A partir de un caso específico derivado por la asociación civil “Sordas Sin Violencia”, la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del MPF se encuentra asistiendo desde agosto a mujeres hipoacúsicas, a fin de eliminar los obstáculos que les entorpecen el efectivo ejercicio de sus derechos y la judicialización de situaciones de violencia de género.

La ONG se dedica a remover las múltiples dificultades que enfrentan las mujeres sordas que transitan diferentes situaciones de violencia, entre ellas las barreras burocráticas, los costos del servicio jurídico, la desconfianza en el sistema judicial y la falta de perspectiva de género en los organismos públicos.

A estos inconvenientes se suma el hecho de que la mayoría de las vías de denuncia para casos de urgencia es mediante números habilitados para llamadas telefónicas, lo que agrava las posibilidades de acceso, así como la falta de intérpretes en la mayoría de las dependencias estatales.

El caso que originó el vínculo

El trabajo interinstitucional se inició cuando la coordinadora de la asociación civil “Sordas Sin Violencia”, Ester Mancera, solicitó el asesoramiento del equipo ATAJO de la zona sur del conurbano para la eficaz atención de una mujer hipoacúsica que era víctima de violencia de género ejercida por el padre de sus dos hijos, de 6 y 8 años, también hipoacúsico.

La asfixiante situación forzó la salida de la víctima del hogar. La mujer se refugió en la casa de un familiar, en Moreno, y dejó a sus dos niños al cuidado del agresor.

En ese contexto intervinieron los y las profesionales de ATAJO, que debió readaptar su forma de trabajo y flexibilizar las normas de atención, para asegurarle a la víctima el adecuado acceso a la justicia en el marco de las medidas de prevención por la pandemia de COVID-19.

En efecto, la intervención incluyó la coordinación con la ONG para la provisión de una mediadora y una intérprete, cual permitió sostener varias entrevistas a través de la plataforma digital Zoom.

Tras los encuentros, en los que fueron relatados hechos de violencia de género, la víctima desistió hasta el momento de realizar la correspondiente denuncia penal, aunque manifestó la decisión de iniciar un proceso civil, a fin de lograr el cuidado personal de sus hijos.

En tal sentido, el equipo de ATAJO Quilmes/Florencio Varela, se puso en contacto con Andrea Pietra, titular de la Defensoría Civil Nº 4 de Quilmes, quien aceptó el cargo y tomó el patrocinio de la víctima.

Tras la efectiva judicialización de la problemática, y una vez asegurada la debida asistencia a la víctima, cesó la intervención de ATAJO en el caso. No obstante, y debido al éxito en la gestión de la demanda, comenzaron a recibirse múltiples consultas, aún en pleno trámite.