El viernes 17 de abril, una veintena de estudiantes de tercer año del turno tarde del Colegio “Domingo F. Sarmiento”, participó del primer taller, sobre un total de siete, que el Programa ATAJO realizará a lo largo del año en la tradicional institución educativa. La escuela, de la calle Libertad al 1200, en el corazón de Recoleta, fue fundada en 1892, como un anexo del Colegio Nacional Buenos Aires, y desde 1928 ocupa el esplendoroso edificio actual, de tres pisos y varias aulas. El 60 % de sus estudiantes vive en la villa 31, del contiguo barrio de Retiro.

La coordinadora de la agencia ATAJO ubicada en la villa 31, Carolina Maniowicz, y la operadora territorial de ese Programa, Lourdes Patzi Roqué, fueron las encargadas de abordar con los jóvenes la problemática de los derechos humanos y la vulneración de derechos en general.

Durante la actividad, concertada previamente con el cuerpo docente del colegio y en la que estuvieron presentes los profesores de Educación Cívica e Historia, los estudiantes se dividieron en tres grupos. En ellos, los jóvenes debían reflexionar colectivamente sobre sus derechos sociales y políticos, identificarlos y señalar cuáles de entre todos ellos no se respetan o son vulnerados en forma recurrente. El disparador del debate fue la lectura grupal de un breve texto sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

“Educación”, “Salud”, “Justicia”, “Expresión”, “Techo”, “Trabajo”, “Identidad” y “Voto” fueron los derechos claramente identificados por los estudiantes. No ocurrió lo mismo con el derecho de “huelga”, señalado confusamente como una afectación al derecho de los jóvenes a ir al colegio. “No es un derecho, porque si hay huelga no hay clases”, señaló un alumno.

La segunda parte del taller consistió en la representación dramática de todas las alternativas de un proceso penal abierto tras un accidente de tránsito. Los y las jóvenes debían actuar los diferentes roles: el imputado (el joven que manejaba el vehículo), el damnificado (otro estudiante que, sentado en el suelo, representaba al atropellado), dos testigos, una juez, el fiscal y el abogado defensor.

La actividad fue la primera de un total de siete encuentros que el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia presente en el Barrio Carlos Mugica, tiene previsto realizar a lo largo del año. Los próximos estarán a cargo de especialistas de las áreas de género, violencia institucional, y trata y explotación de personas de la Procuración General de la Nación.