El equipo ATAJO de la provincia de Mendoza realizó dos intervenciones a solicitud de los damnificados en sendos casos de desalojo de puesteros que ocupaban terrenos rurales. En ambos casos, los operadores de la agencia del MPF recurrieron a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, dependiente de la Suprema Corte provincial, y a la Secretaría de Agricultura Familiar de Mendoza, que hicieron su aporte para proteger los intereses de las familias vulnerables.

El primero de los casos ocurrió en el distrito Divisadero, departamento de San Martín. Según el relato de los puesteros que ocupan varias tierras para la producción familiar, están allí desde hace más de veinte años, y uno de ellos, desde el año 1955. Según expresaron, poseen gran cantidad de animales y varias huertas.

Anoticiados de la situación por la Unión de Trabajadores Sin Tierra, el equipo de la agencia del MPF se acercó al lugar y labró la debida acta de constatación en la zona, ante la inminencia de un desalojo de los trabajadores y sus familias.

Según expresaron sus referentes “todos los animales pastorean en el campo comunitario, que está abierto, como todos los puesteros que están alrededor”. El relato dado en la agencia ATAJO incluyó precisiones sobre cómo fueron los hechos.

En efecto, el pasado 4 de septiembre, uno de los vecinos, identificado como Daniel Suárez, escuchó una máquina topadora que estaba desmontando el predio en el que las familias trabajan, y haciendo una picada a 400 metros hacia el lado este del puesto El Ponderoso. Tras la inmediata orden de aviso a sus compañeros, tres de ellos se acercaron hasta el operario a cargo de la máquina, para impedir que continuara con el desmonte. Debido a la negativa del operario, que en verdad afirmó ser el dueño de la topadora, Suárez y su compañero Díaz se colocaron delante de la máquina.

Debido a la creciente tensión, los puesteros decidieron judicializar el conflicto, mediante la presentación de una denuncia que quedó radicada en la fiscalía del departamento de San Martín. El mismo día de esa presentación, se acercaron al terreno en disputa algunos uniformados de la localidad de Santa Rosa, junto a una persona, de apellido Gauvlosky, muy interesada en el desmonte. Los agentes policiales, sin exhibir ninguna autorización judicial y cumpliendo órdenes del particular, pidieron datos personales de las vecinos que ocupaban el predio.

Dos semanas después, se repitieron las escenas: el jueves 17 de septiembre, regresaron las topadoras para continuar con el desmonte y la posterior delimitación del terreno con alambres. Los puesteros, entonces, decidieron acudir a la Secretaría de Agricultura Familiar mientras otro grupo de ellos detenía con sus cuerpos el accionar de la máquina, que cesó en su tarea, aunque sólo momentáneamente. Al día siguiente, el mismo operario a cargo de la misma topadora continuó con su faena y logró extender el desmonte a lo largo de 5 kilómetros de norte a sur y de 4 kilómetros de este a oeste.

Asimismo, los tres puesteros señalaron que si se construyera el alambrado tal como lo proyecta el señor Gauvlosky, el campo sería cortado por la mitad y los perjudicaría enormemente, debido a la imposibilidad de alimentar a los animales de modo comunitario como hasta ahora, lo que afectaría en forma sensible la posesión del terreno y por ende su modo de vida, de producción y de subsistencia económica.

ATAJO cursó los correspondientes oficios a la oficina fiscal y a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia dependiente de la Suprema Corte provincial. Desde entonces las topadoras no regresaron.

Departamento Lavalle

El segundo hecho ocurrió en el departamento Lavalle y fue denunciado ante el ATAJO por la familia Zabaleta, que durante 27 años vivió y cultivó un campo en esa zona del noreste de Mendoza, sobre la ruta 40.

A través de la Secretaria de Agricultura Familiar de la provincia, ATAJO pudo averiguar que pesaba sobre la familia ocupante del terreno, compuesta por el padre, sus tres hijos y sus familias, una orden de desalojo inminente, previsto para el 24 de noviembre. Dos días antes de esa fecha, el equipo ATAJO realizó un acta de manifestación, que fue remitida a la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Corte provincial, junto con el oficio enviado oportunamente al juzgado donde se tramita la causa en la que se había ordenado el desalojo.

Según consta en el acta, “la familia Zavaleta habita hace 27 años el predio, desde que el señor José Domingo Zabaleta llegó al lugar, por entonces Finca La Superior”. El texto de la declaración precisa que “viven de lo producido de la tierra, del pastoreo de los animales y apicultura” y que el mayor de los Zabaleta y al menos uno de sus hijos son analfabetos.

El equipo ATAJO pudo comprobar que los damnificados pusieron suficientemente en valor el terreno: desmonte del campo, nivelación de los caminos, plantación de árboles y frutales, instalación de un sistema de riego, construcción de acequias, y sensibles mejoras en las dos viviendas que hay en el lugar, entre ellas la construcción de una pileta en la cual el municipio provee de agua potable.

Además, los damnificados dejaron constancia de que durante todos esos años “han pagado todos los servicios religiosamente, inclusive había una deuda con el Departamento General de Irrigación que fue regularizada mediante un plan de pagos”.

Según lo manifestado, en el año 1990 se presentó en la finca un hombre afirmando ser el dueño de la propiedad, quien mediante engaños hizo firmar a a Zabaleta padre una gran cantidad de papeles, que sería contratos de locación a cambio de la cesión de un porcentaje de la producción, y que el locador cumplió puntualmente.

Como muchas personas de edad considerable y con pocas herramientas formales, Zabaleta padre es muy confiado, cree en la palabra de la gente, y nunca pide a sus más íntimos ayuda para realizar sus trámites.

Sin embargo, quince años después de aquella visita, los Zabaleta advirtieron que aquel hombre, de apellido Di Marco, no era el dueño de la propiedad y comenzó entonces un litigio por la ocupación ilegal del terreno. Tras contactar a una abogada, creyeron haber solucionado el problema, pero pasados diez años recibieron una orden de desalojo que daba cuenta de la inactividad que la letrada había tenido en el expediente.

Tras la perentoria intervención de ATAJO, el magistrado a cargo del juzgado provincial en Civil, Comercial y de Minas Nº 24, dictó un resolutivo mediante el cual se lo otorgó a la familia un nuevo plazo de siete días hábiles, a fin de que ambas partes arribaran a un acuerdo.

Si bien el desalojo no alcanzó a ser impedido, la mediación permitió que la familia pudiera retirar su cosecha, los animales y fertilizantes, y trasladarlos a un nuevo campo en virtud de la intervención de la organización social Unión de Trabajadores sin Tierra.