15 de septiembre de 2019
15 de septiembre de 2019 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
Menu
ATAJO en Luján de Cuyo
Mendoza: un juez federal requirió al RNP que rectifique el DNI de un ciudadano víctima de un documento mellizo
Si bien ordenó archivar una investigación penal por inexistencia de delito, el juez Walter Bento alegó la condición de vulnerabilidad del denunciante para instar a que el Registro Nacional de las Personas corrija la documentación, reparando así el perjuicio ocasionado a la víctima. El caso había sido denunciado en la agencia ATAJO.

El titular del Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza, Walter Ricardo Bento, archivó una investigación penal y ordenó al Registro Nacional de las Personas que en forma urgente rectifique los asientos registrales y regularice la situación de un vecino vulnerable de esa provincia, domiciliado en Luján de Cuyo, que había denunciado la existencia de un DNI mellizo, con datos iguales a los suyos.

El caso llegó a conocimiento del juzgado tras el testimonio que la esposa del hombre dejó asentado en la agencia ATAJO de la provincia cordillerana. En su relato, la mujer denunció la existencia de un Documento Nacional de Identidad con el mismo número y asignado a un homónimo, pero con domicilio en la provincia de Córdoba.

El caso fue denunciado por la pareja del ciudadano con documentación melliza en la Agencia Territorial de Acceso a la Justicia del MPF que atiende diariamente en la periferia de la capital provincial. En su declaración, Eudocia Mendoza, de nacionalidad boliviana, aseveró que “habría una persona en Córdoba que tiene el mismo nombre, apellido y DNI que su esposo, y que esto les acarrea diversos inconvenientes a él y su familia”. La mujer agregó que debido a esta situación, su esposo radicó dos denuncias ante la justicia federal pero que “fueron archivadas por inexistencia de delito”, y que cuando su pareja quiso tramitar en el año 2014 el nuevo documento se vio impedido de renovarlo.

Tras la declaración, los operadores de ATAJO remitieron la denuncia al Juzgado Federal en turno, que dio inicio a la causa FMZ 15.528-C, caratulada “Zalazar, José Luis formula denuncia”. En simultáneo la sede central de la Dirección General de Acceso a la Justicia cursó sendos oficios al Registro Nacional de las Personas y al Registro Civil y Capacidad de las Personas de la provincia de Córdoba, pero que no alcanzaron para resolver la situación.

Según reconstruyó el juzgado federal Nº 1 de Mendoza, el ciudadano José Luis Zalazar supo de la existencia de un DNI homónimo cuando quiso obtener una tarjeta de crédito. Tiempo después, un patrón suyo, en la provincia de Jujuy, recibió una Carta Documento remitida por una persona con el mismo nombre y número de documento que Zalazar, pero domiciliada en Córdoba.

El denunciante aclaró que en 1991, cuando le fue entregado el DNI, “en la contratapa figuraba la leyenda ‘triplicado’”, a pesar de ser el único ejemplar que le habían otorgado y nunca haberlo extraviado.

Junto a su testimonio Zalazar acompañó copias de su DNI y de la partida de nacimiento, en las que constaban sus datos filiatorios y el número de documento otorgado por el RNP.

El juzgado federal, a cargo de Walter Bento, entendió que si bien surgía la existencia de una posible infracción a los artículos 292 y 296 del Código Penal, correspondía archivar las actuaciones ya que del cotejo de las huellas dactilares de José Luis Zalazar se estableció que no se correspondía con las registradas en dicho DNI. Además, el resultado positivo de las tareas de inteligencia ordenadas sobre el domicilio del denunciante demostró que allí efectivamente vivía una persona que se llamaba José Luis Zalazar, y que portaba el DNI en cuestión.

Todas estas investigaciones llevaron al magistrado a presumir que el denunciante, en razón de un error administrativo, “o de alguna otra maniobra que por el transcurso del tiempo resultaría inasequible de constatar”, se encontraría haciendo uso de un DNI que ya habría sido entregado a otra persona.

En su resolución, el juez Bento destacó el contexto sociocultural del denunciante, nacido en San Salvador de Jujuy, hijo de padres bolivianos y criado por su abuela en el vecino país, y que regresó a la Argentina recién a sus 20 años de edad, para emplearse en la construcción y residir junto a su esposa en condiciones de pobreza e indigencia en un barrio marginal del departamento de Luján de Cuyo.

Para el magistrado interviniente, “estamos ante personas de escasos recursos económicos y bajo nivel de instrucción, quienes demuestran una sustancial situación de vulnerabilidad y resultan tremendamente damnificados por los hechos denunciados”, razón por la cual “debe dársele al presentante una solución efectiva, articulándose las medidas administrativas pertinentes para rectificar” los datos obrantes en el Registro Nacional de las Personas.