En la tarde del miércoles 9 de septiembre, una quincena de docentes, psicólogos y psicopedagogos del Centro de Atención  Integral para la Adolescencia y la Niñez (CAINA), participaron de un taller sobre derechos humanos y acceso al sistema de administración de Justicia, en el marco de las actividades de vinculación con organismos estatales y comunitarios que lleva adelante el área de Formación y Promoción de Derechos de ATAJO.

La jornada se realizó en la sede del CAINA, institución que depende de la Secretaría de Niñez del Ministerio de Desarrollo Social porteño. Acompañaron a Battistuzzi, Laura Duarte y Nahuel García Gómez, del área de Promoción. A partir del día siguiente, y a razón de dos veces al mes, una delegación del ATAJO del barrio de Constitución trasladará a ese Centro para la Adolescencia y la Niñez su modalidad de atención móvil.

El taller reunió al equipo técnico y pedagógico del organismo porteño, que trabaja con niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años, que se encuentren en situación de calle. Ubicado en la avenida Paseo Colón al 1300, el CAINA es un centro de atención diurno, destinado a que los niños/as y adolescentes que trabajan, viven o deambulan en la calle puedan ir elaborando estrategias que contribuyan a que de a poco se alejen de esa situación de extrema vulnerabilidad. A las instalaciones del Centro asiste una población que ronda los 80 jóvenes, entre los turnos mañana y tarde.

“Usualmente, en la práctica los chicos necesitan reconocer e identificar determinados actores judiciales”, destacó la abogada Battistuzzi, quien explicó detalladamente cuáles son las herramientas con que cuentan los jóvenes o sus operadores (los docentes del CAINA, entre ellos), en caso de atravesar alguna situación de conflictividad con la ley penal.

Tras la proyección del video institucional de ATAJO, que ilustra la modalidad de trabajo de la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la psicóloga Laura Duarte y su compañero del área de Formación y Promoción de Derechos, Nahuel García Gómez, precisaron las competencias de ATAJO, al tiempo que explicaron que el taller era el primero de una serie de tres encuentros similares.

“Es importante  que los chicos sepan que las posibles denuncias que pudieran presentar, en algún momento dejan de ser anónimas”, expresó Lucía Battistuzzi, tras la primera (y casi excluyente) inquietud planteada por el equipo del CAINA: cómo actuar ante los repetidos casos de abusos policiales cometidos sobre la población que luego asiste al Centro.

“Nosotros derivamos a Procuvin, aunque una vez que los jóvenes son detenidos e ingresan al CAD (Centro de Admisión y Derivación), la Procuraduría de Violencia Institucional es notificada inmediatamente”, agregó Battistuzzi, quien también dejó en claro que “en ningún caso un menor de edad puede ser esposado, excepto que exista un riesgo potencial de que el menor se dañe a sí mismo”.

“¿Cómo hacemos en el caso de que los chicos sean detenidos del otro lado de la General Paz?”, preguntó una de las operadoras de CAINA. “En provincia de Buenos Aires se hace más difícil rastrear la información judicial, porque está dividida por departamentos judiciales y no está concentrada en una sola repartición, como sí sucede en el ámbito nacional”, respondió la abogada, quien no obstante valoró que “en provincia hay una ley penal juvenil, con un fuero específico, con jueces, fiscales y defensores especializados en esa población”.

Sobre la dificultad que los operadores de CAINA encontraban en la relación entre los abogados de la defensa pública y los jóvenes que tienen alguna causa penal, Lucía Battistuzzi sostuvo que “muchas veces los defensores les dicen ‘firmá el abreviado’ o ‘andá y no declares’, sin explicarles nada más a los jóvenes, que no entienden”, y si bien reconoció que los defensores oficiales son excelentes profesionales “suelen trabajar sobre la urgencia, quizás debido al exceso de tareas; pero si lo consideran necesario los chicos pueden reclamar otro defensor oficial”.

Violencia de género

La capacitación incluyó información sobre cómo intervenir ante casos de violencia de género. En tal sentido, los profesionales de ATAJO aconsejaron acudir a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que depende de la Corte Suprema, aunque para su intervención las víctimas deben residir en la Capital Federal. Según expresó una de las operadoras del CAINA, “la mayoría de los chicos que están en la calle y vienen acá, tienen su casa en el tercer cordón de la provincia de Buenos Aires”. Para el caso, sugirieron hacer las correspondientes exposiciones ante la Comisaría de la Mujer y la Familia más cercana.

En relación a delitos más complejos, como Trata de personas, fue recomendada la línea de atención telefónica 145 y la denuncia en el ATAJO, para la inmediata derivación a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), dependiente del Procuración General de la Nación.

Antes de finalizar, el equipo ATAJO destacó que los próximos encuentros podrán servir para ampliar la información y enfocarla a problemáticas más específicas, como la trata de personas, la violencia institucional y los alcances del nuevo Código Civil.