“El acceso a la Justicia es un modelo de política pública de un Estado que la piensa como un valor, es el que permite acceder a los derechos”, dijo Julian Axat, titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación. Lo hizo en el marco del curso “Acceso a la Justicia y territorio: debates conceptuales, metodológicos y prácticos”, que finalizó esta semana, junto a Yanina Guthmann, integrante del programa de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO).

Ambos funcionarios intentaron generar conciencia sobre la potencialidad de trabajar desde lo jurídico y en particular desde la administración de justicia, la problemática de la vulnerabilidad, pensar intervenciones complejas donde se encuentran anudadas lógicas territoriales e institucionales, dimensiones jurídicas y sociales, y se busquen respuestas institucionales integrales.

El curso, realizado en el Salón Nelly Ortíz, en Av. de Mayo 760, CABA, estuvo destinado a funcionarios y empleados del MPF y formó parte del ciclo de capacitaciones de este segundo semestre que se acreditarán como válidas para quienes se presenten como futuros asistentes fiscales (Res. PGN. 2637/15).

Durante su exposición, Axat enumeró los obstáculos históricos que existen para acceder a la administración de justicia. “Hay grandes costos económicos, tasas y gastos en general, abogados, etc. ,que los más humildes no pueden afrontar”, dijo, y agregó: “los pobres están más ligados al sistema penal. Están atrapados en ese sistema. Muy pocos son lo que tienen acceso al sistema civil, comercial, por ejemplo”

“Otro problema es el acceso a los tribunales: están en lugares apartados, alejados. Por lo general están en el centro de la ciudad y no en la periferia. A la gente de pocos recursos les queda muy lejos. Es la distancia de los modelos palaciegos”, señaló.

El funcionario mencionó como otro impedimento el desconocimiento de la población sobre sus derechos. “Falta información. La gente no conoce los derechos que declama la Constitución Nacional, desconoce el lenguaje del derecho. La conciencia de la vulneración”, dijo.

Axat mencionó, además, los tiempos judiciales como otros de los problemas: “No es lo mismo para quienes tienen las necesidades básicas insatisfechas”, afirmó. Y reclamó dejar atrás “todo el ornamento judicial. Es imprescindible cambiar el lenguaje por uno más llano, para que la gente lo entienda”.

El funcionario definió el acceso a la Justicia como “un modelo de política pública de un Estado que piensa la Justicia como un valor, es el que permite el acceso a los derechos”. “Se deben generar políticas públicas, esa es la solución para hacer frente a los obstáculos objetivos y subjetivos”, agregó.

Por último, Axat señaló que en nuestro país existen tres reformas a esos obstáculos: “tenemos la reforma en patrocino y asistencia jurídica gratuita para los sectores más vulnerables, aunque esa asistencia es sin involucramiento, la creación de Defensorías Públicas de Pobres y Ausentes, y finalmente, la capacitación a los ciudadanos en sus derechos, llevar la justica a los barrios, la descentralización del sistema de justicia”.