El acceso a la vivienda digna es, al menos en Buenos Aires, un verdadero problema. Desde el comienzo de la atención al público en la agencia ATAJO del barrio capitalino de Constitución, constituye la principal demanda de los vecinos que se acercan. Muchos de ellos comparten la condición de residir en hoteles o pensiones familiares. No todos estos alojamientos cuentan con su debida habilitación municipal, y ninguno de ellos se encuentra regulado por una ley que paute el precio que se paga por el alquiler de sus habitaciones. De esta característica habitacional devienen las demandas jurídicas que se abordan en esa agencia ATAJO, que al mismo tiempo actúan como eje principal de la intervención del Programa.

Días atrás se presentó en el ATAJO ubicado en la calle Luis Sáenz Peña 2063, una mujer de 60 años, de nacionalidad argentina, solicitando asesoramiento jurídico respecto de la acuciante situación que atraviesa junto a otras 8 familias en idéntica condición.

Una treintena de adultos y cerca de 25 niños, entre los cuales hay discapacitados, que residen desde hace 25 años en un inmueble situado en la calle Humberto Primo al 2000, se encuentran en situación de indefensión ante una demanda de desalojo interpuesta desde el año 1995 por un gremio de trabajadores de la sanidad, que se adjudica ser propietario del inmueble desde 1977.

Según explicó la coordinadora del equipo ATAJO, Melina Sánchez Rincón, los funcionarios de la Agencia del MPF realizaron un acta de comparecencia con los testimonios de todos los denunciantes. En el escrito las familias aseveraron que existiría una irregularidad en la adquisición del inmueble por parte de la entidad sindical, y que incluso muchas de ellas compraron de buena fe la propiedad hace ya 25 años, aunque irregularmente, a quien entonces manifestaba ser el dueño de la vivienda, en la que entonces funcionaba un local político partidario.

Mientras los vecinos denunciaban, y funcionarios de ATAJO labraban las actuaciones correspondientes, se presentaron más vecinos con copia de un Mandamiento de Lanzamiento, ordenado por un juzgado nacional en lo civil y entregado en mano por el oficial de justicia  a los ocupantes en el  inmueble. Si bien el auto no precisaba fecha y hora del procedimiento, los vecinos explicaron que el oficial notificador había informado verbalmente el plazo de un mes como máximo para que el desalojo se ejecutara.

Desalojo a mano propia

Días antes, otro vecino denunció que cerca de 20 personas sin identificación, en su mayoría armados, se presentó en un inmueble ubicado en la calle Adolfo Alsina al 1600, y procedió a violentar la puerta de ingreso, y amenazar y agredir física y verbalmente a todos sus residentes, debido a una supuesta orden de desalojo pendiente de ejecución.

Además del denunciante, en la propiedad residen sus hijos y otras 40 familias, entre las cuales conforman 50 niños y niñas, 3 personas discapacitadas y 80 adultos.

El hombre se presentó como uno de los 4 delegados de las familias que desde hace 9 años viven en el inmueble. Según expresó, la vivienda se encontraba en total abandono desde hacía más de 20 años; de hecho, señaló el hombre, la propiedad acumulaba deudas impositivas y de todo tipo desde hacía dos décadas, que los nuevos ocupantes intentaron saldar, aunque sin éxito, debido a la negativa de los acreedores.

Durante ese lapso de tiempo, las familias lograron organizarse para empezar a resolver los problemas edilicios del inmueble (cañerías rotas, calefacción deficitaria, etc.). El delegado dijo contar con los comprobantes de pago de todas las obras realizadas.

Ante la exposición, los funcionarios de ATAJO procedieron a acompañar a las familias a la Comisaría 6ª, debido a la urgencia descripta por el denunciante, quien relató que fuera del inmueble permanecía una custodia armada, que impedía cerrar la puerta de la propiedad y garantizar las condiciones mínimas de seguridad de sus moradores.

En paralelo, el Programa ATAJO constató que sobre la vivienda no pesaba ninguna orden de desalojo, sino sólo sobre las habitaciones 49 y 50 (ya que anteriormente la finca funcionaba como un hotel). Esos cuartos, aclaró el denunciante, se encontraban vacíos.

El caso se suma a otros similares, que dan cuenta de una problemática estructural que afecta a miles de familias porteñas. La repetición de estas situaciones evidencia el impacto negativo que tiene la gran cantidad de viviendas ociosas en la ciudad de Buenos Aires, que estimulan la especulación inmobiliaria, sumada a la falta de una ley que regularice los cánones de alquiler y reglamente las condiciones edilicias de los hoteles familiares, así como la inexistencia de políticas públicas que garanticen el derecho a la vivienda de los sectores más vulnerables de la Ciudad Autónoma.