El equipo de gestión de la información de la Dirección General de Acceso a la Justicia del MPF (ATAJO), a cargo de Julián Axat, elaboró un estudio estadístico sobre los obstáculos para el acceso efectivo a la justicia señalados por las personas que efectuaron consultas en las agencias territoriales de ATAJO. El informe abarca los casos relevados entre el 20 de marzo de 2020, cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio (APSO), y el 18 de marzo de 2022, cuando se produjo el paulatino retorno a la atención al público, producto de un régimen laboral mixto entre instancias remotas y presenciales.

El documento señala que, durante el periodo analizado, ATAJO recibió y tramitó un total de 19.263 consultas. Los obstáculos de acceso a la justicia más observados fueron, en el 59% de las consultas, las barreras burocráticas, seguidas de las dificultades relacionadas con la educación legal (32%), los costos del servicio jurídico (13%) y la desconfianza en el sistema judicial (9%).

El informe indica que, mientras a julio de 2020 esa oficina atendió un total de 776 consultas, un año antes había tramitado 750 y en julio de 2021 se alcanzó 884, lo cual -destaca- da cuenta de un sostenimiento de la actividad notablemente estable, incluso atravesando el período más álgido de la cuarentena

Añade que en sólo 67 casos (0,35%) no se pudieron identificar los obstáculos de acceso a la justicia. Ese dato pone de manifiesto la efectiva direccionalidad del trabajo que llevan adelante las oficinas de ATAJO, en la medida que la totalidad de consultas tramitadas, aun en forma virtual, impactaron positivamente sobre al menos uno de los obstáculos.

Cuarentena obligatoria

El trabajo pone de relieve que el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio, producto de la pandemia mundial del virus COVID-19, significó un desafió particular para las agencias estatales, que debieron cumplir con las restricciones impuestas y, al mismo tiempo, mantener activas sus funciones, junto a la necesidad de articular con una trama interinstitucional que cobró una presencia intermitente.

Puntualiza que las restricciones impuestas resintieron los canales para la gestión de las problemáticas sociales en los barrios más vulnerables, donde se encuentran ubicadas las agencias de ATAJO y que ello implicó el planteamiento de nuevas estrategias para sostener la atención al público: consultas por medios digitales o telefónicos, semipresencialidad en los barrios, nuevas formas de articulación al interior de las agencias, uso de internet y computadoras hogareñas, y búsqueda de equilibrio entre la vida laboral y particular.

Explica que el contexto demandó también la necesidad de simplificar los mecanismos de tramitación o articulación entre dependencias estatales, con foco en la necesidad de desburocratizar la gestión y sortear o matizar las barreras para el acceso a la justicia y a la Administración Pública en general.

A través de estadísticas cuali-cuantitativas, el informe demuestra que la labor de las agencias territoriales, aún a pesar de las limitaciones, incidió particularmente en la remoción de obstáculos burocráticos para el acceso a la Justicia.