Jorge perdió a dos de sus cuatro hijos en un incendio intencional, provocado por dos hombres. Uno de ellos fue condenado a 20 años de prisión hace unas semanas, tras un fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29. El otro está prófugo todavía.

Jorge vivía junto a su mujer Estela, que es hipoacúsica, y los cuatro hijos de la pareja en un conventillo de La Boca. El fuego, iniciado adrede, provocó la muerte de los hermanos Héctor y Víctor, de 10 y 11 años, y heridas a otros siete habitantes de la vivienda, entre ellos la madre de los chicos, que estuvo internada diez días por inhalación de humo, quemaduras en sus manos y hematomas.

Las heridas produjeron en Estela imposibilidad para comunicarse y daño permanente. Su esposo supo de la existencia de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal mientras hacía la fila para recibir las porciones de almuerzo para su familia, en un comedor de La Boca donde todos los lunes atiende el equipo de ATAJO móvil.

“Eso no existe”, dijo en voz alta Jorge cierto mediodía, mientras esperaba su plato de comida, mirando la sombrilla de ATAJO y la palabra “Justicia” en uno de sus lados.

Evidentemente, Jorge quería hablar de su drama particular. Compartir su dolor y el descreimiento con la institucionalidad judicial. Y encontrar ayuda, especialmente para Estela, su mujer, que estuvo en el incendio, vio morir a sus hijos, sufrió lesiones que agrandaron su dificultad para comunicarse y que, sin embargo, nunca había sido citada por quienes instruyeron el expediente para contar cómo fueron los hechos. He ahí, precisamente, una de las finalidades de ATAJO: convertirse en un conector judicial, acercar las víctimas a los procesos que, si bien protagonizan, generalmente se libran distantes de ellas.

Jorge nunca bajó los brazos en su búsqueda de justicia. En su camino encontró familiares, amigos y organizaciones sociales del barrio dispuestos a acompañarlo, pero los tiempos de los procesos penales, su ajenidad con las víctimas y las obligaciones cotidianas que en casos de tamaña vulnerabilidad se vuelven impostergables, los distanciaron de la causa. Tras el incendio, la muerte de sus hijos y el estado psicofísico en el que quedó su esposa, el hombre tenía apremios urgentes que demandaban su atención tanto como el curso del proceso judicial: debía encontrar un lugar donde vivir en forma definitiva junto a su mujer e hijos porque había perdido todo. Actualmente los cuatro que quedaron en la familia viven de prestados, en cuartos de casas provistos por amigos pero que deben cambiar continuamente, y ni siquiera cuentan con un subsidio habitacional.

El incendio convirtió en cenizas la vivienda y dejó baldío el terreno. El predio pasó a dominio del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó su custodia por oficiales de la Prefectura. Según cree Jorge porque así lo comentan sus vecinos, el terreno fue vendido a una empresa constructora. Pero Jorge no quiere que ese sea el destino final. Él y Estela proyectan construir allí una plaza para todo el vecindario, donde puedan jugar a la pelota los amiguitos de sus hijos, con un pequeño santuario que recuerde la vida de los dos niños.

En relación a esta pretensión, algunas organizaciones sociales e intermedias del barrio de La Boca que trabajan la problemática de la vivienda, plantearon a la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF la posibilidad de presentar una acción colectiva en reclamo de un uso público del terreno donde se produjo el siniestro. Esa alternativa se encuentra aún en estudio.

La causa

Tiempo después del incendio, miembros de una organización social de La Boca lo animaron a Jorge para que reclame a través de un abogado ser tenido como querellante en la causa. Jorge se dirigió directamente al juzgado. Allí le negaron esa posibilidad, porque, se excusaron, “ya transcurrió demasiado tiempo”. Ante ATAJO Jorge decía que si bien la Justicia no podría devolverles la vida a sus hijos, su mujer quería contar ante el juez qué fue lo que vio ese día, por qué se sentía tan angustiada, y sentirse útil en la búsqueda de los responsables.

Cuando ATAJO se comunicó con el juzgado de instrucción para saber el estado del expediente, el empleado de la Mesa de Entradas informó que la causa había sido elevada a juicio y que la primera audiencia se realizaría ocho días después. Cuando Jorge supo la noticia se angustió: Estela nunca había podido declarar todavía, y el día del inicio del juicio coincidía con el del cumpleaños de uno de sus hijos muertos.

El empleado judicial aclaró que el tribunal intentó comunicarse telefónicamente con Jorge para informarle la fecha, pero esto no fue posible. Además, dijeron en el juzgado, el padre de los niños carbonizados hacía mucho tiempo que no pasaba por la oficina. “Es verdad –confirmó Jorge-; mi celular se rompió y dejé de ir al juzgado para averiguar porque estaba cansado de que siempre me dijeran lo mismo: sin novedades”.

Ante la proximidad de la fecha del juicio, los operadores del ATAJO móvil se comunicaron rápidamente con el equipo jurídico de la Dirección de Acceso a la Justicia, que dio urgente intervención a la Dirección de Orientación y Acompañamiento a la Víctima.

En efecto, tras la entrevista con profesionales de la DOVIC, que constataron la necesidad de Estela por declarar en el juicio y la dificultad objetiva de comunicarse, esa dirección del MPF puso en conocimiento de la fiscalía oral el contexto de la mujer, a fin de que se arbitren los medios que permitieran garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, gestionando la presencia de un intérprete en el juicio oral.

De esta manera, profesionales de DOVIC se pusieron en contacto con el Programa Nacional de Asistencia para las personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (ADAJUS), perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, quienes actuaron de forma inmediata para garantizar la presencia de una interprete durante la declaración de la mujer. La articulación efectiva y veloz entre la fiscalía de juicio, el ATAJO, la DOVIC y el Ministerio de Justicia pudo garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchados en el marco de un proceso penal.

Ya en el juicio, tanto Jorge como su esposa fueron acompañados por un psicólogo y una abogada de DOVIC, quienes una vez leída la sentencia continúan asistiendo a las víctimas para asegurarles el derecho a la vivienda, a través de solicitudes dirigidas a diversos organismos del gobierno porteño.

“Mi mujer al fin vio a la Justicia, y estará eternamente agradecida por haberle prestado un silla para hablar”, dijo Jorge en el último encuentro que tuvo con los operadores de ATAJO, un mediodía frío de mayo, mientras servían guiso humeante en el comedor.