29 de enero de 2023
29 de enero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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ATAJO Mar del Plata: la ciudadanía, también para los extranjeros
Cuarenta años de migrante irregular
Uruguaya de nacimiento y madre de 7 hijos, hace 40 años que vive en Mar del Plata, pero jamás tramitó su residencia. Hasta que se acercó a ATAJO. Cuando el Acceso a la Justicia es el reconocimiento a los derechos más elementales.

El Martillo, situado a cincuenta cuadras del centro de Mar del Plata, es uno de los barrios más pobres de la periferia de esa ciudad. Silvana, de 55 de edad, es una de sus vecinas más antiguas. Nacida en Uruguay, abandonó su país de origen para radicarse en la Argentina hace cuarenta años. A pesar del largo tiempo transcurrido, nunca logró tramitar su DNI de extranjero. El único documento que acredita su identidad es una vieja cédula uruguaya, ya vencida.

Para la ley argentina, su situación migratoria es, desde luego, por demás irregular. Silvana tiene 7 hijos, y debido a esa anomalía no puede gestionar la pensión que el Estado le brinda a las mujeres que fueron madres, al menos, 7 veces. Ni hablar de soñar con tener una jubilación. Tampoco puede votar. Ni ser elegida para ningún cargo local.

Efectivamente, la ley 25871 establece que la situación irregular de un inmigrante no es razón para privarlo de salud o educación. Silvana lo experimentó con sus hijos, nacidos en un hospital público y buenos alumnos en la escuela primaria. Pero desconocía que sus alcances también la comprendían a ella.

La normativa, que facilita la incorporación de los extranjeros a la vida social y productiva del país, fue sancionada en diciembre de 2003, promulgada en enero de 2004 y reglamentada en 2010 tras la evaluación de una comisión de expertos y afectados por la norma que trabajaron en ella. La ley es especialmente beneficiosa para los inmigrantes provenientes de países del Mercosur.

Según lo determina esa norma, todas las personas que así lo deseen pueden vivir en suelo argentino salvo que hayan presentado documentos falsos o adulterados; hayan sido expulsados; tengan condenas; hayan participado en genocidios, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad. No es el caso de Silvana, pero, ¿cómo podría ella saberlo?

Pobreza

Sin dudas, la mujer carece de recursos económicos. Pero también culturales. Su vulnerabilidad no es sólo material, sino también, y quizás esencialmente, subjetiva. El trámite para regularizar su situación migratoria cuesta 700 pesos. Pero sus ingresos a duras penas le alcanzan para la alimentación de sus 7 hijos. Vive de las pastas que amasa en su casa y vende a buen precio a sus vecinos.

En tres oportunidades Silvana quiso comenzar con el trámite. Lo inició por donde suelen iniciarse las diligencias: el comienzo. Tomó entonces coraje y sacó turno para la obtención de su certificado de antecedentes penales, que naturalmente no tiene. Pero desistió. ¿Qué antecedentes penales podría registrar en los archivos de la Justicia argentina, si para el Estado argentino Silvana, sencillamente, no existe?

A la mujer nunca se le ocurrió siquiera declarar ante la Dirección Nacional de Migraciones su imposibilidad material, su dificultad concreta, de abonar el costo de la gestión. El Estado, sus reglamentaciones, sus formalidades, le resultaban totalmente ajenos, distantes, imposibles de contenerla.

Así llegó Silvana al ATAJO de Mar del Plata, en el barrio El Martillo: derrotada. Y lo que es todavía peor: acostumbrada al olvido institucional. Como si estar al margen de cualquier instancia estatal fuera lo más natural del mundo.

Un ATAJO

El equipo del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia atiende en El Martillo dos veces a la semana; los otros tres días alterna su atención en dos barriadas similares: Las Heras y Malvinas Argentinas. La consulta en la oficina giró inicialmente en torno a su imposibilidad económica. Silvana quería saber si ATAJO podía gestionarle una beca o un subsidio.

Desde luego, el Programa del MPF no tiene esa competencia. Pero sí puede brindarle información sobre los programas estatales disponibles, y la gama de ayuda social a la que tiene derecho de acceder. Antes, sus funcionarios consultaron a la sede marplatense de la oficina de Migraciones, si existía alguna posibilidad de eximir del pago de esta tasa a la señora en su trámite migratorio. La obtención de su debido DNI es parte del reconocimiento a su derecho a la identidad y la ciudadanía.

En la Dirección de Migraciones informaron que efectivamente Silvana tenía derecho a la tramitación a pesar de no contar con los 700 pesos que cuesta el procedimiento. Sólo debía aportar una constancia expedida por el servicio social de su barrio, que acreditara su situación de vulnerabilidad, acompañada por el testimonio de dos testigos y suscripto el acto por una autoridad pública, ya sea de los poderes Ejecutivo o Judicial.

Silvana se emocionó con la respuesta. Por fin advertía una posibilidad. Un campo para ella en los múltiples formularios que a partir de entonces habría de completar. Una X con la que marcar la respuesta correcta, afín a su condición. Hacía 40 años que soñaba con ese día. Nunca jamás se había animado a declarar en Migraciones su dificultad económica. Tenía miedo de que esa carencia material, su pobreza extrema, la condenaran a la ilegalidad para siempre, o a la expulsión de la tierra en la que vaya uno a saber por qué había decidido vivir. Creía que la Argentina era sólo para los argentinos. Y quizás así lo había sido durante muchos de sus años de vida en el país: la nueva ley migratoria está vinculada a una noción de avanzada en materia de derechos humanos, y sustituye la anterior normativa, dictada por la última dictadura cívico-militar.

ATAJO sólo se encargó de abrirle una puerta a Silvana. O menos que eso: apenas mostrarle que tras ella estaba el mundo de los derechos básicos que toda persona tiene, simplemente por ser eso: persona. Cuarenta años después de su arribo a la Argentina, la mujer comprendió que la Justicia puede ser eso también, y no sólo rigor punitivo, y procedimientos que legalicen la exclusión. No es tarde. Nunca lo es cuando de derechos se trata.