02 de febrero de 2023
02 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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ATAJO y discapacidad
El Programa de Acceso a la Justicia trabaja en una encuesta sobre discapacidad en las villas
Se trata de un cuestionario que indaga sobre personas con discapacidad en los barrios donde funcionan los ATAJOS. La tarea la harán los delegados de manzana. Vinculación con los centros CAJ y ADAJUS, dependientes del Ministerio de Justicia, y a través de éstos con la ANSES.

Tener una discapacidad y vivir en una villa no debe ser un agravante para ambas situaciones. Las personas con discapacidad no tienen necesidades especiales sino grandes dificultades, que en la mayoría de los casos se ven agravadas por el sistema social vigente, más allá de la propia limitación funcional.

Uno de los desafíos del Programa ATAJO es acercar las políticas que el Estado reconoce a esta población, con el fin de que pueda ejercer en plenitud su derecho humano a la salud, al acceso a la justicia, a las pensiones, a pasajes gratuitos en medios de transporte, entre otros beneficios.

En los últimos años viene desarrollándose una visión de amplio alcance y consenso global, que entiende a la discapacidad como un concepto dinámico que evoluciona, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, y resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales, y las barreras actitudinales y de entorno que impone la sociedad, limitando la participación plena y efectiva para el desarrollo de su proyecto de vida en igualdad de condiciones con los demás.

En un mismo sentido, la Convención sobre discapacidad, aprobada por ley 26.378, en su art. 7 señala que los Estados que la suscriben tomarán medidas para que los niños y niñas con discapacidad gocen de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre cuestiones que le afecten y reciban asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad para poder ejercer sus derechos.

Estas previsiones guardan relación con las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia, que fundamentan la creación del Programa ATAJO.

Asimismo, debe destacarse que mientras por un lado están las limitaciones físicas de determinadas personas, por otro se encuentran los impedimentos que impone la sociedad en su modelo social. Es en esa interrelación y según su medida que estará dada la complejidad de la problemática

La importancia de la encuesta

Para nutrir el objetivo preventivo del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia y la defensa de la legalidad en territorios deprimidos cuya población es muy vulnerable, el ATAJO dispuso hacer un particular seguimiento de la población con algún tipo de discapacidad, para aliviar su situación en un medio que no es favorable a la hora de superar sus limitaciones.

El Estado posee un amplio sistema protectorio que brinda una cobertura integral de prestaciones para esta población. Para su efectivización se requiere la presentación del “Certificado Único de Discapacidad” (CUD), principal instrumento que acredita la condición y facilita el ingreso al mundo de esos derechos.

Esta certificación y su protocolo de evaluación fueron aprobados por Resolución 675/09 del Ministerio de Salud de la Nación e implementados de manera gradual en todo el país con intermediación material y técnica del Servicio Nacional de Rehabilitación. Tales criterios, además de ser uniformes  a nivel nacional, conllevan una mirada superadora que encuentra sinergia con los principios consagrados internacionalmente partiendo de una concepción holística basada en elementos psico-bio-sociales en interacción con el ambiente.

Según datos surgidos del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, realizado en octubre de 2010, quienes tienen algún tipo de discapacidad son en el país 5 millones de personas. Pero no todas ellas poseen su CUD, sin el cual ven dificultado su acceso a todas las prestaciones que el Estado les brinda. Esos datos recogidos en el último censo dan un universo muy amplio, que puede ser orientativo, pero en términos concluyentes lo único que acredita discapacidad es la certificación. En la actualidad, se registran desde 2009 cerca de 450.000 CUD, los que seguramente irán ampliándose a medida que venzan los anteriores certificados que aún mantienen su vigencia.

Asimismo, debe destacarse que nadie puede ser obligado a obtener un CUD o declarar su discapacidad, lo cual dificulta la tarea al momento de dilucidar el número de personas que integran ese universo.

En tal sentido, el Programa del MPF se encuentra en plena elaboración de un formulario para encuestar a la población de las villas a través de la organización comunitaria de cada barrio (los delegados de manzana). En el borrador del cuestionario se pregunta, según la cantidad de viviendas y de familias por manzana, en cuántas de ellas hay personas que presentan alguna limitación funcional, luego de lo cual se identifica la ubicación de la vivienda (por número de manzana y de casa), el tipo de discapacidad (si motriz, visual, auditiva, mental, o visceral), la tenencia o no del CUD, y la eventual cobertura asistencial, sanitaria, educativa y de transporte que el Estado dispone según el caso que se presente, como así también otros datos de índole socio económico (estudios, ocupación, vivienda) y ambientales (infraestructura, equipamiento y esparcimiento).

Vinculación con CAJ, ADAJUS y ANSES

En este sentido, es muy valorable el trabajo que los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y los responsables de ADAJUS (centros del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia), ambos dependientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación hacen en vinculación con la ANSES, que incorpora a las personas con discapacidad entre el universo a ser alcanzado por las asignaciones.

La colaboración de ATAJO consiste en la elaboración de la encuesta, que permitirá establecer con precisión cuál es la magnitud del problema y así elaborar políticas públicas tendientes al efectivo goce de los derechos y beneficios, desde sanitarios hasta económicos, que establece la normativa vigente para quienes acrediten esa condición.

Asimismo, las oficinas del Programa ATAJO realizan, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), enlaces para tramitar pensiones para discapacidad de los niños, y agilizándolas en los casos en que la documentación necesaria haya sido presentada por las familias interesadas.

Desde el Programa ATAJO indicaron que trabajan en tareas de asistencia, protección y promoción de derechos de la población más vulnerable del cuerpo social, para empoderarla a la hora de defender sus derechos, con especial énfasis en quienes padecen alguna discapacidad, para que desde su más temprana edad puedan ejercer en plenitud su ciudadanía reforzando los valores de la dignidad humana para que la justicia y la cohesión social sean, por fin, una realidad.