En la tarde de ayer ATAJO participó de la reunión de la Mesa de Emergencia Eléctrica en Villas que convoca periódicamente la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La intervención de la Dirección de Acceso a la Justicia obedece al reclamo que días atrás formularon en la agencia ATAJO de Barracas el presidente y la vicepresidenta de la Junta Vecinal de la villa 21-24, Cristian Heredia y Lorena Carol Martínez Galos.

Los delegados comunitarios se quejaron por los continuos cortes de suministro de energía eléctrica que se registran en la villa de Barracas y que afectan mayormente las manzanas 1 a 6. Los cortes, que recrudecieron en las últimas semanas, se realizan entre las 18 y las 23 horas, lo que hace presumir que son programados no obstante lo cual los vecinos y vecinas nunca son notificados de las interrupciones.

En la reunión, los referentes barriales sostuvieron que los cortes se realizan en el momento del día que registra más demanda de consumo. “Uno cruza la calle Luna, sale de la villa, y ya hay luz, o sea que las plantas de las empresas que rodean la villa y el resto del barrio de Barracas no es afectado, sino sólo las familias de la 21-24”, agregó la directora de la fundación Temas, Paz Ochoteco, cuya ONG anima seis programas comunitarios en la villa de Barracas y fue invitada a participar de la reunión por la Junta vecinal.

Los referentes barriales y la directora de Temas coincidieron al momento de enumerar los perjuicios que generan los cortes, y que agravan la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de familias de escasos recursos: afectación de la cadena de frío en los alimentos de los comedores, daños en los artículos eléctricos de las casas, imposibilidad de los niños de realizar sus tareas escolares al regreso de las clases, dificultad para el uso de calentadores de agua que funcionan con electricidad y que constituyen la única fuente de calor en las viviendas, entre otros.

En la Mesa de Emergencia Eléctrica en Villas confluyen referentes de los barrios vulnerables, ONG, representantes de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, y autoridades de la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS), dependiente del Gobierno porteño. Si bien sus resoluciones no son vinculantes, el mecanismo permite soluciones parciales a situaciones puntuales que afectan la vida de miles de personas.

Acta

Según dejaron asentado en el acta labrada por el equipo de la Dirección general de Acceso a la Justicia, los referentes barriales precisaron que “en el sector de la manzana 7, el domingo 12 de junio se cayó el suministro del transformador nro. 79032, ubicado en Iriarte 3400, que provee suministro eléctrico a esa manzana”

Los delegados agregaron que “los puntos más afectados se encuentran en el sector de San Blas, en el cual todavía funcionan transformadores móviles, y además uno de esos transformadores tiene una pérdida de aceite muy grande que genera un mal funcionamiento diario”.

En tanto, en la manzana 8, en el sector denominado “Tierra Amarilla”, funciona un transformador subterráneo que se encuentra ubicado frente a una estación de venta de combustible, que si bien debiera abastecer de energía a esa manzana, privilegia las necesidad de la estación de servicio. “La manzana está esperando que le otorguen un transformador propio; hace un año llegó el transformador, pero la gente de EDESUR se lo llevó porque decían que no había un espacio físico donde bajarlo, aunque en realidad sí existe”, sostuvieron Heredia y Martínez Galos.

Además, señalaron como otros de los puntos afectados los sectores Pavimiento Alegre y Loma Alegre, donde viven unas 30.000 familias en 18 manzanas.

En el acta los referentes barriales añadieron que se comunicaron reiteradamente con la UGIS, para que el organismo traslade la demanda a EDESUR, sin obtener hasta ahora ninguna solución.

El problema provocó incendios de transformadores, entre ellos una cámara maestra situada la esquina de Zavaleta e Iriarte, que afectó a múltiples sectores, y otros siniestros menores en Zavaleta y Santo Domingo, Zavaleta y Luján, además del recalentamiento del transformador de Luna y California.

Según consta en el acta, “operarios de EDESUR informaron que la villa está catalogada como zona de riesgo, por lo que la empresa acordó no brindar servicios en horarios de la noche, ni de forma regular ni extraordinaria, y que debían esperar para su atención al otro día en horario normal de trabajo”.

Esta situación mereció una denuncia de la Junta Vecinal ante el INADI, que contó con el acompañamiento del Ministerio Público de la Defensa de la CABA. La presentación originó una instancia de mediación en la que participaron el Ministerio Publico de la Defensa porteño, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y la compañía distribuidora.