“Para qué estudiar; yo prefiero trabajar”, dice Teresa, 36 años, sentada bajo el tibio sol que no alcanza para calentar la canchita de la villa 20, a los pies de su casa, donde vive junto a tres de sus hermanos. Paraguaya de nacimiento y residente en Buenos Aires desde el año 2006, Teresa se volvió práctica, concreta. “Si es por estudiar, estudiaría para peluquera; para qué más si tengo sexto grado en Paraguay”, dice. De la vida sólo aprendió a resolver urgencias.

Ahora vive en la villa de Lugano, a dos cuadras de Pola y Cruz, detrás de lo que fue el asentamiento Papa Francisco. Tiene dos hijas, una de 7, Bianca, que debiera estar en segundo grado pero recién empezó la escuela primaria, y la otra, Sofía, que aún no cumplió un año, pero ya camina.

Desde hace un año y medio se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria. Un juez le dictó la preventiva por un delito que no es excarcelable, pero del que ella está segura que podrá salir absuelta. Un juzgado de instrucción del departamento judicial de Mercedes la procesó por el crimen de un hombre, ocurrido en Moreno, a dos cuadras del kiosco en el que ella trabajaba, luego de que la víctima del homicidio se fuera sin pagar unas cervezas que acababa de beber en la vereda.

Su peregrinaje carcelario duró en total un año, durante el cual estuvo alejada de su hija más grande, por entonces la única que había parido. Veinticinco días en la comisaría de Moreno, junto a hombres; tres meses en un Comisaría de la Mujer, en Quilmes; y ocho meses en un penal para mujeres de La Plata.

Mientras Teresa estuvo en prisión, a su hija la cuidaron sus hermanos, que viven en la villa 20 desde hace treinta años. “Tengo papá y mamá en Caaguazú, donde nací, a 40 minutos de las Cataratas, pero me gusta Argentina. Volvería allá sólo de vacaciones”, proyecta.

El juzgado le concedió la domiciliaria por su condición de madre y único sostén de dos niñas muy niñas. Pero no la deja trabajar. “El defensor le pidió al juez permiso para que trabaje de limpieza, pero no me permitió”. La hija más chica de Teresa nació a los diez meses de salir de la cárcel, y la otra cumplió 7 años en diciembre. “Mis hermanos me pagaron una abogada, Daniela; ella me consiguió la domiciliaria. Pero después ya no pudieron pagarla, y entonces me pusieron un abogado oficial”.

Según cuenta Teresa, al defensor oficial de la justicia bonaerense nunca lo vio, aunque sí habló con él una vez por teléfono. Una sola vez, dice, cuando desde la oficina de la defensoría le dictaron tres números, todos con el 4 adelante, que, sin embargo, nunca nadie atiende cada vez que Teresa llama desde el celular que le prestan, alternativamente, sus hermanos. Quienes sí se acuerdan de ella e insisten en no olvidarla, son las autoridades del juzgado, que cada quince días, o a veces menos, envían un patrullero a su casa, para verificar que Teresa siga allí, sin profugarse.

Respuesta de ATAJO

Los trabajadores de la agencia de la Dirección de Acceso a la Justicia ubicada en la villa 20, tomaron conocimiento de su situación por una vecina, muy amiga de Teresa, que ya había acudido a ATAJO anteriormente y había obtenido un resultado muy satisfactorio: la oficina del Ministerio Público Fiscal la ayudó en su proceso de divorcio y en el trámite para asegurarles los alimentos a sus hijos.

La mujer contó que Teresa se encontraba en total desamparo, porque desde hacía varios meses no tenía ningún tipo de contacto con su abogado defensor, y necesitaba con suma urgencia realizar trámites y obtener mejoras en su condición procesal.

Cuando ATAJO se contactó con Teresa, la niña de 7 años, con edad para saber leer y escribir, no estaba escolarizada ya que su madre no podía salir de su hogar, por estar presa en su casa, y según decían en la escuela sólo Teresa podía inscribirla.

“Durante todo mi segundo embarazo yo no pude ir nunca al médico, porque estaba presa en mi casa, y no tenía documento de identidad”. Un patrullero la llevó al Santojanni, donde nació Sofía. Pero al obtener el alta regresó a su casa, tan detenida como cuando entró, y tampoco pudo tramitar para su hija recién nacida ningún control médico ni cumplir con el calendario obligatorio de vacunas.

Su otra hija sí estaba al día con los médicos gracias a sus hermanos que la habían cuidado mientras estuvo en la cárcel. Pero Teresa, al estar presa en su domicilio y no tener DNI, no podía trabajar, ni tramitar la partida de nacimiento para su segunda hija, indispensable para gestionarle luego el documento. Tenía el certificado de nacimiento que otorga el hospital, pero no la partida que se tramita ante el Registro Civil. Naturalmente, Teresa tampoco podía obtener por su hija ningún subsidio estatal, ni percibir la Asignación Universal por Hijo. “Me dio bronca porque justo cuando caí presa tenía que ir a retirar mi DNI al Registro de las Personas”, dice Teresa, con la mirada perdida en una pelota que entra, mansa, al arco sin red de la canchita.

Al enterarse de la situación, los operadores de ATAJO se pusieron a disposición de Teresa en todo lo que estuviera a su alcance y evaluaron detenidamente el caso junto al equipo jurídico de la Dirección de Acceso a la Justicia del MPF.

La primera respuesta fue acudir a la Red de Lugano, que componen varias instituciones sociales, intermedias y estatales con delegaciones en el barrio, para articular una solución conjunta. En simultáneo, ATAJO se comunicó con la Defensoría del Menor, y su equipo interdisciplinario (psicólogos y trabajadores sociales) presentó un informe psicosocial ante el juez, para intentar resolver el problema de documentación de la niña recién nacida.

Además, ATAJO se puso en contacto con el Centro de Atención Primaria de la Salud del barrio, para garantizarles a Sofía y Bianca su efectivo control sanitario y el cumplimiento del calendario de vacunación. Por último, ATAJO encaró junto con la Asesoría General Tutelar, el problema de la escolarización de Bianca, de 7 años, quien desde marzo está cursando su primer grado.

Todos estos logros permitieron que Teresa pueda percibir por sus hijas la correspondiente Asignación Universal. Sobre su situación procesal, ATAJO se ofició a la defensoría oficial que la asiste, y la clienta y su defensor pudieron retomaron el contacto y acelerar en el expediente el inicio del juicio, que ya tiene fecha de su primera audiencia oral. “Me dijeron que el 29 de septiembre a la una de la tarde empieza el juicio, y que me vienen a buscar”, cuenta Teresa, con una mezcla de nerviosismo y ansiedad.

Una vez resueltos la escolaridad de sus hijas y los controles médicos de ambas, la única preocupación de Teresa es que su defensor encuentre testigos que hablen bien de ella en el juicio y la alejen de toda responsabilidad penal con un crimen que, jura, no cometió.