aquellos fragmentos que guarden algún tipo de vinculación con la investigación del atentado y sus procesos conexos. Esta información fue desclasificada en marzo de 2015 por el decreto 395/2015, pero no existe constancia de que haya sido puesta a disposición de la unidad junto a los más de 2 mil metros lineales de documentación que hoy son analizados por el Grupo Especial de Análisis y Relevamiento Documental (GERAD).
Estos tres pedidos obedecen al interés por ampliar, a pesar del tiempo transcurrido, el soporte documental de lo actuado en la investigación a fin de facilitar las posibilidades del empleo judicial con control de partes de esta información. Estos requerimientos puntuales se suman a otros similares y todavía pendientes, tal como el efectuado a Cancillería respecto de la información todavía reservada o confidencial en poder de otros estados o los formulados al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso para que ordenen un relevamiento comprensivo de toda la administración pública nacional.