Al mediodía del martes 2 de diciembre, una delegación del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia del MPF arribó a la ciudad de Santiago del Estero, donde fue recibida por Cecilia Alida Indiana Garzón, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero y fiscal coordinadora del distrito, junto a su equipo de colaboradores.

Bajo un calor agobiante, típico en la provincia acercándose el verano, Lourdes Patzi Roqué, del equipo ATAJO del Barrio Carlos Mugica (ex villa 31 de Retiro), y Franco Pedersoli, coordinador operativo del Programa del MPF, recorrieron junto a los funcionarios locales el barrio Pacará, uno de los más deprimidos de la capital provincial, donde mantuvieron una primera reunión de acercamiento con referentes barriales y dirigentes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase).

Pacará es una barriada históricamente muy estigmatizada por la sociedad santiagueña, que a fuerza de la organización comunitaria, encabezada por las vecinas mujeres, logró revertir en gran parte los prejuicios sociales hacia sus habitantes.

En el barrio se destaca el colectivo “Madres del Pacará”, que lucha por el respeto a los Derechos Humanos, contra los casos de corrupción en los poderes públicos y la violencia institucional, policial especialmente. También existen varias cooperativas de trabajo, además de un comedor comunitario, que animan la vida social y son referencia para la comunidad, y un Centro de Acceso a la Justicia (CAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Según refirió Gladys Sosa, vecina del barrio y referente del colectivo Madres del Pacará, “en este barrio como en tantos otros de la periferia santiagueña hay  persecución y armado de causas judiciales. Además, tenemos un alto porcentaje de muertes por consumo y en comisarías”.

La tarea del colectivo de mujeres no termina en el territorio del barrio. Las Madres del Pacará resultan una referencia para los detenidos en las cárceles de la provincia, ya que son uno de los pocos agrupamientos de la sociedad civil que ingresan en los penales y hacen circular extramuros las demandas y reclamos de las personas privadas de libertad.

Mujeres de otros barrios se acercan hasta las Madres del Pacará para recibir asesoramiento y ser acompañadas a las comisarias a buscar a sus hijos, ya que la atención en los destacamentos policiales no es la misma en esos casos. “Ahora a las Madres del Pacará se las respeta”, dijo Gladys con orgullo.

Encuentro con el MOCASE

La representante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase – Vía Campesina), Natalia Gramajo, explicó a los funcionarios del Programa ATAJO cómo es el trabajo territorial que desarrolla el Movimiento en el corazón del monte santiagueño. En tanto, Roger “Pocho” Almaraz y Diego Almaraz, representantes del Mocase Institucional, contaron cuáles son los objetivos que la organización campesina tiene respecto de la Justicia.

Actualmente, el Mocase lucha por la creación en los ámbitos judiciales del fuero de Derecho Ambiental, donde existan un defensor y un equipo interdisciplinario que trabajen a la par del juez, y cuyos informes respecto de la problemática ambiental (incluida la propiedad de la tierra) sean vinculantes.

Según contó Roger Almaraz, el problema que encuentra el Mocase es que el relevamiento territorial que realiza el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), con todas la comunidades indígenas del país, excluye al campesinado como identidad propia, sino a sus integrantes si fueran indígenas.

Respecto de la forma de organización del Movimiento, Almaraz explicó que se trabaja de modo totalmente horizontal, a través de comisiones que encaran cada labor, y que las tomas de decisión se hacen en asambleas en las que participan referentes de todas las “bases”, es decir, comunidades del interior del monte.

“La organización popular es siempre criminalizada por el Poder Judicial en lo que respecta a la resistencia de la tierra”, aseguró el delegado de Mocase Institucional, quien explicó que la organización se encuentra trabajando en la conformación de un equipo jurídico propio en la capital santiagueña.

Según precisó Roger Almaraz, a los campesinos del interior del monte santiagueño, cuya mitad de la población no sabe leer ni escribir, les resulta muy complejo acceder al sistema de administración de Justicia. “Cuando vamos a la Justicia es porque nos armaron causas de usurpación”, graficó. En lo que va del año, el Movimiento registra once nuevos procesos judiciales en trámite.

“En unas semanas tendremos en la comunidad Monte Quemado una nueva instancia del juicio por el asesinato de uno de nuestros compañeros, Cristian Ferreryra, quien fue muerto por defender nuestro derecho a la tierra”, afirmó Almaraz. Respecto de los procesos judiciales, el referente se mostró disconforme “porque los campesinos sufrimos discriminación por parte de los funcionarios de la Justicia”.

Ferreyra, de 23 años, fue baleado en noviembre de 2011 por dos hombres cuando intentó resistir un desalojo en el campo donde vivió toda su vida. Según sostiene el Mocase, los homicidas trabajaban para un empresario agropecuario de la zona.