“Yo sólo quise hacerle un favor. Soy madre como ella”, dice Susana Rodríguez, 38 de edad, con la mirada clavada en algún punto fijo de la pared del cuarto que comparte con sus cuatro hijos, apenas decorada con un póster del Indio Solari. Los pocos metros cuadrados de la habitación situada en el sector más pobre de la villa 31, contiguo a la terminal de ómnibus y la estación cabecera del ferrocarril San Martín, no le permiten alejar demasiado la vista; apenas lo suficiente como para concentrarse en aquel fatídico día del año 2012.

El bendito “favor” consistía en entregar en la sucursal Parque Patricios del Correo Argentino, una encomienda que la vecina de la villa que le pidió ayuda, nacida en Perú, no podía despachar “porque le piden DNI argentino, me dijo, y yo le creí”. Susana no sabía que dentro del paquete que la mujer le entregó listo, con la dirección del destinatario ya anotada en la caja, había, además de los parlantes para computadora, las camaritas de PC y un par de auriculares, una carga de estupefacientes, con destino a Canadá, adonde supuestamente vivía el hijo de la vecina, en plan de estudios. “Ella me abrió la caja y me mostró todo, pero cómo voy a saber que abajo estaría la porquería esa”.

De todo eso, sin embargo, no supo hasta un mes después del trámite en la sucursal de la avenida Caseros, cuando un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria irrumpió en la casa de su madre, en el barrio Güemes (otro sector de la misma villa 31). Los oficiales buscaban a Susana para notificarla de una urgente citación al Cuerpo Médico Forense en el marco de una causa penal en trámite ante la Justicia Nacional en lo Penal Económico, iniciada luego de que el envío postal de Susana fuera escaneado en la aduana de Ezeiza. La caligrafía de la mujer, sus datos personales y hasta la dirección que figuraba en su Documento de Identidad constaban en el formulario de declaración de envío, que la remitente debía completar con su puño y letra antes del despacho. Desde la mañana en que la vecina la llevó en taxi hasta la oficina del Correo, Susana no la volvió a ver más por la villa 31, ni supo más de ella, aunque presume que regresó a su país.

“Nunca me imaginé tener problemas con la Justicia, y menos por drogas”, relata. Hija de un matrimonio de trabajadores, él encargado de edificios y ella ama de casa, Susana siempre vivió de su esfuerzo personal. A pesar de sus múltiples contratiempos, la mujer insiste en criar bajo ese mismo concepto a sus cuatro hijos, de 7 años, mellizos de 8 y la mayor, a punto de cumplir 10.

Si bien nació en San Isidro, provincia de Buenos Aires, hace cuatro años que vive en el Barrio San Martín, tras un periplo que se inició en Córdoba, y culminó en la villa de Retiro luego de la separación de sus padres. “Él es portero en un edificio de Palermo y tiene mujer e hijos con otra señora; mi mamá, no. Ella quedó sola –cuenta Susana-. Pero los dos me ayudaron. Mi papá me armó esta pieza, con mucho esfuerzo”.

Desde hace algún tiempo, Susana es parte del plantel de mujeres que aprenden oficios y los enseñan a sus vecinas, en el Programa “Ellas Hacen”, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Fue durante una actividad de difusión del Programa que el equipo ATAJO de la villa 31 realizó ante esas mujeres cuando Susana advirtió la posibilidad de que ese dispositivo de acceso a la Justicia, creado por el Ministerio Público Fiscal, la ayudara a solucionar el grave problema legal que no la dejaba dormir tranquila desde hacía dos años.

El doble aporte de ATAJO

“Yo tenía miedo que al salir de casa me detuvieran, y mis hijos quedaran solos, sin mi protección”, dice. Cuando se acercó a Lucía Battistuzzi, por entonces coordinadora del ATAJO de la villa de Retiro, Susana sólo le pidió que averiguara en qué estado se encontraba la causa.

La abogada de ATAJO recuerda que “cuando llegó estaba muy angustiada porque desde hacía algún tiempo se había desvinculado de los abogados que la asesoraban. Tenía miedo de caer presa”. Susana se justifica: “Mi mamá se enfermó de cáncer. Y yo tenía que ocuparme de ella, y de los cuatro chicos. No tenía tiempo para ir a Tribunales”.

Lo primero que hizo ATAJO fue comunicarse con la Cámara Federal para ratificar la identidad de la mujer, certificar la causa y conocer en qué situación procesal se encontraba Susana. Inmediatamente después, averiguaron los datos de la defensoría actuante y pusieron a la mujer en contacto con su letrado, a cargo de la Unidad de Letrados Móviles en lo Penal Económico N° 2.

En la defensoría oficial, los funcionarios le informaron que Susana debía comunicarse en forma urgente con su abogado, porque para la Justicia la mujer se encontraba en rebeldía y si continuaba sin ponerse a Derecho su situación procesal podría agravarse aún más.

Al mismo tiempo, la defensoría requirió de ATAJO un aporte concreto: la elaboración de un informe social en conjunto para presentar al tribunal de la causa. Así se hizo. Ese informe logró que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 dictara la eximición de prisión bajo caución de notificarse semanalmente en la defensoría.

La contribución de ATAJO fue doble. En primer lugar, al sistema de administración de Justicia, porque hizo lo que estuvo a su alcance para que la mujer, hasta entonces procesada por un delito federal, se pusiera a disposición de la Justicia; y en segundo orden, a Susana, porque hizo valer su condición de inocente hasta tanto no se probara lo contrario e incuestionablemente víctima de un sistema de exclusión.

Tras el informe social, la defensoría pidió que el Programa ATAJO participara en calidad de testigo de conducta en el marco del juicio oral que se celebraría a los pocos días en los tribunales de la calle Inmigrantes. El testimonio, creía el defensor, podría ser tomado como atenuante en caso de que el fiscal solicitara una pena para Susana.

Durante la declaración, la abogada de ATAJO recordó la manera en que la mujer se acercó al Programa, y destacó que a pesar de la acuciante situación judicial y la angustia que eso le generaba sus hijos nunca faltaron al colegio. En la exposición, Battistuzzi refirió, además, que Susana realizaba changas y asistía a un Programa asistencial, dependiente de la cartera de Desarrollo Social de la Nación, donde tomaba cursos de ajedrez (actualmente es profesora de ajedrez de niños) y otros sobre refacción de hogares, que dicta el gobierno porteño. La abogada, quien durante su declaración fue acompañada por el coordinador del área jurídica del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Gerardo Fernández, enfatizó la condición de mujer pobre, madre soltera, único sostén de hogar y trabajadora precarizada de Susana.

Días después de la audiencia, funcionarios de la defensoría informaron a ATAJO que el fiscal de actuación había desistido de su acusación. El Tribunal Oral, a su turno, absolvió de culpa y cargo a la mujer.

“Lo que más me impresionó del día del juicio fue que el juez me dijo que me entendía porque él también había vivido en una casa muy pobre cuando era chico”, recuerda Susana, entre emocionada y sombría por el miedo en que vivió durante casi tres años, y la ayuda que recibió del lugar donde menos lo esperaba: la Justicia.