La oficina de atención móvil de ATAJO recibió en el barrio de Liniers, al oeste de la Capital Federal, el reclamo de los feriantes de la avenida Rivadavia al 11600, frente a la estación del ferrocarril Sarmiento, quienes solicitaron la intervención de la Dirección general de Acceso a la Justicia a fin de recuperar las mercaderías secuestradas durante un operativo de desalojo de 24 locales comerciales, realizado el pasado jueves 2 de marzo por agentes de la Policía Metropolitana, la Dirección Nacional de Migraciones, y funcionarios de la Dirección General de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Las actas labradas recogen los testimonios de una decena de trabajadores de comercio, quienes fueron coincidentes en sus relatos y solicitaron rescatar sus bienes a fin de continuar normalmente con su fuente de trabajo, único ingreso familiar en la mayoría de los casos.

“Trabajamos desde hace diez años, sin ningún problema, sin inspecciones de la policía, y todos tenemos en regla nuestros papeles; la mayoría estamos inscriptos en AFIP y tenemos facturas de lo que compramos para vender”, precisaron Alicia, Marcelino y Margarita Borda. Sin embargo, “recientemente cambiaron las autoridades de la comisaría 54 y un día vinieron a tomar nuestros datos personales para un relevamiento”, recordó Valeria Proenza, quien relacionó el hecho con el operativo del 2 de marzo. “Primero pasó la policía de la ciudad y nos hizo un acta contravencional, nos secuestraron la mercadería y ordenaron la clausura del local. Ahí mismo el gobierno realizó actas de intimación a los locales que estaban cerrados. Migraciones lo único que hizo fue chequear los documentos”.

Según denunciaron los trabajadores, que comercializan accesorios para teléfonos celulares y vestimenta, “durante el operativo nos secuestraron la mercadería y además de sufrir malos tratos no se realizó el detalle de lo secuestrado”.

Al menos en dos casos, quienes realizaron el procedimiento incautaron 13 bolsas de los locales identificados como chapa 12 y chapa 13; sin embargo “en la fiscalía 21 [Penal, Contravencional y de Faltas N°21, a cargo de la fiscal Celsa Ramírez] nos manifestaron que había sólo tres bolsas y una caja”.

Además del impedimento de continuar con su trabajo, los feriantes expresaron su temor “de que nos quieran allanar nuestros domicilios, como pasó en otros casos”.

Contratos del alquiler

Según detalló Katia Troncozo Muñoz, coordinadora del área de asuntos jurídicos de ATAJO, “detectamos dos tipos de casos diferentes. Mientras algunos feriantes subalquilaban sus puestos a un tercero, otros lo hacían directamente a la empresa OFSE S.A. [Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado], en tanto también advertimos que el gobierno porteño promocionaba el lugar como un paseo al aire libre”.

La empresa señalada decía alquilar los locales con las condiciones de higiene y salubridad necesarias para obtener la habilitación correspondiente y poder funcionar. Pero si bien la habilitación debían gestionarlas los trabajadores, esto nunca ocurriría porque los locales no tenían baños.

“Nosotros subalquilábamos los locales a dos personas, que tenían un contrato de permiso de uso precario extendido por OFSE, representada por Santiago Pérez Kemp, gerente de asuntos comerciales”, expresaron los feriantes, quienes adjuntaron una copia del contrato. Esa modalidad de vinculación en algunos casos data de hasta quince años. Otros señalaron que “nos hicieron firmar un contrato de comodato, pero nunca nos dieron una copia”, mientras un segundo grupo exhibió copia de un acuerdo de alquiler celebrado directamente con la empresa. El texto imponía un canon de $ 10500 por local, que los feriantes debían cancelar puntillosamente, aunque sin mediar ningún comprobante de pago.

Tras la recepción de las denuncias, la Dirección de Acceso a la Justicia cursó la solicitud de los trabajadores a la Fiscalía Contravencional y de Faltas Nº 21  respecto de la devolución de sus pertenencias, al tiempo que remitió a la Procuvin una copia de las actas, a fin de que esa área específica de la Procuración General de la Nación investigue la posible comisión de violencia institucional durante el procedimiento de desalojo y clausura de los locales. En simultáneo, ATAJO ofició a la empresa señalada y puso en conocimiento de la autoridades del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la situación por la que atraviesan las familias de los feriantes, a fin de encontrar una solución consensuada, que permita la continuidad de la fuente laboral.