“El acceso a la justicia no es el acceso a la jurisdicción, es el acceso al derecho a la justicia y a los derechos fundamentales”. El titular de la Dirección General de Acceso a la Justicia fue el encargado de la apertura de la jornada “Desafíos para un efectivo acceso a la justicia”, a la que asistió un centenar de personas que llenaron en auditorio principal de la sede de Perón 667 de la Procuración General de la Nación. Julián Axat compartió el panel inicial de la actividad que se extendió durante todo el día y que tuvo como protagonistas a representantes de agencias gubernamentales, de organizaciones de la sociedad civil, referentes de barrios vulnerables, trabajadores de ATAJOS y operadores del servicio de justicia.
Axat recordó que el programa “ATAJO nació hace dos años por una idea de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien siguió el ejemplo de otros ministerios públicos de la región que tienen áreas que buscan remover obstáculos”. El responsables de las agencias territoriales del MPF concluyó: “ATAJO busca ser el rostro del Estado donde el Estado no está”.
Por su parte, el defensor general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luis Duacastella, detalló que el organismo que copreside cuenta con 24 sedes de orientación al habitante y que una experiencia exitosa de acceso a la justicia fue la creación del equipo de abordaje que se creó luego del fallo Mendoza de la Corte sobre el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Además, subrayó que “el diseño de una política de acceso tiene que ser participativo”.
A su turno, el secretario letrado de la Defensoría General de la Nación Sebastián Tedeschi propuso que para facilitar a las personas vulnerables la forma de atravesar la ruta crítica del servicio de justicia, es “necesario” “un sistema nacional de acceso a la justicia para romper el excesivo burocratismo de los organismos públicos y las organizaciones de la sociedad civil”.
El director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Gustavo Maurino, puntualizó que “el acceso a la justicia funciona relacionado con las condiciones materiales de la ciudadanía”. Además, afirmó que es un “derecho esencialmente redistributivo”.
El responsable del cierre del primer panel fue el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justica Víctor Abramovich, quien subrayó que “cualquier mirada e igualdad ante la lehy significa reconocer una situación de desigualdad”. Además, recordó que “durante los años ‘90”, organismos internacionales “como el Banco Mundial” propusieron reformas procesales que buscaban la “eficacia” del servicio de justicia, sobre todo vinculada a “tiempos procesales”. Sin embargo, explicó que “el abordaje territorial” requiere de la interacción “con organizaciones de la sociedad civil”. Por último, advirtió sobre que “el desafío es la estabilidad en el tiempo, porque estas políticas políticas públicas genera expectativas”. Por último, el representante de la Procuración General de la Nación ante el máximo tribunal afirmó: “En estos últimos días, escuché que los inversores necesitan seguridad jurídica. Quienes necesitan jurídica son los pobres”.
Por la tarde, se realizaron los paneles sobre el rol de la sociedad civil y estrategias y referentes de organizaciones. En la primera mesa, fueron de la partida el director del área de Litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Diego Morales; el codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Sebastián Pilo; la directora de la Fundación Microjusticia Argentina, Alejandra Martínez, y el director ejecutivo de Techo Argentina, Virgilio Gregorini.
Por último, compartieron el cierre el sacerdote del Grupo de Curas en la Opción por lo Pobres Marcelo Ciamarella; el fundador del Comedor Carlos Mugica, Teófilo Tapia; el abogado querellante en causas por violaciones de derechos humanos Nahuek Berguier, y la coordinadora del Programa Especial para la Atención a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), María Ana Martínez.