03 de febrero de 2023
03 de febrero de 2023 | Las Noticias del Ministerio Público Fiscal
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El rol del programa ATAJO en la villa 20
Para reconstruir el abrazo partido
Procuvin y el programa de Acceso Comunitario a la Justicia presentaron un hábeas corpus en resguardo de los derechos básicos de los vecinos de un asentamiento de Lugano. La decisiva intervención de las agencias ATAJO en el proceso que vinculó a los habitantes más vulnerables de la ciudad con el MPF.

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) y el Programa de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal, presentaron el jueves un habeas corpus preventivo y colectivo para defender los derechos humanos de las personas en condición de extrema vulnerabilidad que se encuentran en uno de los predios del barrio “Papa Francisco-Villa 20”, sobre la avenida Fernández de la Cruz a la altura del cruce de la calle Pola, en Lugano. En el escrito, Abel Córdoba y Julián Axat responsabilizaron a la Policía Metropolitana por la delicada situación que atraviesan los vecinos, quienes ponen de manifiesto con su presencia, a la intemperie del frío y la noche, la crisis habitacional, el maltrato institucional y el olvido social que aquejan a una porción significativa de la comunidad porteña.

El acercamiento entre los funcionarios y los vecinos del asentamiento Papa Francisco se produjo debido a la tarea de intervención directa en el territorio que desde hace semanas desarrolla en la villa 20, contigua al asentamiento, la oficina del Programa ATAJO, dependiente del Ministerio Público Fiscal, y cuya responsable es la abogada Cynthia Britez.

Esta vinculación es, desde hace un tiempo, parte de una política de Estado de la Procuración General de la Nación: acercar a las víctimas del sistema socio-económico a la Justicia, para que no sean también víctimas de la institución judicial.

La villa 20 no es en el único barrio donde se encuentran estas Agencias. El programa Atajoatiende las demandas de todo tipo que formulan los pobladores de las villas 21-24, 1-11-14, 31 y 31 bis, y Barrio Mitre, en Saavedra, además de la villa 20. Pero fue en esta última barriada donde la desigualdad desplegó toda su potencia e impuso su rigor al trabajo de los funcionarios del MPF.

Estigmatización y sangre

Hace unas semanas, el ATAJO de la villa 20 recibió a los familiares de dos jóvenes muertos tras un tiroteo con la policía. El 7 de agosto, los uniformados dispararon sobre el auto en el que viajaban cuatro adolescentes. Dos de ellos murieron en el acto, otro quedó herido de bala en el pulmón y el último está preso. Según la policía, habían robado el vehículo, lo que motivó la persecución, tras la cual habrían sido los jóvenes quienes abrieron fuego y también quienes terminaron llevándose la peor parte. Los vecinos y familiares niegan la versión oficial, y aseguran que se trató de un fusilamiento.

El equipo de profesionales a cargo de la agencia de ATAJO se puso el caso al hombro, escuchó a las madres de los asesinados y acercó la denuncia al titular de la Procuvin, Abel Córdoba, quien tras su investigación preliminar señaló a los medios que “hay elementos para pensar que es un caso más de ejecución extralegal de las fuerzas policiales”.

Dos semanas después, otra joven de 18 años fue asesinada en el mismo lugar luego del robo de su cartera. La prensa, como es habitual, dedicó grandes titulares y minutos en sus soportes mediáticos para sugestionar a la ciudadanía porteña sobre el peligro latente en ese rincón desangelado de la ciudad: el cruce de Pola y Fernández de la Cruz, justo en la esquina del asentamiento Papa Francisco. Casualidad o no, dos días después de este crimen, que se sumó al de los dos jóvenes muertos dentro del auto, el Papa Francisco fue desalojado.

Abrazo partido

Ahora, igual violencia institucional. Ante los delegados del Atajo, los vecinos del asentamiento Papa Francisco, o de lo que quedó de él, relataron que no pueden salir del predio que ocupa la Metropolitana y les impiden reingresar al lugar. Esa situación agrava las condiciones de por sí precarias de la instalación. La gente no tiene agua, ni alimentos, ni siquiera un baño. Les sobra todo lo que falta: medicamentos, jabón para higienizarse, abrazos. La presencia de las brigadas policiales imposibilita hasta el contacto cuerpo a cuerpo de las jóvenes madres que permanecen dentro del vallado y sus hijos, que pasan la noche al cuidado de otros familiares extramuros. Los cuerpos de madres e hijos se arriman hasta donde la verja que los separa lo permite. Las caricias se vuelven frías como el hierro verde de la reja.

La jueza porteña que ordenó el desalojo que derivó en un violento operativo policial el sábado 23 de agosto, sólo autorizó al cura de la villa 20 a ingresar y salir del predio en litigio. Así, los vecinos que resisten la expulsión pueden recibir asistencia espiritual, pero no agua. A los ojos de la democracia, que miran a través del programa Atajo, este favor es absolutamente insuficiente.