El Tribunal Oral Federal N°6, integrado unipersonalmente por la jueza Sabrina Namer, dispuso que se entregue a la Cooperativa de Trabajo “Juana Villca” Limitada la maquinaria e insumos de la industria textil que fueron secuestrados en el marco de una investigación por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. La decisión fue en el marco de la intervención solicitada por la titular de la Fiscalía General N°3 ante los TOF de la Capital Federal, Gabriela Baigún y por sugerencia de la Dirección General de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Julián Axat.

En su momento, la fiscal general Baigún dio intervención a la Dirección de Acceso a la Justicia para la búsqueda “de algún tipo de organización y/o colectivo vinculado al rubro textil para el otorgamiento de la maquinaria” secuestrada. En ese marco, se recomendó que debía tratarse de “una organización o colectivo que además de estar vinculado a territorios de alta vulnerabilidad, posea cierta capacidad instalada, y cuente con experiencia de recuperación de maquinarias como las secuestradas en la causa; teniendo algún tipo de relación -directa o indirecta- con víctimas del delito de trata de personas”.

Luego de un minucioso análisis, el coordinador general de ATAJO Alfredo Soubielle consideró que la organización que mejor reunía esas condiciones era la Cooperativa “Juana Villca” Limitada, que funciona en un edificio de 710 metros cuadrados ubicado en la calle Rucci 45, en la localidad de Ciudadela, dentro el partido bonaerense de Tres de Febrero. La organización lleva el nombre de una mujer embarazada de cinco meses que falleció, en marzo de 2006, en el incendio de un taller textil clandestino que funcionaba en la calle Viale 1269, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La organización seleccionada fabrica diversos objetos textiles para instituciones públicas, mediante licitaciones ante el Ministerio de Salud de la Nación, para el que confeccionó más de un millón de kits sanitarios También produce elementos para empresas privadas y está próxima a crear una marca propia.

El acuerdo con la fiscal Baigún -que luego homologó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6- ordenó que se entregue a la cooperativa, que emplea a 50 trabajadoras y trabajadores, dos tejedoras automáticas marca Stoll, dos tejedoras semiautomáticas marca Leetech Mechatronics y tres enconadoras sin marca.

La resolución del Tribunal también dispuso la suspensión del trámite de la causa por el término de un año respecto de los imputados, a quienes les impuso la obligación de fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados correspondiente a su domicilio real.

Además, a pedido de la fiscalía, el Tribunal requirió a ATAJO localizar, en la medida de sus posibilidades, a las ocho víctimas identificadas en la investigación, para ofrecerles que se incorporen a trabajar en dicha Cooperativa.

De esta forma, la maquinaria textil presuntamente empleada como instrumento en la comisión de un delito pasó a utilizarse en un trabajo lícito vinculado con víctimas de trata de personas y delitos conexos, en el marco de esta modalidad alternativa de culminación del proceso.