Un día antes de la fecha prevista para un desalojo ordenado por el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 46, el director general de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación, Julián Axat, hizo saber al defensor general adjunto ante la Corte Suprema, Julián Langevin, el daño social que provocaría la medida. En simultáneo, hizo lo propio ante el titular del juzgado, Fernando Christello. La propiedad ubicada en Av. Pavón 4127, reclamada por la empresa propietaria Pavón Plaza S.A. para el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario, se encuentra habitada desde hace 25 años por 37 familias y unos 70 niños y niñas en edad escolar.

Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo el día en que debía ejecutarse el desalojo y el lanzamiento fue suspendido por 90 días. Los habitantes se comprometieron a desocuparla en ese tiempo, mientras que el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), de acuerdo a la ley 341, otorgará 14 créditos a la Cooperativa de Vivienda El Surco -integrada por los vecinos del inmueble- a fin de obtener una vivienda alternativa en ese término. En tanto, la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación destinará la partida presupuestaria necesaria para acondicionar, remodelar y, de ser necesario, ampliar el nuevo inmueble de modo que cuente con la cantidad de unidades funcionales necesarias para albergar a todas las familias.

Con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación, ejercido por los defensores Antonio Salgado, Romina Tuliano Conde y Sebastián Ernesto Tedeschi, los delegados de la vivienda Luis Roldán, Carla Dorrego y Plácido Gutiérrez habían presentado un recurso de queja ante la Corte en diciembre de 2015, pero el máximo tribunal nunca se expidió. En ese contexto, de haberse ejecutado la medida el 1 de abril, tal como lo dispuso el juzgado, el desalojo se habría producido antes de que la Corte evaluara esa presentación, tornando abstracto el planteo.

En el escrito del jueves 31 de marzo, Axat expresó que “la normativa internacional y los organismos internacionales de derechos humanos sostienen que los Estados parte deben evitar la realización de desalojos forzosos, en base al deber de garantizar el derecho a la vivienda digna” y agregó: “Dado que el caso que nos ocupa podría afectar derechos humanos fundamentales de personas comprendidas en el mencionado paradigma, principalmente en cuanto a las circunstancias de las diferencias estructurales y asimetría entre los presentantes y la demandada, es que se deben realizar esfuerzos interinstitucionales para el pleno ejercicio de tales derechos por las personas involucradas”.

La intervención de ATAJO se produjo luego de que dos vecinos, en representación de las 37 familias afectadas, se presentaran el pasado jueves 31 en la sede de la Dirección de Acceso a la Justicia de la PGN, para solicitar su mediación ante la inminencia del desalojo. Según costa en las actas labradas por Norberto Dorensztein, Prosecretario letrado de la PGN, los declarantes “no tienen otro lugar donde ir, que es imposible buscar un nuevo alquiler por las garantías que se solicitan y los costos de ingresar a un nuevo inmueble”. Además, refirieron que entre quienes podrían quedar en la calle se encuentran “varios ancianos con diversos problemas de salud, discapacidad y dificultades de movilidad, entre otras dolencias”.