Ayer por la mañana, en el Salón Malaver de la Procuración General de la Nación, se realizó la segunda audiencia de mediación entre partes, convocada por el Juzgado Nacional en lo Civil Nº18. El director del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, Julián Axat, presidió el acto, tal como lo resolvió el juez Guillermo Juan Blanch. El procedimiento se dio en el marco de una causa iniciada por una entidad gremial que agrupa a trabajadores de la sanidad contra los ocupantes de una vivienda ubicada en el barrio de Constitución.

La causa, que data de julio de 1995 tras una demanda interpuesta por la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) contra los vecinos que ocupan una propiedad en Humberto Primo al 2000, tiene sentencia firme en favor del sindicato, en virtud de la cual el juzgado interviniente ordenó el desalojo del inmueble. Sin embargo, y debido a la intervención de ATAJO que realizó un relevamiento de las familias ocupantes y constató sus condiciones de vulnerabilidad, Blanch decidió abrir esta instancia de mediación, para arribar a una solución lo más humana y justa posible.

La vivienda es ocupada desde hace 25 años por 14 familias, entre las cuales hay más de 20 niños y personas con discapacidades. Según alegan los vecinos, varios de ellos compraron de buena fe la propiedad, aunque irregularmente, a quien entonces manifestaba ser el dueño del inmueble, en el que funcionaba un local político partidario.

En la instancia participaron, en representación de FATSA, el abogado José Norberto Giraudo, y por los vecinos, el titular de la Defensoría Pública Oficial N°3, Héctor Copelo, quien estuvo acompañado por Sebastián Tedeschi, del área de Derechos Sociales de la Defensoría General de la Nación. Asimismo, estuvieron presentes y expresaron su opinión y el interés por resolver el conflicto, un representante por cada una de las familias que ocupan el inmueble en litigio.

Además, intervinieron Gustavo Messutti, de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat; Vanesa Wolanik, por el Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Gastón Juan, en nombre de la Defensoría del Pueblo porteño. A pesar de haber sido convocados a la mediación por el Juzgado Nacional en lo Civil, no asistieron representes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni de su área específica para este tipo de conflictos, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC). Sobre la ausencia de ambos actores estatales, Julián Axat se limitó a leer el texto de la respuesta enviada al Programa ATAJO por las autoridades del gobierno porteño, en la cual detallaron sus líneas de crédito para la compra de propiedades y las especificaciones de sus alcances, tal como aparece en los portales públicos donde difunde su información.

La audiencia

La coordinadora del equipo jurídico del Programa de Acceso a la Justicia del MPF, Katia Troncoso, hizo un resumen de la audiencia anterior y aclaró que “si bien el juez no hizo lugar a algunas medidas solicitadas por ATAJO, como intimar al GCBA a asistir, sí mantuvo la instancia de mediación”.

Si bien el apoderado de FATSA adhirió en forma personal al sentimiento de los vecinos, ratificó la decisión de no vender el inmueble, no obstante lo cual expresó que “la Federación encargó una tasación, que valuó la propiedad en 600 mil dólares”.

Según precisaron Sebastián Tedeschi, del área de Derechos Sociales de la Defensoría General de la Nación, y Gastón Juan, de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, existen antecedentes de conflictos anteriores que, mediando una suma similar y calculando la cantidad de familias ocupantes que podrían acceder a algún crédito estatal, habrían arribado a un acuerdo para la compra.

“Todo se puede preguntar”, expresó Giraudo, en relación a la consulta que volvería a hacer a las autoridades de la Federación acerca de la posibilidad de vender la vivienda. Sin embargo, aclaró: “Presumo que hay dos situaciones: por un lado lo difícil que resulta para una federación que representa a gremios de trabajadores de la sanidad de todo el país deshacerse de un bien. Y por otro, la complejidad de acceder a ese monto”. Además, el apoderado adelantó que “FATSA va a venir cada vez que se la convoque, pero eso no supone suspender los plazos procesales”.

El costo social del desalojo

La enviada del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vanesa Wolanik, remarcó “el daño que sufrirían los niños si se concretara ahora el desalojo debido a lo avanzado del año escolar. Tenemos hecho un minucioso relevamiento en este sentido, en que el colaboró el equipo del Programa ATAJO”.

Gastón Juan, en tanto, apeló a “la sensibilidad del movimiento obrero, porque los abogados a veces solemos aferrarnos demasiado a las normas”. Para la coordinadora del ATAJO de Constitución, Melina Sánchez Rincón, el caso “se inscribe en una problemática estructural: el déficit de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires y la política que en este sentido tiene el gobierno porteño”. Además, pidió al gremio de trabajadores de la sanidad, que así como se compromete con el derecho a la salud, también lo haga con el derecho a la vivienda de los vecinos.

Ante el requerimiento de Julián Axat sobre el mal estado de la propiedad, el delegado de la Secretaría Nacional de Acceso al Hábitat, Gustavo Messutti, confirmó que podrá “realizar un relevamiento habitacional y arquitectónico, pero eso no implica que vayamos a realizar las obras. Para que la Secretaría pueda hacer cualquier aporte antes los vecinos deben conformarse en cooperativa de vivienda”.

Los vecinos

Julián Axat, acompañado por Troncoso y Paula Malimacci, cargo de las relaciones institucionales de ATAJO, manifestó que “el Programa fue creado para colaborar en la garantía de que los sectores vulnerables puedan ejercer sus derechos. Así, intervino en este caso y lo hizo saber al juez, y en función de ello el juez delegó en el MPF la mediación”. Además, subrayó: “Me toca moderar para tratar de arribar a una solución lo más amistosa posible, en función de lo que establece la nueva ley orgánica del MPF”.

Esa nueva normativa, sancionada recientemente por el Poder Legislativo, le ordena al Ministerio Público Fiscal velar especialmente por las víctimas. Fue en ese sentido que Axat les cedió la palabra a los vecinos de la  propiedad en litigio, sobre quienes pesa la incertidumbre de no saber qué podrá pasar con su vivienda.

“En el IVC, se manejan con puntos, y nosotros nunca llegamos a calificar para los créditos. Estamos en situación de calle”, exclamó al borde del llanto Soledad Garay. “No somos malechores, ninguno de nosotros lo es. Pero no tenemos recibo de sueldo. Hay que ganar de 18 mil pesos para arriba y no tenemos”, señaló otro de los ocupantes, de Humberto Primo 2066.

Con su bebé de dos meses en brazos, Gisela Cabral dijo que estaba muy nerviosa. Cuando Julián Axat le preguntó en la audiencia qué esperaba para su hijo, sólo atinó a responder: “Soluciones, y que FATSA nos dé la posibilidad de comprar nuestra casa”.